Carlos Ramírez.
Sin tener suficientes datos sobre su capacidad real de fuego, su control dominante de zonas territoriales, su configuración real de efectivos, sus objetivos específicos como banda delictiva y sus acuerdos específicos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, la aparición del grupo armado Cartel Zicuirán Nueva Generación en La Huacana, Michoacán, prendió focos de alarma en el mapa regional de seguridad del Estado federal.
Si bien puede ser que se trate sólo de un pequeño grupo armado o de una pantomima, de todos modos deja el mensaje de que a nivel regional el Estado federal carece de instancias estatales y municipales de control, inteligencia y operatividad de fuerzas oficiales de seguridad.
En consecuencia, el decreto de hace una semana para enviar a las fuerzas armadas a labores de seguridad pública tiene como escenario de emergencia la perdida paulatina de control del Estado federal y de las autoridades locales de porciones del territorio nacional. Lo de La Huacana se añade a las evidencias de asaltos en masa en la carretera de Cumbres de Maltrata, Veracruz, y balaceras como de Magdalena de Kino, en Sonora, o el ataque contra la familia LeBaron en Bavispe, Sonora, o el colapso de seguridad en Guanajuato.
Los datos de actividades delictivas violentas crecientes, el número de homicidios dolosos que no baja y el activismo provocador el Cártel Jalisco Nueva Generación de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho revelan una verdadera crisis de seguridad no sólo de la ciudadanía, sino del Estado como la autoridad superior de seguridad y la instancia que debe tener el monopolio de la fuerza. Asimismo, indican que la crisis de seguridad es una crisis de la autoridad del Estado.
Y por las presiones de seguridad de los EE. UU., su presencia en México para atrapar a El Mencho, sus acciones que están agitando el avispero de bandas delictivas y la aplicación en Washington del criterio de que los cárteles mexicanos son transnacionales y requieren de acciones de la comunidad de los servicios militares y civiles de los EE. UU., hay condiciones para declarar que las bandas delictivas representan ya una crisis de seguridad nacional que exigen la acción inmediata del Estado.
Los temores de que los militares hayan sido enviados a acciones interpresas de represión social son inexistentes, porque por ahora no hay organismos populares en la lucha clandestina contra el Estado. El último grupo fue el EZLN y sólo duró unos diez días en la lucha armada. El riesgo de seguridad del Estado se localiza en las bandas delictivas armadas que reparten dinero entre la gente para sembrar, producir, traficar y promover el consumo de drogas entre la población civil.
En los últimos meses los cárteles de la droga y algunas bandas criminales organizadas han exhibido armamento superior al de las policías y la Guardia Nacional, como lo revelan los videos ostentosos del CJNG y del nuevo Cártel Zicuirán. Al asumirse estos grupos como organizaciones armadas clandestinas y criminales, entonces la responsabilidad de la seguridad de la sociedad y del Estrado corresponde a las fuerzas armadas como última línea de defensa de la gobernabilidad.
En todo caso, la estrategia nacional de seguridad pública no debería descansar sólo en la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, sino insistir que necesita avanzar en la construcción –prometida pero no cumplida– de una estructura aledaña de seguridad que ayudará, sin dudas, a las labores de los cuerpos de seguridad: el sistema nacional de inteligencia, la profesionalización de policías locales tardada y obstaculizada por gobernadores y alcaldes y la acción de la Unidad de Inteligencia Financiera que hoy funciona para labores de persecución política de disidentes y críticos y no de delincuentes a quienes bloquear sus activos financieros los podría al borde del colapso.
El decreto de lunes pasado debe llevar al debate sobre la estrategia de seguridad en una circunstancia en que los delincuentes están aprovechando la paralización de la estructura de seguridad para consolidar nuevas zonas de poder territorial y de acotamiento del Estado. Las cifras de inseguridad no bajan porque se discute la autoridad del Estado y no el poder creciente de las bandas delictivas.
