El que los montos involucrados en los casos Lozoya y Pío López no sean comparables, no quiere decir que no se deban investigar ambos
Lorenzo Meyer
Hubo un tiempo, durante la Guerra Fría, en que las derechas mexicanas usaban con liberalidad la expresión “el oro de Moscú” para explicar (e implicar) la razón de ser del Partido Comunista Mexicano y otras pequeñas organizaciones de izquierda. El financiamiento del comunismo soviético era lo que, desde la derecha, descifraba la persistencia de “ideas exóticas”, ajenas a un México que había llevado a cabo “la primera revolución social del siglo XX”.
Ahora, en la era de la globalización y lejos de la Guerra Fría, efectivamente hay oro externo para los partidos mexicanos, puede llegar de cualquier parte y no por razones ideológicas sino de negocios. Puede provenir, por ejemplo, de Brasil, y aterrizar en las arcas del PRI, como ocurrió en 2012, vía una empresa transnacional con sede en Sao Paulo -Odebrecht S.A.- y que apoyó a Enrique Peña Nieto no por razones ideológicas sino para que le permitiera luego extraer del sector público mucho más oro del que invirtió en los cohechos iniciales.
En México y en muchos otros países, los partidos políticos han buscado recursos y otros apoyos dentro y fuera de las fronteras nacionales. A inicios del siglo XIX las logias masónicas fueron proto partidos que sirvieron para organizar a la naciente clase política mexicana, reflejaron visiones encontradas respecto del proyecto para la nueva nación y buscaron respaldo interno y externo: la logia yorquina giró en torno al enviado norteamericano, Joel R. Poinsett, y las corrientes conservadoras, agrupadas en la logia escocesa, buscaron el apoyo de los empresarios españoles que se quedaron en México. Pronto, liberales y conservadores desecharon el novedoso camino electoral como medio para alcanzar y conservar el poder y optaron por el de los pronunciamientos y finalmente por el de la acción directa. Ambos recurrieron a apoyos tanto dentro como fuera del país -en Estados Unidos unos y en Europa otros. Cuando los liberales se impusieron, las elecciones siguieron sin tener importancia, de ahí la dictadura de Porfirio Díaz. Al caer Díaz en 1911 el derecho a gobernar lo volvieron a decidir las armas.
Ya entrado el siglo XX y relativamente pacificado el país, las elecciones sin contenido se hicieron rutina. Para administrarlas se dio forma a un partido de Estado que finalmente devino en el PRI y al que nunca le faltaron recursos que directa o indirectamente provinieron de las arcas públicas, de sus organizaciones sindicales y de grupos de interés privados que buscaban favores del gobierno.
Al concluir el siglo pasado, la evolución social y cultural del país aunada a los cambios en el sistema de poder internacional forzaron al autoritarismo mexicano a evolucionar y poco a poco el campo electoral adquirió vida real. El marco legal supuso que el flujo principal de los recursos para la competencia electoral dentro y entre los partidos deberían ser públicos, pero rigurosamente vigilados. Sin embargo, ese marco fue sistemáticamente violado y si bien las elecciones de las tres últimas décadas ya han sido efectivamente competidas, sus resultados han sido desvirtuados por fraudes y carretadas de dinero ilegal.
Hoy están exponiéndose y debatiéndose ferozmente en los medios y en tribunales dos casos contrastantes de dineros entregados a partidos: los millones de dólares dados por Odebrecht para la campaña presidencial priista de 2012 según la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República por Emilio Lozoya Austin ex director de PEMEX, y un video de 2015 donde Pío López Obrador, el hermano del presidente, recibe un paquete con dinero para contribuir a apoyar las actividades de un recién formado partido de oposición, MORENA, que sería el principal rival -y verdugo- del PRI. El que los montos en ambos casos no sean ni remotamente comparables, no quiere decir que no urja investigar a fondo, con rigor, a ambos.
Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, empeñado en una lucha intensa, a fondo, contra el enorme abanico de la corrupción pública mexicana, es imprescindible que se esclarezca el caso que involucra no sólo a su partido sino a su hermano. Sólo así se logrará transformar lo que hoy es un golpe duro al proyecto presidencial, pues se le presenta como un triunfo del pasado –“la corrupción somos todos”- sobre el futuro, en un ejemplo del esfuerzo por acabar con un mal que históricamente ha carcomido a la vida pública mexicana.
