La clave: que aporte datos que funcionen para procesar a otros por delitos más graves como delincuencia organizada. ONG demandan que proceso sea transparente y las audiencias totalmente públicas.
Por Arturo Angel y Alberto Pradilla
Emilio Lozoya Austin está dispuesto a colaborar. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el exdirector de Pemex aceptó su extradición y quiere aportar información sobre los posibles fraudes en el sexenio pasado. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo confirmó. Sus abogados defensores, que estaban dispuestos a pelear, dejaron hace un mes el caso.
Pero ¿qué significa lo anterior? ¿Lozoya puede quedar libre o puede alcanzar una pena reducida? ¿Cuál es el procedimiento, cuáles son los escenarios y que condiciones tiene que cumplir el exfuncionario priísta para ello?
Expertos y autoridades consultados por Animal Político detallaron la ruta y opciones del caso a partir de lo que marcan las leyes. El paso inicial será completar el trámite de extradición en España para luego dar continuidad al proceso ante jueces federales en México.
Hay un elemento clave en todo el proceso: la información que el exdirector de Pemex pueda aportar, junto con evidencias, para proceder en contra de exfuncionarios de mayor rango por delitos más graves. De ello dependerán los beneficios a los que Lozoya y sus familiares accedan, que podrían llegar incluso a la liberación de este.
Por su parte las organizaciones TOJIL: Estrategia contra la Impunidad y Transparencia Mexicana, que ha dado seguimiento a casos de corrupción de alto impacto como los desvíos con empresas fantasma en el gobierno de Javier Duarte en Veracruz y la Estafa Maestra, consideraron fundamental que el proceso en contra de Lozoya sea transparente y que las audiencias que se lleven a cabo sean públicas.
“Si se concreta un posible acuerdo este debe de ser público y todos tenemos que conocer los alcances. Y no con acuerdos bajo la mesa como pasó con Duarte” dijo la cofundadora de TOJIL, Estefanía Medina.
El contexto: los cargos contra Lozoya
Como Animal Político detalló a fondo en esta nota existen dos órdenes de aprehensión giradas en contra de Lozoya que dieron pie a la solicitud de extradición.
La primera, por el delito de lavado de dinero, está relacionada con la compra irregular de plantas de fertilizantes chatarra que hizo Pemex en su gestión. De acuerdo con la carpeta de investigación el exfuncionario recibió de la empresa Altos Hornos de México sobornos que ascenderían a 3.4 millones de dólares para que se concretara la compra.
Por este caso la FGR también procedió en contra de la hermana del exfuncionario, Susana Lozoya, actualmente prófuga, y de Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos, y quien sigue bajo proceso de extradición en España.
La otra orden está relacionada con los sobornos que Odebrecht pagó en México para la obtención de contratos el sexenio pasado, y que en el caso de Lozoya ascenderían a 9.15 millones de dólares. Los delitos que se imputan en este caso, además de lavado, son cohecho y asociación delictuosa.
Esta orden de arresto también se giró contra la madre de Lozoya, quien actualmente está en prisión domiciliaria, así como contra su hermana, su esposa y una corredora de bienes raíces, todas ellas prófugas.
Primer paso: completar la extradición
Aunque la FGR anunció oficialmente que el exdirector de Pemex aceptará la extradición, aun hay un proceso diplomático-judicial que hay que concluir en España, país en el que fue detenido desde el pasado 12 de febrero.
Fuentes de la Audiencia Nacional de España explicaron que Lozoya presentó el escrito aceptando la extradición ante la Sala de lo Penal del tribunal. Con este documento inicia su proceso de regreso a México. Ahora, el caso está en la sección segunda, que está integrada por los magistrados Fernando Andreu, José Ricardo de Prada y José Antonio Mora. Ellos tendrán que decidir, estudiando el convenio de extradición entre México y España, cómo se lleva a cabo el proceso.
