*La no ratificación de Horacio Ortiz Renán arrojó reflectores sobre la composición del Supremo Tribunal de Justicia, en el que el 90% de sus integrantes fueron designados en el 2021 por el último Congreso con mayoría panista
VICTORIA, TAM.- En medio de la recomposición del espacio político tamaulipeco, a unos cuantos días de iniciado el nuevo sexenio, se aceleró la disputa por el Poder Judicial y por el Poder Legislativo.
El primer paso lo dio el gobernador, Américo Villarreal Anaya, el 4 de octubre con el anuncio formal de que Horacio Ortiz Renán no sería ratificado como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia.
20 días antes, había renunciado a la Presidencia que ejerció durante casi seis años con férreo control de todo el aparato judicial, y con una gran cantidad de acusaciones de la oposición de haber operado políticamente para favorecer a los suyos, y para atacar a sus contrincantes.
En esas razones se basó el dictamen publicado por el Poder Ejecutivo para argumentar la “falta de honorabilidad” del ahora ex magistrado, quien, si quisiera retener su posición, tendría que recurrir a la justicia federal para solicitar un amparo. Ahora, el gobernador tiene la facultad de proponer al Congreso del Estado el nombramiento de un nuevo magistrado que ocupe su lugar, algo que tampoco será sencillo porque se requiere de la mayoría calificada del Pleno.
Pero parece un paso indispensable en la ruta crítica de la nueva administración. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas está compuesto por diez magistrados de número: David Cerda Zúñiga, quien funge como presidente desde el pasado 14 de septiembre, Hernán de la Garza, Mauricio Guerra Martínez, Javier Castro Ormaechea, Noé Sáenz Solís, Gloria Garza Jiménez, Omeheira López Reyna, Jorge Durham Infante y Alejandro Salinas Martínez.
La mayoría no dejarán su posición hasta el 2027, porque iniciaron su carrera en el Tribunal durante la anterior administración estatal, muchos apenas el año pasado.
David Cerda fue nombrado magistrado en agosto del 2021, después de haber sido Secretario General del Congreso, y Jefe de la Oficina del Gobernador. En ese mismo bloque fueron designados Mauricio Guerra Martínez, quien venía de ser subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Javier Castro Ormaechea, quien era el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción. Ese año también fue designado Noé Sáenz Solís, quien venía de ser Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.
También en el 2021 fue designada Gloria Garza, quien fuera Subsecretaria General de Gobierno; Omeheira López, ex directora del DIF Tamaulipas; y Jorge Durham Infante, quien había sido Titular de Servicios Parlamentarios en el Congreso.
Alejandro Salinas Martínez había sido aprobado como magistrado en el 2018, luego de haber fungido como Coordinador de Asesores en el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca.
El único magistrado actual cuyo nombramiento proviene de otras administraciones es Hernán de la Garza Tamez, quien actualmente se encuentra en su segundo periodo en el Tribunal.
A excepción de De la Garza, todos los demás fueron designados en la anterior Legislatura, cuando Acción Nacional todavía contaba con mayoría calificada en el Congreso.
EL NUEVO MAGISTRADO
Para proponer al nuevo magistrado que ocupará la posición que dejó vacante Horacio Ortiz Renán, el gobernador Américo Villarreal Anaya necesitará de apoyos suficientes en el Congreso de Tamaulipas.
El artículo 109 de la Constitución de Tamaulipas señala que “los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia serán nombrados o ratificados a propuesta del Gobernador del Estado”.
Pero para ello se requiere del voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión.
“El Gobernador hará la propuesta y el Congreso resolverá dentro de los siguientes treinta días naturales.
En caso de que no resuelva o la persona propuesta no obtenga la mayoría referida, el Gobernador hará una nueva propuesta, debiendo resolver el Congreso dentro de los quince días naturales siguientes, pero si no lo hace dentro de ese período o la persona no obtiene la mayoría necesaria, el Ejecutivo hará la designación de Magistrado con carácter provisional y formulará una nueva propuesta en el siguiente Período de Sesiones Ordinarias”.
Este último, el del magistrado provisional, parece un escenario muy posible si se considera la composición de la Legislatura, en la que ninguna bancada cuenta con mayoría calificada.
Actualmente, la bancada de Morena cuenta con 17 diputados, el PAN cuenta con 15, el PRI con tres y Movimiento Ciudadano con uno.
Es decir a Morena y su aliado MC, le faltan seis votos para llegar a los 24. Pese a ese difícil panorama, el grupo parlamentario morenista ha iniciado con optimismo el Segundo Año Legislativo.
Aseguran que a través de la negociación pueden llegar a esa cifra, contando por ejemplo con el voto de los priístas y algunos panistas que pudieran apoyarlos en algunos temas.
En caso de conseguirlo y reunir la mayoría calificada, podrían aspirar a recuperar la Junta de Coordinación Política, en una disputa que actualmente se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pero también podrían remover de su cargo al Fiscal General de Justicia, Irving Barrios, y al Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio.
“La remoción deberá ser aprobada dentro del plazo de diez días por el voto de al menos dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado. En caso de negativa o vencido el plazo, el Fiscal General permanecerá en el cargo y no podrá ser removido por los mismos hechos que originaron el procedimiento”, señala el artículo 125 de la Constitución.
POR PERLA RESÉNDEZ
