Los registros catastrales mostrados por supuestos dueños de 617 hectáreas en San Miguel Xaltocan no acreditan su legal posesión, indicó

24/07/2020 06:15  ANDRÉS BECERRILCOMPARTIR SÍGUENOS  

El lunes pasado, en Palacio Nacional se presentaron avances de las obras.

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CIUDAD DE MÉXICO.

Para la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), las 617 hectáreas que prevé entregar a comuneros de San Miguel Xaltocan no están sujetas a ninguna negociación.

Estela Ríos González, directora de Propiedad Rural de la dependencia, afirmó que, si un juez concede un amparo a quien reclame la propiedad de los predios aledaños a Santa Lucía, la entrega de terrenos se frenaría de forma automática.

Excélsior dio a conocer el miércoles que la Sedatu cedería terrenos que tienen dueños, pues uno presentó una lista con nombres de 19 propietarios y un plano catastral de predios.

La funcionaria reconoció que se encontraron claves catastrales durante la investigación para determinar si dichas tierras tenían propietarios y poder hacer la declaratoria de terrenos nacionales.

Sin embargo, a pesar de que se publicaron edictos para darles derecho de audiencia sobre el proceso, nadie compareció. “La situación es que los registros catastrales no acreditan la propiedad, no son el medio legal para acreditar la propiedad”, dijo.

Sedatu no negociará terrenos de Xaltocan

Estela Ríos, directora de Propiedad Rural de esa secretaría, dijo que el gobierno es respetuoso de la propiedad privada y social y a quien acredite pertenencia de esas tierras se le entregarán, lo que impediría incumplir el compromiso con los comuneros.

Las 617 hectáreas de San Miguel Xaltocan, que la Sedatu contempla entregar a 722 comuneros de ese poblado indígena, no están sujetas de ninguna negociación, afirmó la directora de Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Estela Ríos González.

La afirmación de la funcionaria federal fue hecha en el contexto de la aparición de un grupo de personas que reclama la propiedad de esa extensión de tierra con documentos que datan de hace más de medio siglo y que esa secretaría declaró como terrenos nacionales, el 26 de abril de 2019.

Ríos González afirmó que si un juez concede un amparo a cualquiera de las personas que reclaman la propiedad del predio aledaño a donde se construye el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, la entrega de 617 hectáreas a los comuneros se frenaría de forma automática.

En la edición del miércoles pasado, Excélsior, de Grupo Imagen Multimedia, publicó que la Sedatu cedería terrenos que tienen dueños. Una persona que reclama la propiedad de uno de los terrenos de Xaltocan presentó una lista con nombres de 19 propietarios y un plano catastral delimitando los predios.

“Si en un momento dichas personas acreditan ser propietarios ante la autoridad judicial competente, se respetará la decisión de la autoridad judicial. Nosotros somos respetuosos de la propiedad privada y social, y actuaremos conforme nos ordene la autoridad judicial”, dijo Ríos González.

Y puntualizó: “el caso es que estas personas aparecen ahora, entiendo por razones obvias, creo que de su parte está bien, lo que no me gusta es que quieran sorprender con que son propietarios; hacen valer unas escrituras públicas que no presentaron en el procedimiento de deslinde”.

La directora de Propiedad Rural de la Sedatu reconoció que durante la investigación hecha por la dependencia para determinar que no había propietarios de esas tierras y poder hacer la declaratoria de terrenos nacionales, que se registró el 26 de abril de 2019, se encontraron claves catastrales.

“Como se tuvo información de registros catastrales, para garantizar su derecho de audiencia respecto de esa superficie se publicaron edictos para hacerles saber del procedimiento, se desconocía el domicilio de ellos y por ello el viernes 10 de agosto y 17 de agosto de 2018 se hicieron publicaciones de edictos para no dejarlos en estado de indefensión. No compareció nadie. Y con base en eso se actuó”, dijo la funcionaria.

Mencionó que “sí se analizó el tema de los registros catastrales tal y como se expresa en la declaratoria. La situación es que los registros catastrales no acreditan la propiedad, no son el medio legal para acreditar la propiedad”.

Añadió que sí se tenía conciencia que había personas con registros catastrales en el lugar, poseedoras, no propietarias, porque hubieran sabido del movimiento. “si aparecieron esos registro, pero no comparecieron a defender sus derechos. Pudieran dar la presunción de que son poseedores de esos terrenos y por tanto pagan sus contribuciones, ese no es el elemento jurídico para acreditar la propiedad”.

Mencionó la funcionaria de la Sedatu que, de acuerdo con los informes que rindió el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) y el Registro Agrario Nacional (RAN), no aparece que haya habido registrada una propiedad respecto de esa superficie.

