Carlos Marín.
Por absurdo que parezca, quienes maquinaron la extinta ley Bonilla pueden quedar impunes, por más que hayan cometido un “fraude constitucional”, según lo definió el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar.
Lástima, eso no está tipificado como delito.
Pero hay un recurso mucho más justo que un improbable “juicio político”: la persecución penal.
Se requiere, eso sí, de una denuncia por corrupción que permita a la autoridad buscar evidencias contra quienes fabricaron la intentona de prolongar a cinco los dos años por los que fue elegido gobernador de Baja California el abusivo Jaime Bonilla.
No solo la Fiscalía del estado pudiera intervenir, sino la General de la República por lo que aquello entraña: delincuencia organizada.
Los 24 ex diputados locales (once del PAN, cinco del PRI, tres de Morena, uno del PRD, otro del PT, una “independiente” y dos de partiditos locales que votaron a favor), así como los cabecillas en los ayuntamientos de Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito y Tijuana que respaldaron el atropello, deben ser investigados hasta en sus excusados para descubrir por cuánto se vendieron y de dónde provino su presumible soborno.
Dos panistas, la ex diputada local Eva María Vásquez Hernández y el ex presidente municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez, merecen reconocimiento explícito por ser los únicos californianos con representatividad que se opusieron a la ley Bonilla.
Quienes perpetraron aquella porquería son: José Félix Arango, Irais María Vázquez Aguiar, Raúl Castañeda Pomposo, Andrés de la Rosa Anaya, Ignacio García Dworak, Mónica Hernández Álvarez, Miguel Antonio Osuna Millán, Sergio Tolento Hernández, María Trinidad Vaca Chacón, Alfa Peñaloza Valdez, Carlos Alberto Torres Torres, Alejandro Arregui Ibarra, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, Édgar Benjamín Gómez Macías, Bernardo Padilla Muñoz, Blanca Patricia Ríos López, Victoria Bentley Duarte, Víctor Manuel Morán Hernández, Catalino Zavala Márquez, José Antonio Casas del Real, Jorge Eugenio Núñez Lozano, Claudia Josefina Agaton Muñíz y Rocío López Gorosave.
Como en todo crimen, además de los ejecutantes hay una “autoría intelectual”, y la o las fiscalías tienen un par de sospechosos obvios: el caradura Bonilla y un muy alto funcionario (que quiso se dieran apoyos oficiales a organizaciones narcoparamilitares en Tamaulipas y Michoacán): Ricardo Peralta, el inexplicable subsecretario federal de Gobernación que respaldó descaradamente al impresentable gobernador. El 15 de julio publicó en Excélsior un descocado alegato tramposamente “jurídico” a favor del fraude a la Constitución que, lo mismo en palabras del ministro Zaldívar, entrañaba un “delito poselectoral”.
El problema con las y los mequetrefes que traicionaron la legalidad es que, aunque se habló de sobornos millonarios, nadie ha denunciado ni aportado un solo elemento de prueba.
¿También este crimen quedará sin castigo…?
