cCarlos Marín.
Conminar a los partidos políticos para que destinen a la emergencia sanitaria 50 por ciento del financiamiento público que reciben del Estado es tan insensato como pedirle al dirigente del desairado Consejo Coordinador Empresarial que haga lo que corresponde a la Procuraduría Fiscal de la Federación: lograr que 15 grandes consorcios paguen impuestos que, supuestamente deben, por 50 mil millones de pesos. A los que no aporten dinero, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugiere donaciones en especie. A quienes acaten su idea les promete un reconocimiento público y los que no serán exhibidos en sus conferencias mañaneras. Más allá de que el Presidente carece de atribuciones para decirles a esos organismos lo que deben hacer con el financiamiento que la Constitución les garantiza, tampoco pueden realizar “donativos” porque cometerían una doble ilegalidad: El artículo 25 (párrafo n) de la Ley General de Partidos Políticos los obliga a “aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que hayan sido entregados”. Y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 209 (párrafo 5), les prohíbe entregar, directa o indirectamente, dinero, bienes y servicios. De lo que se trata es de evitar que las campañas electorales se vuelvan una suerte de subasta o teletón clientelar, una carrera para ver quién, con base en el dinero que disponga o consiga, se congratule con los necesitados y éstos correspondan la dádiva en el momento de votar. Con los sismos de 2017, cuando el propio Morena documentó una escandalosa compra de voluntades de damnificados y que le fue perdonada por el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral señaló como única vía legal que los partidos con oportunistas apetitos de filantropía renuncien al financiamiento antes de recibirlo y, en consecuencia, esa autoridad autónoma reingresa el dinero a la Tesorería de la Federación para los fines que el gobierno determine (y a través de las instituciones autorizadas), pero jamás pueden los partidos repartir dinero (por cierto, Morena no renunció entonces a un céntimo de su financiamiento). Ayer también, López Obrador anunció que su partido y Encuentro Social habían contribuido con 50 por ciento de sus recursos a la contingencia sanitaria pero, si bien Morena pidió ya por fin que el INE le haga ese descuento, la reducción empezará a ser efectiva en mayo, porque el dinero que se le depositó cubre hasta abril y debe usarlo únicamente para fines partidistas válidos, por lo que la renuncia a ese porcentaje todavía no se hace efectiva. La mención al PES, sin embargo, carece de sentido: perdió su registro en 2018, de modo que no puede renunciar a un financiamiento que simplemente no recibe. En cuanto a que Carlos Salazar, presidente del CCE, le haga de gestor de pagos al SAT, lo común es que las retenciones se litiguen en los tribunales y que las empresas paguen o no es cosa que determina el Poder Judicial de la Federación.
Fuente: Milenio.
