A través de Lomedic y Abastecedora de Insumos para la Salud dio información falsa en contrata-ciones públicas. La multa, de poco más de $2 millones.
Elexdelegado del Bienestar en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó este lunes la inhabilitación de dos empresas farmacéuticas del exdelegado del Bienestar en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños; deberán pagar multas por falsear información al participar en contrataciones públicas. Esta investigación forma parte de una revisión que abarca a más empresas del ramo, que están en la mira de la 4T.
“La Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública ha resuelto imponer inhabilitaciones y multas a dos empresas farmacéuticas: Lomedic, S.A. de C.V. y Abastecedora de Insumos para la Salud, S.A. de C.V”, señaló la SFP en un comunicado.
Lomedic recibió una multa de más de un millón pesos y una inhabilitación por dos años y seis meses, debido a que proporcionó información falsa en diversos procedimientos de contratación convocados por los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Por su parte, la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud, S.A. de C.V. fue sancionada por su participación en una licitación pública para adquirir medicamentos y material de curación convocada por el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes y en el que de igual manera proporcionó información falsa, por lo que se le asignó una multa de un millón 51 mil 500 pesos y una inhabilitación por dos años y seis meses, por proporcionar información falsa en diversos procedimientos de contratación convocados por los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
De acuerdo con la SFP, el exdelegado del Bienestar en Jalisco sigue bajo investigación por un posible conflicto de interés.
La dependencia también subrayó que las distintas secretarías y gobiernos a nivel federal, estatal y local no deberán aceptar ni celebrar contratos con la compañía durante el lapso que marque la inhabilitación.
El ahora exsúper delegado del gobierno de la 4T en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, médico de profesión renunció en diciembre de 2019 a este cargo, luego de que la Secretaría de la Función Pública abrió una investigación en su contra por conflicto de interés y falsedad en declaraciones y presentación de documentos referentes a empresas ligadas a su nombre y adquisiciones federales.
PREOCUPA INTENTO DE COMPRAR MEDICAMENTOS SIN LICITACIÓN. El presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, expresó este lunes su preocupación por que con el pretexto de la crisis sanitaria que enfrenta México por causa del COVID-19, y con el argumento de evitar la corrupción, el gobierno federal pretenda impulsar la compra de medicamentos en el extranjero “sin licitaciones y por adjudicación directa”, lo que atentaría y pondría en peligro la salud de los mexicanos.
Frente a este panorama, Gustavo de Hoyos instó a los legisladores del país a no legislar al vapor, ya que “se pretende convocar a un periodo extraordinario, para así aprobar una propuesta parcial de reforma al artículo 1 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, misma que violaría la Constitución, Convenciones y Tratados Internacionales”.
Las adquisiciones sin licitación a agentes internacionales, generan opacidad y propician corrupción. Exhortamos a los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a rechazar un período extraordinario solo para permitir las compras directas de insumos de salud, señaló.
Asimismo, la Coparmex exigió no reformar a través de un proceso atropellado, que modifique la Ley con deficiencias y vacíos legales que lejos de arreglar el problema de medicamentos que existe en nuestro país lo empeore.
El Sector Empresarial advierte que el apresurado intento por legislar al vapor, para reformar la citada Ley, va en contra de todos y cada uno de los 10 principios propuestos por la Coparmex, mismos que provienen de las mejores prácticas internacionales, las Convenciones de las que México es parte, de los Tratados Comerciales, así como de nuestra propia Constitución.
