Reprocha que no se compren camionetas blindadas para su seguridad
ROSALÍA BERGARA
CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Tras criticar el rechazo del Consejo de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a comprar 10 camionetas blindadas, el magistrado electoral José Luis Vargas Valdez responsabilizó al Consejo de la Judicatura Federal de cualquier atentado que pueda sufrir por emitir una sentencia electoral.
En una sesión de dicho Consejo de Administración celebrada el 23 de julio pasado, Vargas Valdez intentó convencer a los consejeros Bernardo Bátiz, Loretta Ortiz y Jorge Cruz Ramos de adquirir este tipo de vehículos para la Sala Superior, pero ante la negativa, los acusó de “irresponsables”, según un audio filtrado a medios de comunicación.
En la reunión que duró casi dos horas y media, Vargas Valdez, quien en 2010 fue designado por el expresidente Enrique Peña Nieto como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y hasta 2012 tuvo grado de subprocurador General de la República, les recriminó que su decisión de rechazar la compra por 27.5 millones de pesos para su seguridad pueda convertirlos en “mártires” ante un “atentado”.
“Yo preguntaría: ¿mi familia se tiene que quedar conforme con que a ustedes no les parece que tiene que haber una renovación de vehículos blindados?”, inquirió Vargas Valdez y siguió: “Y se los digo por una razón, yo amo mi país, amo la institución en la cual trabajo, pero no estoy dispuesto a dejar a dos hijos huérfanos. Se los digo con toda sinceridad”, señaló el magistrado que comenzó su gestión en 2016.
Y agregó: “Si ustedes no son lo suficientemente sensibles para aceptar que hay un riesgo en este país y que tomamos decisiones límite en última instancia y que nos corresponde tener esa protección del Poder Judicial de la Federación para actuar con independencia y autonomía, pues entonces, la verdad, están buscando mártires y no servidores públicos”.
Al respecto, los consejeros aludidos señalaron que los magistrados electorales no corren el mismo peligro que otros miembros del Poder Judicial de la Federación (PJF) debido a la naturaleza de su trabajo. Además, el consejero Bátiz explicó que nunca se ha aprobado una adquisición de vehículos en bloque, siempre ha sido de manera individual.
“¡Qué más quisiéramos que todo mundo tuviera, todos los jueces, magistrados, todos tuvieran una seguridad, su camioneta blindada y su protección! Pero no hay suficiente para todos, entonces hay que escoger a los que realmente corren un riesgo”, mencionó la consejera Ortiz.
En lo particular, comentaron los consejeros, Vargas Valdez no justificó el motivo por el cual requiere de una camioneta blindada nueva para realizar su trabajo, sólo replicó que las sentencias del TEPJF pueden afectar intereses de poderes económicos y criminales que, afirmó, “tienen preferencia por determinados candidatos”, lo cual podría ponerlo en riesgo de terminar acribillado.
“Yo no estoy dispuesto a acabar siendo el Pípila de la democracia y acabar, en algún supuesto hipotético, no digo que me va a pasar, porque alguno de estos actores se enoje con alguno de nosotros. Hoy puedo ser yo, mañana puede ser alguno de mis pares, acabar acribillado porque no le gustó mi resolución con independencia y autonomía”, señaló.
“El día de mañana yo ruego a Dios y toco madera, espero, que no haya un solo muerto en esta institución, pero en 2021 van a pasar muchas cosas, el poder que se va a combatir en este país va a ser absolutamente una guerra entre partidos políticos y candidatos y donde, este ambiente, en este contexto, la criminalidad sigue viva y cada vez más fortalecida”, insistió.PUBLICIDAD
En su oportunidad, el consejero Bátiz reviró que el proyecto de comprar 10 camionetas blindadas contraviene la Ley Federal de Austeridad Republicana, pero para Vargas Valdez esta normatividad no aplica al PJF y reforzó sus dichos comparándose con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el propio CJF.
“Perdón consejero Bátiz, esa no le aplica al PJF y, si no, yo diría: ¿por qué no nos hemos bajado los salarios? Bajémonos los salarios en esa tesitura y apliquemos exactamente los mismos criterios, pero no se vale aplicarla para algunas cosas sí y para otras cosas no”, reclamó José Luis Vargas Valdez.
