Carlos Marín.
15.05.2020
Menos de una semana después de que un juez federal otorgó un amparo a indígenas chiapanecos para que se suspendan las obras del “tren maya” en el tramo de Palenque para “salvaguardar la salud del pueblo ch’ol” (La Jornada del 9 de mayo) y cuando México se debate en la cresta de la pandemia, el presidente López Obrador se dispone a viajar al sureste para supervisar los trabajos.
Quiere, dijo ayer, “ir a Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y a Quintana Roo, porque ya están por concluirse los procesos de licitación de cuatro tramos, desde Palenque hasta Quintan Roo, como 800 kilómetros, ya con contratos que se están firmando…”.
No es una buena idea: el Semáforo de Alerta de la Secretaría federal de Salud indica que su natal Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche se encuentran en rojo de alerta máxima y solo Chiapas aparece en verde, pero con tendencia a subir.
Pese a que irá cuando el secretario Alcocer y el subsecretario López-Gatell se lo “autoricen”, lo mejor será que desista porque aquella es una de las obras emblemáticas de su gobierno que menores probabilidades tiene de ser provechosa para el progreso del “pueblo” (superada por el ferrocarril transístmico y sobre todo la insensata refinería en Dos Bocas), con la sola excepción de la zona turística de Quintana Roo.
A los problemas de la resistencia que muchos pobladores oponen al proyecto y a lo expresado en desaseadas “consultas populares” que dieron su “consentimiento”, pero cuestionadas hasta por la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU en materia de Derechos Humanos, acaba de añadirse un dato que reduce las expectativas de financiamiento: según Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo), el organismo responsable de los trabajos, así como la Universidad Anáhuac, los recursos bajarán alrededor de mil millones de pesos a causa de la disminución de ingresos por el Derecho de No Residente, el impuesto que pagan los viajeros extranjeros que llegan por avión y que, a causa del covid-19, han dejado de venir al país. Esto representa entre 17.5 y 30 por ciento de lo que debió recaudarse durante este año (de 920 a mil 120 millones de pesos). Como se recordará, el Presidente ordenó que del total de recursos que se destinaban a la promoción turística, 80 por ciento fuera para el proyecto ferroviario y 20 por ciento para el Instituto Nacional de Migración.
Previsiblemente alcahueta, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos juega con el engaño de preocuparse por las comunidades: ayer solicitó al Fonatur aplicar “medidas cautelares” para suspender las actividades “no esenciales” relacionadas con el tren. Esto encuera la sumisión de una institución ex autónoma que, lacayuna con el gobierno, da por sentado que el proyecto (ningún “maya”, por cierto, lo demandó) es una obra “esencial”, pese a que en la misma solicitud no se atrevió a omitir “la gravedad, urgencia y posible daño a la salud, la integridad personal y la vida, de los habitantes de la región…”