Hay dos opciones: que la extradición se haga de forma simplificada o por la vía ordinaria. La primera de las opciones haría que Lozoya sea devuelto sin que su caso sea analizado por el Consejo de Ministros. En caso contrario, sería el órgano de gobierno presidido por Pedro Sánchez quien determinaría si procede o no la devolución.
En realidad, teniendo en cuenta que Lozoya ya ha aceptado ser expulsado a México para colaborar con la justicia, estos deberían ser trámites administrativos sin demasiadas sorpresas y todo el procedimiento no debería concluirse en menos de un mes.
La Audiencia Nacional es un tribunal español que trabaja desde 1977. En su jurisdicción entran casos especiales como terrorismo o redes de narcotráfico, así como las demandas de extradición formuladas por otros países.
A la espera de que las autoridades decidan, Lozoya se encuentra en el Centro Penitenciario Madrid IV, ubicado en Navalcarnero, 32 kilómetros al suroeste de Madrid. La prisión fue construida en 1992 y tiene 750 celdas y otras 113 complementarias.
En su interior hay gran rotación de presos ya que se trata de una de las cárceles en las que se internan tanto a presos que están en cumplimiento de pena como a persona en situación de prisión preventiva y que tienen algún juicio pendiente en la Audiencia Nacional o en juzgados de Madrid.
En México: el arranque del proceso
Una vez que el trámite quede completado un avión oficial mexicano trasladará a Lozoya a México. Apenas descienda de la aeronave, los médicos legislas verificarán su estado de salud y se procederá con su traslado inmediato al Reclusorio Preventivo Norte, donde se encuentran los jueces federales que concedieron las órdenes de captura.
Tras una nueva revisión de salud, está ya bajo vigilancia judicial, Lozoya será presentado en audiencia pública ante un juez de control para que se revise si la detención fue legal y entonces se proceda con la imputación inicial. Dependerá de la FGR decidir si primero se presentan los cargos por el caso Odebrecht o el de Altos Hornos. Con independencia de lo anterior se tendrá que llevar a cabo una audiencia por cada caso.
Una vez formulada la imputación, Lozoya y sus abogados podrán definir si quieren que el juez defina en ese momento si se le vincula o no a proceso, o si en su defecto solicitan un plazo de 72 horas que puede extenderse hasta 144 horas. Es previsible que, tomando en cuenta la intención de colaboración que existe, el exfuncionario priísta decida no combatir ni retrasar dicha vinculación.
La fase inicial del proceso penal en contra del exdirector de Pemex concluirá cuando el juez vincule a proceso a Lozoya, defina un plazo de investigación complementaria que puede ser hasta de seis meses, y determine la medida cautelar que le será impuesta y que, según los especialistas, tendrá que ser la de prisión preventiva justificada debido a que se dio antes a la fuga.
La cooperación, condiciones y beneficios
De acuerdo con los especialistas, el momento en que Lozoya podrá colaborar a fondo con FGR y buscar los beneficios es en el lapso de la investigación complementaria, previo a que llegue el momento en que los fiscales presenten la acusación formal para ir a un juicio oral.
Uno de los escenarios, el más conveniente para el exdirector de Pemex, es tratar de obtener lo que legalmente se denomina: criterio de oportunidad. Consiste en volverse una especie de “testigo colaborador” de la fiscalía con el objetivo de que el Ministerio Público se desista de proceder penalmente.
Pero para que ello ocurra existe una condición establecida en la fracción V del artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que consiste en que el imputado (Lozoya) “aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio”.
Los abogados consultados detallaron que la “eficacia” de esta información se traduce en que venga acompañada de elementos que permitan al Ministerio Público proceder contra otras personas (idealmente de mayor rango jerárquico que el imputado) y solicitar órdenes de aprehensión en su contra.