En ese tenor, ofreció al TEPJF que se haga responsable de esta decisión ante la sociedad mexicana.
“Yo no tengo problema en correr un riesgo mediático. ¿Quieren una carta mía firmada solicitándoles esa camioneta blindada para mi seguridad? Se las presento con el dictamen de necesidad y me da igual si lo presentan a los medios para decir que yo estoy queriendo quitarle al pueblo lo que le corresponde”, admitió.
El consejero Bátiz le espetó: “Puedo decir que tengo más años en la política. Sé los riesgos que se corren en la política y en los cargos públicos que uno asume y donde sabe que existe ese riesgo. El que no quiera riesgos, pues que no entre”.
Por su parte, la consejera Ortiz sostuvo: “En un año en que vivimos una pandemia que no habíamos vivido ninguno de nosotros, que se van a necesitar recursos, sería una inconciencia, si a eso se suma la sociedad que tenemos ahorita, que es crítica, va a ser el hazmerreír decir ‘se van a comprar diez camionetas en época de una pandemia, que no se sabe cuántos recursos se van a necesitar para terminarla’.
“¡Ah! Pero eso sí, necesitan seguridad de camionetas blindadas los magistrados del Tribunal Electoral. ¡Eso yo no lo pienso aprobar bajo ninguna circunstancia y en conciencia, y yo no estoy poniendo en riesgo la seguridad de nadie!”.
Ante la postura de los consejeros, el magistrado José Luis Vargas Valdez del TEPJF pidió que en el acta de la sesión de la Comisión de Administración quedara asentado que no se aceptó esta compra por ser un tema político y formal, para que se hagan responsables de su decisión.
“Que conste en actas, que quede claro quién está tomando una responsabilidad por la vida de otros integrantes del Poder Judicial de la Federación”, indicó.
La propuesta para la adquisición de los diez vehículos blindados era que siete fueran usados por los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, dos se quedaran en reserva para sustituir a otras cuando fuera necesario, es decir, cuando se descompusieran o necesitaran mantenimiento, y una sola quedaría para uso de las salas regionales.
El polémico magistrado
En octubre de 2019, el periódico Reforma publicó que el magistrado Vargas Valdez era investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) porque detectaron movimientos irregulares en sus cuentas bancarias.
De acuerdo con la información, el magistrado cuadriplicó sus ingresos entre 2013 y 2017, recibió depósitos en efectivo, aportaciones de gobiernos estatales, y manejó cantidades millonarias en tarjetas de crédito.
En 2013, Vargas Valdez era abogado de asuntos electorales y declaró ingresos por 1 millón 791 mil pesos. En 2017, como magistrado electoral, declaró ingresos por 7 millones 270 mil 317 pesos, de acuerdo con documentos de la UIF.
El magistrado José Luis Vargas Valdez fue el autor del proyecto para otorgar una sentencia a favor de anular la elección de julio de 2018 en Puebla, cuyos resultados favorecían a la panista Martha Érika Alonso, esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, y que fue la primera mujer en asumir el cargo, pero solo durante diez días pues falleció, junto con su cónyuge, el 24 de diciembre de 2018 en un accidente aéreo.
En noviembre de ese año, dictó una sentencia conta el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya y lo multó por 16 mil 120 pesos, por supuestamente haber difamado al empresario José María Riobóo, durante el tercer debate presidencial, cuando lo señaló de mantener una ilícita relación con el entonces aspirante de Morena y actual presidente Andrés Manuel López Obrador.
José Luis Vargas Valdez es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico de México (ITAM) y maestro en Derecho Público por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Fue asesor en el Instituto Nacional Electoral (INE) de 1996 al 2000, asesor jurídico del consejero presidente entre 2005 y 2006, secretario instructor de la Sala Superior del TEPJF de 2006 a 2007 y titular de la Unidad en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional de 2007 a 2010. En 2016 asumió el cargo como magistrado del TEPJF.
