«Ley y orden», declaró Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter poco después de que se conociera la decisión del Tribunal Supremo de dar vía libre a las ejecuciones.
El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevó este martes a cabo la primera ejecución de un convicto por delitos federales en 17 años, apenas seis horas después que el Tribunal Supremo anulara la objeción de una jueza al procedimiento usado en la aplicación de la pena capital.
Las autoridades en la prisión federal de Terre Haute (Indiana) ejecutaron a Daniel Lewis Lee, un exsupremacista blanco condenado en 1999 por la tortura y asesinato en 1996 de los tres miembros de una familia, cuyos cuerpos arrojó a un lago en Arkansas.
«He cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino», dijo Lee en su declaración final. «Están matando a un hombre inocente», agregó.
En respuesta a la apelación de cuatro condenados a muerte, la jueza federal de Washington Tanya Chutkan había emitido el lunes un dictamen indicando que el nuevo protocolo para la ejecución de la pena capital probablemente viola la Octava Enmienda de la Constitución.
Dicha enmienda establece que a los presos no se les puede someter a «castigos crueles o inusitados».
La magistrada aseguró en su fallo que había pruebas suficientes de que el fármaco letal empleado en la ejecución, el pentobarbital, «produce sensaciones de ahogamiento y asfixia» y causa «dolor extremo, terror y pánico».
Los tribunales estadounidenses habían puesto bajo revisión el nuevo protocolo para las ejecuciones federales, en las que ahora se debe emplear solamente el pentobarbital, en lugar de la combinación de varios fármacos que se usaba antes, y que ha dado problemas y provocado macabros episodios de intentos fallidos.
Esta era la segunda vez que la magistrada de la capital estadounidense emitía un fallo sobre el asunto, después de que en noviembre pasado rechazara ya las ejecuciones por este procedimiento, una decisión que posteriormente fue revocada por un tribunal de apelaciones.
El pasado 29 de junio, el Tribunal Supremo se había negado a bloquear la ejecución de cuatro presos de cárceles federales que están programadas para este mes y para agosto, la primera de ellas la de Daniel Lewis Lee.
El fiscal general de EE.UU., William Barr, ordenó el año pasado al Buró Federal de Prisiones que reanudara el programa de ejecuciones.
La última ejecución federal antes que la de Lewis Lee había tenido lugar en 2003 y actualmente quedan 61 presos condenados a la pena capital por el Gobierno federal, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés).
Entre ellos figuran el condenado por los atentados del maratón de Boston de 2013, Dzhokhar Tsarnaev; y Dylann Roof, sentenciado a muerte por el asesinato de nueve feligreses afroamericanos en una iglesia de Charleston, en Carolina del Sur, en 2015; aunque ambos se encuentran en el proceso de apelación legal.
La reanudación de la aplicación de la pena capital federal contrasta con la tendencia registrada en EE.UU. en los últimos años, con la reducción progresiva de las ejecuciones, cada vez más concentradas en los estados conservadores del sur del país.
De hecho, varios estados han abolido recientemente la pena de muerte, hasta llegar a los 22 de los 50 que tiene el país.
El último fue Colorado, que la suspendió en marzo.
Después de que el Gobierno de Donald Trump anunciara la vuelta de la pena capital a nivel federal, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) criticó la decisión al asegurar que el Departamento de Justicia está «de nuevo en el lado equivocado de la historia».
«El sistema federal de la pena de muerte no funciona y es racista, inefectivo y cruel (…) y esta decisión nos devuelve el país décadas atrás», afirmó en un comunicado.
El DPIC, que recopila información sobre la pena de muerte, aseguró que «desde 1973 más de 160 personas que fueron acusadas erróneamente y condenadas a muerte en EE.UU. han sido posteriormente exoneradas».
