JALISCO.Empresas sospechosas son proveedoras de servicios de ayuntamientos y universidades
Investigaciones seguidas por “línea” del gobierno estadounidense llevaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al aseguramiento de cuentas bancarias de los presuntos “lavadores de dinero” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre quienes se encuentran jóvenes emprendedores, empresarios, constructoras, y ahora entidades gubernamentales que tuvieron relación con dichas personas físicas y jurídicas.
Así se desprende de las últimas acciones de la UIF al asegurar cuentas bancarias de los Ayuntamientos de Autlán de Navarro y El Grullo, Jalisco, entre ellas, la del Sistema DIF del primero de los municipios, y la de la alcaldesa de la segunda comuna, Mónica Marín Buenrostro.
El congelamiento de mil 939 cuentas bancarias anunciado por las autoridades mexicanas hace más de una semana se finca en las pesquisas e incorporación de personas físicas, empresas y fideicomisos a la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro norteamericano, sobre todo con la designación realizada en mayo de 2019.
Aunque las listas de personas designadas con vínculos al Cártel Jalisco Nueva Generación datan de abril de 2015, cuando se incluyó a los cabecillas de la organización criminal, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” y Abigael González Valencia “El Cuini”, la acción de la UIF es una “colección” de toda la información estadounidense que marca la tendencia de los individuos y compañías que se tienen que investigar.
Así se llegó a una serie de empresas que prestan servicios de construcción e infraestructura de obras, inmobiliarias, turismo, restaurantes, boutiques, despachos jurídicos y fábricas de tequila, en por lo menos 12 estados del país, denominando la acción mexicana como Operación “Agave Azul”.
Entre las empresas a quienes se les congelaron sus cuentas bancarias se encuentran Drabsa Constructora, Sociedad Anónima de Capital Variable y Edificaciones Mendpad de Occidente, Sociedad Anónima de Capital Variable, quienes aparecen en buscadores de internet como proveedores de servicios de múltiples dependencias de gobierno municipales de Jalisco y de la Universidad de Guadalajara.
Ambas compañías, junto con Consorcio Flaroma, Sociedad Anónima de Capital Variable, también intervenida en sus cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera, cuentan con un mismo representante legal, quien aparece como firmante en los contratos con ayuntamientos y otras entidades públicas y privadas.
La Operación “Agave Azul” también reactivó viejas investigaciones como las realizadas en 2009 por el gobierno estadounidense a una familia sinaloense que en Zapopan creó uno de los consorcios farmacéuticos más grandes del país: Laboratorios Collins, que en ese entonces presuntamente fue vinculado al Cártel de los hermanos Amezcua Contreras, y que al tiempo le fue levantado el veto norteameircano.
Sin embargo, la empresa farmacéutica y sus diferentes divisiones nunca salieron del radar de la sospecha, y ahora la UIF les mantiene en el “ojo del huracán”. Los socios del grupo Collins acudieron individualmente ante los tribunales federales de Jalisco este fin de semana para solicitar por lo menos siete juicios de amparo en busca de protección contra autoridades federales.
Otras personas a las que les fueron congeladas sus cuentas bancarias son Ana Paulina Barajas Sahd, esposa de Ulises González Valencia, miembro de la familia de “Los Cuinis” de Aguililla, Michoacán, y cuñado de Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Curiosamente los abogados de Barajas Sahd, de la alcaldesa de El Grullo y del representante legal de las empresas involucradas en la prestación de servicios de construcción a los ayuntamientos jaliscienses, forman parte de un mismo despacho jurídico.
Otras personas y empresas que habrían sufrido el bloqueo de sus cuentas por órdenes de autoridades hacendarias son: Sofía Paulina González Vázquez; Salud Natural Mexicana, S.A. de C.V.; Pulcro Crédito y Servicios, S.A. de C.V.; Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.; Pulido Truck and Parts, S.A. de C.V.; Carlos Daniel Hermosillo Reséndiz; Moban Asesores de Negocios, S.A. de C.V.; Francisco Javier Gudiño Haro y Lina Adriana Mejía García. La mayoría de esas personas ya han presentado demandas de amparo.