¿Qué tipo de pruebas pueden ser las que aporta el exfuncionario? Casi forzosamente su declaración judicial con todas las ampliaciones que sean necesarias en donde implique a otros responsables, además de documentos y todo lo demás que resulte útil en el proceso y que sustenten sus dichos.
Otro requisito es que en la medida de lo posible se repare el daño, por ejemplo, a través de la devolución de recursos o de propiedades.
Si Lozoya logra adquirir el criterio de oportunidad, la FGR entonces optaría por retirar en una audiencia intermedia la acusación en contra de Lozoya, lo que significaría su libertad.
Si el exdirector de Pemex no cuenta con este tipo de información podría optar por otra ruta de negociación que lo lleve a un “proceso abreviado”. Se trata de un juicio exprés en el que el imputado acepta declararse culpable a cambio de obtener una pena reducida y sin llegar al juicio oral. Este fue el procedimiento con el cual Javier Duarte fue condenado a 9 años de prisión por lavado de dinero.
Dicho procedimiento requiere forzosamente que la FGR de su aprobación y para ello los fiscales deberán valorar si la información que aporte Lozoya pudiera ser útil en una indagatoria posterior, y de esta forma sacrificar una condena que podría ser mucho más alta.
¿Cómo se usaría el testimonio de Lozoya contra otros?
Los expertos consultados detallan que hay dos formas en las cuales Lozoya puede ser usado como testigo en contra de otros procesados por delitos más graves.
La primera es que antes de que quede en libertad (si es el caso) se pida a un juez una audiencia de “prueba anticipada”. En dicha audiencia Lozoya declararía en calidad de testigo ante el juez. La declaración quedaría videograbada y formalmente judicializada para ser usada posteriormente.
Y la segunda opción es que luego de su liberación, Lozoya sea trasladado a una casa de seguridad con la finalidad de que esté localizable y además protegido de cualquier intento de agresión en su contra, hasta el momento en que sea requerido para testificar en el eventual juicio contra los implicados por delitos más graves.
¿Qué pasa con los familiares?
Los especialistas señalaron que jurídicamente no existe una fórmula a través de la cual los beneficios que Lozoya obtenga por colaborar con las autoridades cancelen las órdenes de aprehensión en contra de su hermana o su esposa, o el proceso ya iniciado contra su madre.
En todo caso, lo procedente es que ellas busquen también una colaboración. Otra posibilidad es que haya una negociación extrajudicial que lleve, por ejemplo, a la cancelación de las órdenes de aprehensión. Pero eso deberá ser justificado y fundamentado ante un juez por parte de los fiscales.
Transparencia en riesgo
Por regla las audiencias en el proceso penal acusatorio, como todas las que tendría que enfrentar Emilio Lozoya, son públicas. Es decir, tienen derecho a presenciarlas no solo las partes involucradas sino las personas que asistan y deseen entrar a las salas de los juzgados.
Sin embargo, debido a la contingencia sanitaria, el Poder Judicial de la Federación ha restringido por tiempo indefinido el acceso al público a las audiencias. Se han habilitado sistemas en línea para la realización de algunas, pero tampoco hay conexión para el público.
Las organizaciones TOJIL: Estrategia contra la impunidad y Transparencia Mexicana, que han dado seguimiento a los procesos judiciales en casos de corrupción, señalaron ayer en un comunicado conjunto que el caso Odebrecht es un asunto de corrupción de “interés nacional”, por lo que el Poder Judicial está especialmente obligado a garantizar que la publicidad se cumpla.
“La publicidad del caso es fundamental. Se trata de vigilar que se lleve a cabo un adecuado procedimiento y evitar irregularidades como la sucedida en el caso de Duarte: que se hagan arreglos entre la fiscalía y Lozoya que no nos lleven a saber qué ocurrió y donde se pida una sanción que no sea equiparable a lo que se le imputa. Es claro que puede haber corrupción dentro del procedimiento penal” dijo Estefanía Medina en entrevista.
FUENTE ANIMAL POLÍTICO