Sostuvo que el plano presentado por uno de las personas que reclama propiedad de uno de los terrenos, se trata de un plano que se ocupó en un juicio que emprendieron los comuneros de Xaltocan para que se les otorgara esos terrenos como bienes comunales, “no prosperó (el juicio) pero no implicó el reconocimiento de propiedad privada de esas personas. Es informativo, no da fe de la verdad de los hechos”, aseguró Ríos González.

La directora de Propiedad Rural añadió que en el supuesto caso de que el proceso de cesión de tierras nacionales siga adelante, “se hará la investigación de quién es el poseedor.

“En realidad —sigue la funcionaria federal —, hay que señalar que esta declaratoria (de tierras nacionales) tiene efectos declarativos, no constitutivos de propiedad, simplemente se está diciendo que es terrenos nacional.

“En caso, y si hay oposición, y los señores acreditan ante la autoridad judicial que son los propietarios, nosotros acataremos lo que resuelva la autoridad judicial; ciertamente nosotros no podemos revocar esa decisión porque es un acto válido, la presunción de validez lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo.

“Pero si ellos en vez de litigar en los medios litigan ante las autoridades judiciales y ganan, nosotros vamos a reconocer esos derechos y se los haremos saber a los poseedores para que actúen en consecuencia. Seguramente los comuneros, como los presuntos propietarios, sabrán qué hacer en caso de que la declaratoria de terreno nacional quede sin efecto”, indicó Ríos González.

Lo que se estima es que si se comprueba propiedad privada a algunos de quienes manifiestan que les pertenecen desde hace más de medio siglo esos predios, habrá un conflicto social entre los comuneros que han sido poseedores de esas tierras y quienes se constituyan legalmente como dueños. Con un ingrediente más, la cercanía con la obra del aeropuerto General Felipe Ángeles.

A pregunta expresa de si se puede dar marcha atrás a la declaratoria del 26 de abril de 2019, la funcionaria dijo: “Si una autoridad judicial determina que así es, sí”.

Y mencionó lo que procedería con las 617 hectáreas, en comparación con el predio de 128 hectáreas donde se construye el aeropuerto, que, de ser procedente el amparo, se expropiaría y se pagaría una indemnización al dueño que está amparado.

 “Aquí el tema es distinto a las 128 hectáreas; aquí no habría que pagar ninguna indemnización; se deja sin efecto la declaratoria, se les restituiría la propiedad.

“Nosotros, en ese caso estaríamos analizado los documentos para determinar si efectivamente son propietarios. Porque hay que entender que en principio el dueño original del territorio es la nación; es la que entrega a los particulares, parte de su territorio. Si así fue originalmente, nosotros lo respetaremos, esa es una posibilidad y volveríamos a dictar,  si procede o no declararlo terreno nacional, esa es una posible vía.

“La otra es que alguna autoridad judicial diga ‘sí reconóceles que son propietarios’; se reconoce que son propietarios y no hay más; podrán ejercer los actos de dominio que estimen pertinentes. No hay obligación de pagar indemnización alguna, porque estos terrenos no se han entregado, no se han titulado formalmente a  los solicitantes, está en proceso”, señaló la funcionaria.

Ríos González señaló que, de haber un amparo en el caso de las 617 hectáreas, el proceso de titulación social en favor de los 722 comuneros de Xaltocan “legalmente tendría que suspenderse. Lo que suelen hacer lo jueces cuando se interpone un amparo es ordenar la suspensión. Sí tendríamos que hacerlo porque no podríamos titular hasta en tanto no validáramos la declaratoria de terreno nacional”.

La directora de Propiedad Rural de la Sedatu insistió en que los 722 comuneros son los poseedores y que “deja como duda que los señores se dicen ser propietarios con base en unos documentos que no se conocen. Los solicitantes de la comunidad han sido poseedores, ellos, sus abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, sus choznos, porque esa posesión la han tenido, inclusive nos mostraron un documento anterior a la Conquista y en la Colonia pelearon el reconocimiento de esos bienes, no se tiene conocimiento de cuál fue el resultado de esa batalla jurídica que dio esa comunidad. Eso es lo que permite concluir que son terrenos nacionales, y por ello optaron por la vía de que se estimaran terrenos nacionales, que no habían salido del dominio de la nación y los reclamaron en su carácter de poseedores de esos terrenos y de esa superficie; esa es la razón por la que también se implementó la consulta indígena (del 10 de marzo de 2019), en última instancia espero que todo se resuelva de buena manera, pasaría a convertirse en un conflicto no de la Sedatu con estos propietarios y no podría cumplir con lo comprometido con estos comuneros, sería un conflicto jurídico que tendría que resolverse entre los posesionarios efectivos y los presuntos propietarios”.