El acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Tamaulipas, que faculta a los municipios a llevar a cabo la aplicación de infracciones económicas, administrativas o llamados de atención, para hacer cumplir medidas preventivas contra el COVID, es una medida que quedó a criterio de las autoridades de cada ayuntamiento, en ese sentido ningún alcalde ha hecho uso del procedimiento de multas, la excepción es el de Victoria, Xicoténcatl González.
Municipios con mayores problemas de COVID como son los fronterizos no lo han puesto en práctica. Nuevo Laredo, Matamoros, y Reynosa, de igual forma Tampico y Madero siguen trabajando con el exhorto y llamados de atención, en el patrullaje nocturno incluso siguen a los vehículos hasta el retorno a casa.
Por otra parte la falta de autoridad moral del alcalde Xicoténcatl González Uresti le ganó el repudio social al implantar el sistema de multas por faltar a medidas preventivas del COVID-19. En cuanto se supo de las infracciones por circular en horario nocturno o por no usar el cubre bocas surgió una ola de protestas en las redes para imponer en reciprocidad multas al municipio por incumplimiento en sus funciones.
De a mil pesos por cada bache, de los que abundan en las calles de la ciudad, la misma suma por las casas que no tengan servicio de agua y por cada hogar donde el servicio de basura no pasa en los días y horarios establecidos. Esto circuló en “memes” en las redes de sociales, otros igual de irónicos o de burla al alcalde.
En lo personal consideramos que las multas es el único recurso para obligar a los ciudadanos a respetar las restricciones dictadas con miras de frenar la ola de la pandemia que está imparable. Pero aplicar 868 pesos en la primera vez que se cometa la infracción es un abuso, sobre todo cuando escasean los recursos. Esa suma representa en muchos de los casos el ingreso semanal para la clase trabajadora y bien pudo haberse instalado un sistema progresivo que iniciara con una suma menor y se duplicara en casos de reincidencia.
Agregue Usted las irregularidades que contravienen los derechos constitucionales de las personas, sobre todo sin una campaña intensiva de concientización para aterrizar esta disposición.
Para colmo estas medidas que estarán aplicando los elementos de tránsito municipales no fueron puestas a consideración del Cabildo, según manifiesta el Síndico 2º, Luis Torre Aliyán, en un comunicado donde manifiesta su reprobación ante tal medida.
TORRE ALIYAN PONE DISTANCIA
Finalmente el abogado Torre terminó por hacer llegar al presidente del PAN, Luis Cantú su desacuerdo con la manera como se conduce el alcalde Xicoténcatl González Uresti, el síndico no es militante panista, pero si un elemento externo al que se invitó a formar parte de la planilla municipal de Acción Nacional, lo cual agradece y reconocer a la institución por las batallas democráticas desarrolladas en el país, pero hoy anuncia que pone distancia con el gobierno de Xicoténcatl González, del que dijo “tiene el justo reproche social en la capita”.
En conclusión, si Torre Aliyán fuera panista en este momento se estaría declarando sindico independiente de su partido. La medida tomada por el abogado es una especie de salvoconducto para no cargar con penas ajenas, con incapacidades de las que no es responsable y tampoco quiere que se le adjudique complicidad de tan nefasta gestión.
Pero la Síndica 1ª y demás integrantes del Cabildo han guardado sepulcral silencio, me refiero a los panistas, los de oposición tienen que aprovechar la coyuntura para hacer ver a los ciudadanos su error electoral.
INCONVENIENTES DE LAS CLASES PRESENCIALES
El tema del regreso a clases presenciales está en el debate ciudadano y en el círculo familiar, aunque no será pronto, dadas las estadísticas de casos positivos de COVID, que de manera creciente se registran en el día a día. La realidad es que tarde o temprano habrá ese retorno a las aulas, y esta vez se hará en condiciones extraordinarias, tanto de tipo económico como psicológico y en medio de un ambiente social incierto porque desde ahora prevén rebrotes, que pueden estar surgiendo en los próximos dos o tres años.
Por eso más vale desde ahora, analizar el tema con todas sus implicaciones. Hay fecha tentativa para iniciar el ciclo escolar 2020-2021, y es el 31 de agosto para nivel de Educación Básica.
En primer lugar en la geografía tamaulipeca hay escuelas que carecen del servicio de agua potable y sin ella es imposible cumplir con las medidas de higiene que la “nueva realidad” reclama. Desde ahora debe de tomarse en cuenta esta problemática que va a requerir de la habilitación de depósitos o tinacos, pero sobre todo del abastecimiento permanente a través de pipas.
La sanitización de los planteles hecha a conciencia la primera vez quien la costeará, algunas instituciones tienen recursos de las cuotas anteriores y que no se ejercieron dado el cierre de las escuelas, posteriormente tendrá que efectuarse de manera permanente y rutinaria, incluyendo la limpieza de pupitres con productos desinfectantes dos o tres veces por turno.
No es un secreto que los gobiernos no proveen ni de escobas, ni cloro, ni nada que se le parezca a las escuelas, que estos productos se compran con las cuotas que aportan los padres.
La situación es que ahora muchos padres no estarán en condiciones de aportar las cuotas voluntarias que usualmente acuerdan en coordinación con los directivos de planteles y de las que dependerá el aseo frecuente y permanente para evitar contagios.
De por sí, cada año surge las quejas de padres porque a los gastos extraordinarios por los útiles escolares, hay que agregar el de uniformes y sobre todo de las cuotas “voluntarias” que en el seno de las sociedades de padres de familia son acordadas y que implican en las escuelas públicas desde 500 pesos hasta tres mil o cuatro mil pesos según el plantel, obviamente las escuelas privadas son palabras mayores.
Esto obviamente se agravará en tiempos del COVID, cuando la situación económica es crítica, el desempleo e inactividad económica tiene en jaque al gasto familiar. El ambiente será peor en agosto, porque los ahorros ya se están agotando, o los créditos logrados con el banco o familiares y amigos también. Y la inactividad del sector productivo va para largo o cuenta gotas.
Hay gastos que no pueden eludirse, como son los de material didáctico y escolar, mochilas, calzado y tenis para prácticas deportivas, quizá el único que puede ser reducirse o cancelar son los uniformes.
Al respecto podemos comentar que el uso del uniforme en las escuelas públicas no está normado en el Artículo Tercero de la Constitución Política Mexicana, tampoco figura en ningún otro artículo ni ley, situación que impide que se puedan establecer criterios para su uso, en pocas palabras no es obligatorio. Si bien algunos padres de familia lo prefieren.
El uso de uniforme se establece por acuerdos de los tutores o papás de cada plantel con los directivos de la institución; ellos deciden su obligatoriedad y si es una condición para ingresar a las escuelas.
Existen gastos que no pueden evitarse, pero el caso de los uniformes si pueden ser cancelados, o modificados por versiones más económicas, una decisión que está en manos de las sociedades de padres de familia y directivas de los planteles escolares.
