Por: Carlos Ramírez.
“Si Alatorre llevara su caso a la Suprema Corte de Justicia como censura a la libertad de expresión, sin duda que lo exonerarían y con ello avergonzaría –es un decir– a la somnolienta ministra jubilada de la Corte Olga Sánchez Cordero, hoy en pasmosa fase de desconocimiento de la interpretación de las leyes”
Como siempre ocurre, sobre todo en los últimos tiempos de crisis y desagregación de lealtades, las teorías de las conspiraciones suelen enredar ciertos incidentes y hacerlos complejos. Pero debe aplicarse el modelo analítico de la navaja de Ockham que dice que la explicación más sencilla es la verdadera.
La frase de Javier Alatorre sobre el vocero sanitario Hugo López-Gatell en su noticiero nocturno de TV Azteca se ha citado incompleta y tergiversada: sólo dijo lo que ya han dicho muchos: no hagan caso a las cifras de López-Gatell porque no son ciertas y están gubernamentalizadas. Y lo dijo al informar de la queja del gobernador bajacaliforniano Jaime Bonilla Valdez, quien, en efecto, ha encarado las cifras del subsecretario de la SSA y ha revelado cifras mayores de infectados y fallecidos.
Lo paradójico –para no decir cómico– fue que críticos de López-Gatell salieron en su defensa y con ello avalaron las irregularidades en la danza de cifras. Y lo han hecho sin entender que las contradicciones en las cifras diarias del funcionario no hay torpeza, ni falta de control de datos, ni cansancio, sino que ofrecen indicios de una estrategia de desinformación como mecanismo de desmovilización social. Al carecerse de información veraz, todo análisis crítico es falaz.
El trasfondo es más preocupante: al centralizar la información del coronavirus en la conferencia de prensa presidencial de dos horas y sólo de lunes a viernes –sábado y domingo se da un silencio informativo que alimenta cualquier conspiración–, entonces una de las más severas crisis de salud y con graves derivaciones políticas y sociales queda en el territorio apache –hostil, diría el escritor Arturo Pérez Reverte– de la no-comunicación social del gobierno –concepto creado por el columnista Manuel Buendía– como política de comunicación social del gobierno: informar para desinformar y que la desinformación desoriente a los críticos y a la oposición.
La aparición somnolienta de la secretaria de Gobernación para regañar a dos diarios de Chihuahua y para apercibir a TV Azteca y al conductor Alatorre sería otro elemento de la no-comunicación social del gobierno: no informar de manera oficial sobre un virus que ha afectado la vida nacional, pero si aplicar todo el peso de la ley contra los que violan protocolos autoritarios. Si Alatorre llevara su caso a la Suprema Corte de Justicia como censura a la libertad de expresión, sin duda que lo exonerarían y con ello avergonzaría –es un decir– a la somnolienta ministra jubilada de la Corte Olga Sánchez Cordero, hoy en pasmosa fase de desconocimiento de la interpretación de las leyes
Pero ya todo es parte del circo de distracción de las reacciones oficiales ante los efectos depredadores del COVID-19. Y el gran perdedor fue López-Gatell, pues desde la frase de Javier Alatorre todos han estado encontrando más inconsistencias –para decir lo menos– en sus reportes y en su sobreexposición mediática, con los excesos propios del showman que ha aprendido a juguetear con el público. En lugar de aclarar las quejas contra sus dichos, López-Gatell sigue sin explicar contradicciones y prefiere el aparato autoritario y censor de la secretaria Sánchez Cordero.
Y queda, al final, Alatorre, víctima propiciatoria de Sánchez Cordero, porque el responsable de la queja contra López-Gatell es el gobernador Bonilla, a quien la ministra jubilada de la Corte avaló obsequiosamente su mecanismo para agandallarse de la gubernatura por cinco años. Ahora resulta que fraseos y opiniones de periodistas pueden caer en delitos de prensa, retomando la definición de Francisco Zarco de que ciertas opiniones de periodistas pueden ser una equivocación, pero nunca ser un delito. El apercibimiento no es más que una orden casi judicial que prohíbe a los críticos cuestionar los mensajes oficiales, es decir, una regla de censura a la crítica.
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Política para dummies: La política es el arte de comunicar para convencer, no evangelizar para fanatizar.
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