Ciudad perdida
Miguel Ángel Velázquez.D
entro de una semana, más o menos, se cumplirá un año de otra de las burlas que en los sexenios del apogeo neoliberal se hicieron de México, y ya que ahora se habla de cómo los ex presidentes hicieron del país su gran negocio, vale la pena tener en cuenta que algunos de esos negocios, a los que se les declaró ilegales, hoy gozan de cabal salud.
Empecemos con la famosísima naviera Oceanografía, que surca los mares de la impunidad acusada de un supuesto desfalco en contra de Citibanamex por 500 millones de dólares, pero con banderas desplegadas.
Para no confundirnos, habrá que recordar que esta empresa es otra más que vivió a expensas de Pemex: le vendía transporte y reparación de los pozos petroleros, hasta que fue acusada de utilizar facturas falsas para ganar créditos bancarios. En cinco diferentes países hubo transacciones en las que funcionarios y empresas se vieron mezclados con las operaciones de Oceanografía.
Este, que debería ser considerado, si no es que ya así se le conoce, como uno de los mayores fraudes en su tipo, según los expertos, hoy no tiene culpables. La empresa ya está en manos de su dueño, Amado Yáñez, y los hermanos Bribiesca, hijos de la segunda esposa de Vicente Fox, a quienes se acusó de manejar algunos contratos de la empresa, no tienen culpa, pero los daños que se hicieron a Pemex y al país durante los sexenios de Fox y Calderón, periodo de grandes ganancias para la naviera, no han quedado resueltos.
Pero no es todo, en el mapa de las desvergüenzas aparece, resaltado, el nombre de la empresa Iberdrola, que se convirtió en una de las más importantes desde que Felipe Calderón fungía como secretario de Energía en la administración de Fox.
Según algunas fuentes consultadas, desde ese lugar en la administración Calderón formó un grupo donde resaltaban los nombres de Juan Camilo Mouriño y Dionisio Pérez Jácome, al que se señala como el que otorgó a la española Iberdrola los permisos para generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica.
Era el principio del milenio y la Auditoría Superior de la Federación manifestó que los permisos que había otorgado la Secretaría de Energía eran ilegales, pero eso era una cuestión de ley que en nada podía frenar el impulso de privatización que ya se tenía. De esa forma, cuando menos en esos dos casos, ni la ley ni el interés por el país fueron factores importantes.
Está claro que en México la ley dice una cosa y los hechos otra muy diferente. Nada ni nadie por encima de la ley, sí, ¡qué bueno! Lo malo es que la ley está podrida por dentro.
De pasadita
Es urgente que el gobierno de la ciudad obligue a las empresas que alquilan escúters eléctricos, bicicletas y otros artefactos de ese tipo a contratar un seguro de vida para los usurarios. Si se persiste en la necedad de dejarlos circular, por lo menos se deberán tomar todas las precauciones posibles para evitar accidentes leves o de consecuencias funestas.
Cada día se vuelve más conflictivo circular por algunas calles de la ciudad debido a que quienes viajan utilizando esos nuevos artefactos no respetan ningún ordenamiento. El lío crece y mientras en el Congreso parece que nadie quiere poner orden, las calles se han vuelto un caos difícil de sortear.
Es muy probable que la inexperiencia del secretario de Movilidad, Andrés Lajous, fantasee con los beneficios de este tipo de vehículos para el medio ambiente, pero lo cierto es que cada vez hay mayores problemas en las calles entre usuarios de unos y otros artefactos. Esta ciudad tiene verdades, habrá que descubrirlas, estudiarlas y aprenderlas si se quieren obtener buenos resultados, o ¿alguien supuso que el monopolio de la verdad sólo está en la academia? Aguas.
