PORFIRIO MUÑOZ LEDO.
La pandemia y la debacle económica aparecen en el horizonte inmediato como dos hermanas gemelas que se retroalimentan mutuamente en una espiral desastrosa. Los estragos del Covid-19 sólo pueden ser paliados o contrarrestados mediante inversiones multimillonarias que a su vez ayudarían a reactivar la economía. Ambas han puesto en evidencia, como en una tomografía, la debilidad estructural de las instituciones nacionales, que debemos reconstruir durante la crisis y no después de ella si queremos que el futuro amanezca. Las acciones aparentemente temporales que emprendamos se habrán vuelto definitivas al fin del túnel.
La declaratoria de emergencia sanitaria emitida el 31 marzo parece haber “aplanado” la curva epidémica, en cambio se agudiza el desplome vertical de la actividad productiva. Grupos y expertos calificados sugieren decretar una emergencia, que la Constitución prevé en situaciones que pongan “a la sociedad en grave peligro o conflicto”. Más explícitamente, el artículo 73 fracción VIII, estipula que en materia de deuda pública “el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República”.
Es indispensable conjuntar esfuerzos y propuestas en un ejercicio incluyente. Algunos lo llaman Pacto de Estado y otros Acuerdo Nacional. Funcionaría como una comisión tripartita ampliada o como un consejo económico y social. Un ECOSOC en términos de Naciones Unidas. Su titular sería el Ejecutivo Federal acompañado por cinco secretarios de Estado, entre los cuales el de Hacienda sería su suplente. Participarían además -en número similar- representantes del Congreso de la Unión, de los Estados y Municipios, de las organizaciones empresariales, de los sindicatos, de la academia y de la sociedad civil, estos dos últimos con derecho a voz.
Algunos de los temas que se han adelantado son: universalización de los servicios de salud, política fiscal y crediticia, estrategia contraciclica e inversión masiva, gasto público redistributivo, incremento salarial, protección a PyMEs y defensa del empleo, recursos naturales y seguridad alimentaria, reconversión energética y política petrolera. Un proyecto similar ha sido adoptado por la Unión Europa que comprende tanto medidas impuestas para el conjunto de sus miembros, como aquellas que puede adoptar cada país con financiamiento del Banco Central Europeo.
Es menester diagnosticar con precisión y reconocer con claridad la situación económica en la que nos encontramos. En el primer trimestre de este año la economía cayó -1.26% respecto al cuarto trimestre del año anterior y -2.4% en relación al primer trimestre del mismo. Las proyecciones para este año son de -7% a -10%, con la que tendríamos la mayor recesión económica de nuestra historia. Se estima que tan sólo en abril el número de desempleados aumentó entre 600 y 750 mil personas y para agosto rondará entre 1 y 1.5 millones de personas.
La cuestión más controvertida es la del déficit fiscal, la mejor arma de la que disponen los países para hacer frente a la coyuntura. Hay que olvidar por ahora la persecución del superávit primario –el excedente entre los gastos del gobierno y el pago de la deuda– y aceptar el imperativo de un déficit público cuando menos equivalente al 7% del Producto Interno Bruto. No hay que confundir el crédito institucional con el “endrogamiento” irresponsable y usurero. Hay que abandonar teorías económicas que están muertas, ideas “zombis” como diría Paul Krugman, que impiden pensar y actuar de manera innovadora y proporcional a la dimensión de los problemas actuales.
Nuestra deuda -50% del PIB- es inferior al promedio de la OCDE, que es del 80%. Francisco Suárez recomienda que el Banco de México retome el objetivo de impulsar el crecimiento y financie directamente al gobierno y a la banca de desarrollo. De ninguna manera puede pensarse en la reducción de los ingresos de los trabajadores formales o informales, sino en el aseguramiento de un ingreso mínimo vital –como lo ha llamado la Suprema Corte- comenzando por los más pobres.
Lo esencial es evitar que la crisis sea manipulada políticamente, fracturando el consenso necesario para su solución. La derrota económica no significa el triunfo de la oposición sino el fracaso de todos
