Oscar Diaz Salazar1 h ·
Por Oscar Díaz Salazar
Miente la presidenta municipal de Reynosa, Maki Ortiz, y sus colaboradores, cuando afirman que su administración es transparente. No lo es. No en la medida que exigen las leyes respectivas. No cuando omiten hacer pública la información que debería estar disponible, en el portal del gobierno municipal, sin necesidad de que alguien la solicite.
En la sede oficial del gobierno municipal de Reynosa se celebró, la semana pasada, una conferencia de prensa encabezada por la alcaldesa Maki Ortiz, en la que estuvo acompañada de varios de sus colaboradores, y en la que mostró la incongruencia de su postura de no llevar a cabo las reuniones del Cabildo de manera presencial, por razones de salud, pero sí estuvo dispuesta a reunirse para «hacer política» y «dar línea» sobre los exhortos del Congreso del Estado, para atender algunas anomalías en su actuación.
Derivado de la recepción de varios oficios que un grupo de regidores de Reynosa envió al Congreso del Estado, autoridad que la ley señala como mediador en los casos de conflictos entre miembros de los Ayuntamientos, el poder legislativo de Tamaulipas determinó exhortar a los integrantes del Ayuntamiento de Reynosa a que cumplan con la difusión de la información que, a juicio de los ediles querellantes, no ha sido proporcionada en los tiempos, condiciones y sitios debidos.
También del Congreso del Estado se exhorta a los integrantes del Ayuntamiento de Reynosa para que cumplan con realizar las asambleas o Sesiones de Cabildo de manera presencial, tal y como lo establece el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas y los Reglamentos municipales.
Escudándose en una interpretación convenenciera, mañosa y errónea del artículo 115 Constitucional y envolviéndose en la bandera de la autonomía municipal, la señora Maki Ortiz afirma que sus «cibersesiones» son válidas porque fueron autorizadas por el propio Cabildo y porque atienden la «recomendación» de las autoridades de la Secretaria de Salud, de evitar las aglomeraciones para prevenir contagios de Covid 19. Ahora resulta que basta un acuerdo de Cabildo para hacer lo que les venga en gana a las autoridades municipales y si mañana amanecen con ganas de vender la plaza o prolongar su gestión por otros diez años, lo podrán hacer porque así lo quiso la mayoría y porque el municipio es autónomo. Es cierto que las decisiones del ayuntamiento son válidas por el acuerdo de la mayoría, pero siempre que estas decisiones sean legales y se ajusten al marco de facultades, atribuciones y obligaciones que la ley les señala a los Ayuntamientos y/o a los miembros del colegiado en específico, ya sea al presidente, síndicos o regidores.
Los regidores que se quejan de la falta de transparencia de la presidenta Maki Ortiz, en realidad se duelen del trato «despectivo» que reciben de la alcaldesa y de sus subordinados. De no recibir oportunamente, conforme a los reglamentos respectivos, la información, documentación, anexos etc., de los asuntos que se analizan, discuten y resuelven en las sesiones de Cabildo. Los regidores no se refieren al tema de la transparencia en el contexto actual, asociado a las obligaciones de la Ley de Transparencia.
Es ridícula la manera como Maki y sus secuaces pretenden demostrar que si atienden sus obligaciones en el tema de la transparencia. Con verborrea, con reiteradas menciones al 115 constitucional y a la autonomía municipal y con documentos que salen de las carpetas de los funcionarios para ser mostrados a las cámaras fotográficas.
Afirmó categóricamente que el gobierno municipal de Reynosa no cumple con lo que ordena la Ley de Transparencia. Para verificar quien tiene la razón y quien miente, lo invito a revisar, en el portal del gobierno municipal de Reynosa, en el apartado de la transparencia, específicamente los vínculos que deberían ubicarte en la información que debería estar disponible en todo momento, la información que se debe hacer pública «de oficio», esto es, sin esperar a que alguien la solicite.
Si los regidores, que forman parte del gobierno municipal, que requieren la información para tomar decisiones y definir el sentido de sus votos, no cuentan con la información, no espere que los simples ciudadanos tengan acceso a los documentos que prueban lo que gasta, como gasta, cuánto ganan, a quien compran, a quien rentan, a quien otorgan becas y subsidios, quien construye, a qué precio pagan las obras, servicios y artículos etc.
16 de junio de 2020
