Joaquín Hernández Correa, una vergüenza para el Congreso de Tamaulipas
Los abusos policiacos han provocado protestas tanto en Estados Unidos como en México, debido a la muerte de personas detenidas víctimas de abusos policiacos, como golpes, tortura e incriminación. Se sabe que hay una desconfianza de los ciudadanos en las autoridades y que la principal forma de extorsión o abuso los cometen los agentes de tránsito.
Por eso, resulta absurdo que el diputado del PAN Joaquín Hernández Correa, proponga que se castigue a los ciudadanos que graben a agentes de Tránsito en Tamaulipas. Incluso propuso además de multas económicas, penas de cárcel por tres días por este “delito”.
Se sabe que las fuerzas policiacas en el estado tienen mala fama. ¿Acaso tenemos agentes honestos, impecables y con conocimientos sobre derechos y legalidad? Pues este vendido diputado, propuso que se castigue a los ciudadanos porque ha habido, según él, casos de agresiones contra esos inocentes agentes, a quienes hay que proteger.
Más absurdo, es que diputados del PAN y del PRI respaldaron esa propuesta en comisiones, y solo falta que vaya al pleno para ser aprobado. Esta ley, podría caer en la ilegalidad, en el abuso y ser inconstitucional. Vea usted porqué. En un artículo de Sin Embargo, https://www.sinembargo.mx/22-04-2015/1318710, se explica que es un derecho ciudadano poder documentar abusos de autoridades, mediante el uso de tecnologías como las cámaras y teléfonos.
“Filmar, fotografiar o grabar dentro de los límites legales forma parte del derecho a la libertad de expresión y se contempla en los artículos 6º y 7º de la Constitución”. De manera textual, el Artículo 6º plantea: “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
Por su parte, el 7º considera que “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones”, detalla el artículo.
Además, tampoco es legal que la autoridad intente quitar los aparatos a los ciudadanos. “En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito”, detallan.
Expertos consultados por SinEmbargo aseguraron que en México muchas veces los funcionarios públicos desconocen la ley y por tanto la obligación que tienen al rendir cuentas. “Esa ignorancia funciona para la represión social”, aseguró el abogado Jesús Robles Maloof en entrevista con este medio.
Esa ignorancia que señala el abogado, es la que permea entre nuestros diputados. Señoras y señores diputados, por favor, no sean ignorantes.
