“¿Por qué la noche del 21 de junio la Guardia Nacional abandonó al pueblo? ¿Por qué se retiraron del lugar? ¿Por qué el Gobierno del Estado no atendió cuando solicitamos atención? ¿Quiénes no hicieron o no actuaron como corresponde para evitar esta tragedia? ¿A qué intereses políticos y económicos responden las instituciones gubernamentales que vulneran nuestra autonomía?” (Comunicado de Comunidades de San Mateo del Mar, Oaxaca, México).

El viento y el calor se mezclan en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Aquella vez que anduve por las costas pacíficas recorriendo experiencias organizativas, supe que la gente que allí habita aprende a amar el territorio desde que nace. Y que, también, ese viento sagrado y ese calor intenso son los que les dan esencia a pueblos cargados de luchas y de historia.

El istmo es un lugar energético muy fuerte. A lo largo de los caminos, los sembradíos de mango abundan y el agua dulce de los ríos que lo atraviesan hacen que todo crezca. La pesca artesanal en el mar, la enorme biodiversidad de pájaros, las fiestas comunitarias, son pistas que permiten adivinar un lugar en armonía entre los distintos seres que lo habitan. Hoy, eso convive con los intereses de empresas transnacionales y autoridades estatales que buscan lucrar y despojar de sus tierras a los pueblos indígenas y campesinos. San Mateo del Mar es un pueblo que se encuentra en el istmo. Allí, 15 personas pertenecientes al pueblo indígena ikootjs fueron asesinadas en una masacre suscitada por un grupo armado el domingo 21 y lunes 22 de junio pasados. La Unión de Agencias y Comunidades Indígenas ikootjs señaló como responsable al presidente municipal de la localidad, Bernardino Ponce Hinojosa, y a su asesor, Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez.

La masacre al pueblo Ikootjs de San Mateo del Mar “no es un conflicto interno o poselectoral, como lo considera el presidente Andrés Manuel López Obrador”, afirmaron desde la Preparatoria Comunitaria José Martí, de Ixhuatán, comunidad vecina a San Mateo del Mar. En un comunicado, dejan en claro que el origen de la matanza está en la negativa de las asambleas comunitarias a la implementación de megaproyectos que, actualmente, se circunscribe al megaproyecto del Corredor interoceánico y, particularmente, el de las empresas Femsa Coca-Cola, Mareña Renovables y Eólica del Sur. Sus intenciones: instalar parques eólicos en la zona con alrededor de cinco mil generadores, lo que implicaría un cambio consustancial en las comunidades que viven en el istmo.

El caso de San Mateo del Mar no es un conflicto interno entre comunidades ni entre agencias, como difundieron las voces oficialistas de gobierno, sino que se trata de un ataque de un grupo armado, de un agente externo y empresario, con intereses económicos y políticos sobre la comunidad y el territorio. Desde la Alcaldía constitucional de San Mateo del Mar, denunciaron que pasaron dos meses desde que el “grupo criminal comandado por Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez y el presidente municipal Bernardino Ponce Hinojosa arremetieron contra el pueblo de San Mateo del Mar. Desde el pasado 3 de mayo, irrumpieron quemando casas, hirieron personas y asesinaron al suplente del Agente Municipal de Huazantlán de Río. Hasta la fecha, la comunidad continúa sin seguridad, por lo que las acciones de violencia siguen y, lamentablemente, han fallecido más ciudadanas y ciudadanos ikootjs. El gobierno sigue ausente”.

Este grupo armado tiene intereses de controlar el territorio por su ubicación estratégica, además de quedarse con 60 millones de pesos del recurso municipal, afirmaron en el comunicado de la Alcaldía único constitucional de San Mateo del Mar, que nuclea a las comunidades autónomas indígenas. Allí, denunciaron que quieren desplazar la forma tradicional indígena de elección de gobierno en el municipio: “En su lugar, impusieron la forma de planillas, abriendo el camino para que se vulnere la asamblea y se permita la compra de votos a cambio de dinero o despensas, aprovechándose de la pobreza y la necesidad de nuestra gente más vulnerable”. Dado a que las últimas autoridades municipales desconocieron el sistema de elección de gobierno por usos y costumbres (Sistema Normativo Interno), el pueblo ikootjs alzó la voz y “desde el 20 de enero, 19 de febrero, 10, 11 y 12 de marzo del presente año, las autoridades con Actas de Asamblea en mano, se presentaron ante la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca para solicitar la urgente intervención para atender el tema político”. Estas peticiones nunca fueron atendidas por parte de ninguna institución gubernamental.

En asamblea, se establecieron acuerdos para suspender eventos sociales y ceremoniales, se acordó la instalación de un filtro sanitario para evitar contagios por la Covid- 19, con la finalidad fortalecer el cuidado de las familias dentro de las comunidades del municipio.

El 2 de mayo, “algunos ciudadanos, entre ellos, el Agente de Santa Cruz, no respetaron los acuerdos de la asamblea y, con el respaldo del presidente Bernardino Ponce Hinojosa, generaron un ataque a la comunidad, quemaron casas de las autoridades y la oficina de la Agencia Municipal, atacaron con armas de fuego la oficina de la Agencia de la Colonia Juárez, golpearon a los policías y autoridades tradicionales del lugar, en la Colonia Costa Rica quemaron dos casas más, una fue la casa del agente suplente”.

Desde el 3 de mayo, de forma reiterada, las comunidades solicitaron la intervención de la Secretaría General de Gobierno (Segego), la Secretaría de Seguridad Pública, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros entes gubernamentales y no gubernamentales. “Sin mayores acuerdos, los órganos de seguridad nos manifestaron que no tenían la capacidad técnica de cubrir la seguridad en la comunidad de forma permanente”, aseguraron en el comunicado.
El 21 de junio, para establecer la seguridad y llevar a cabo una ceremonia póstuma a la autoridad asesinada el 2 de mayo, se programó una asamblea en una comunidad cercana a la de San Mateo del Mar, ya que el espacio tradicional estaba tomado por el grupo armado que luego perpetró el ataque.