El experto en temas de seguridad explica que las redes criminales no están consideradas en ninguna acción de seguridad del gobierno.
Mientras el Gobierno mexicano no establezca una estrategia de seguridad humana y establezca mecanismos contra la corrupción y una Ley de Auditoría Ciudadana, el País no podrá detener la violencia que continúa en aumento, puntualizó Edgardo Buscaglia.
No vamos a poder salir de esta gran pesadilla que vive este gran país que está llamado a ser un gigante de la región, no a estar postrado como está ahora ante mediocres, zánganos que están aquí en este país viviendo del Estado”, enfatizó el académico de la Universidad de Columbia.
Edgardo Buscaglia, doctor en Derecho y Economía, está en la ciudad invitado por El Colegio de Sonora y anoche impartió la conferencia magistral “Análisis económico de la efectividad en el combate y prevención de la delincuencia organizada vinculada a actos de terrorismo: Éxitos y fracasos internacionales”.
En entrevista habló sobre la situación de inseguridad en México, la corrupción política, la relación México-Estados Unidos, el análisis sobre Sonora, entre otros temas. Aquí la primera parte:
¿Ve usted una estrategia de seguridad clara del Gobierno federal para contener la violencia en México y combatir el narcotráfico?
Las estrategias de seguridad tienen requisitos técnicos, que comienzan por definir cuál es el objetivo de un programa de seguridad. El objetivo de un programa de seguridad en los países más desarrollados involucra a la seguridad humana, como le llama la ONU al término de seguridad en un sentido mucho más integral que simplemente el de poder caminar por la calle sin que a uno lo atraquen.
Y la seguridad humana, la seguridad, es la expectativa de poder acceder a 58 bienes y servicios públicos que constituyen derechos humanos o sea que, por ser humana, como persona, tienes la garantía de que el Estado los debe proveer.
Y eso en México, como en la mayor parte de los países de Latinoamérica, no se tiene como objetivo de una política de seguridad.
Pero no tiene un programa de acceso a la justicia del más del 60% de la población mexicana que hoy no puede acceder a la justicia, ya sea por corrupción o porque no tiene dinero para pagarle a abogados, tasas judiciales, etcétera.
Con este Gobierno y en los previos gobiernos del PAN y del PRI nunca esbozó sobre papel una política de seguridad humana. ¿Por qué? Cuando la gente no tiene acceso a la justicia se les violan sus derechos humanos, se les hace desaparecer de manera forzada o se les trafica, como a los migrantes, las redes criminales, que son grupos de personas que se dedican a cometer delitos por motivación económica, saben que no hay ningún castigo esperado cuando la gente no accede a la justicia.
¿Cuáles son esas redes criminales?
Las redes criminales tienen cinco dimensiones que tampoco se mencionan en ningún tipo de estrategia de seguridad del Gobierno.
La dimensión política, que son siempre los políticos que son, en todos los países del mundo, algunos políticos constituyen redes criminales que financian sus campañas con dineros ilegales, que reparten negocios de contrataciones públicas entre familiares.
Está la dimensión de empresarios legales. Está la dimensión de redes criminales compuesta por jueces y fiscales y policías, que es una tercera dimensión. Está la dimensión de redes de sociedad civil, que son tapaderas de la delincuencia organizada, a veces disfrazadas de iglesia, a veces disfrazadas de centros de caridad.
Y está la dimensión que sale en los periódicos todos los días, que es la única que a Alfonso Durazo (secretario de Seguridad y Protección Ciudadana) le interesa, que es la de sicarios. Esos son los obreros, es como intentar cerrar una compañía de construcción encarcelando a los obreros. No la vas a cerrar encarcelando a los obreros porque los obreros se contratan al otro día.
No existe una estrategia de seguridad humana en México contra la delincuencia organizada y así estamos. La delincuencia organizada sigue creciendo.
¿Por qué México no tiene una ley como Brasil la tiene desde el año 89? Estamos hablando hace más de 30 años, que es la Ley de Auditoría Ciudadana, en donde además del show de transparencia que les gusta mucho a los príncipes y princesas como Irma Sandoval (secretaria de la Función Pública) y John Ackerman de transparencia, con todos esos órganos carísimos que tiene México, en Brasil y en otras 67 democracias el ciudadano tiene derecho a usar esa información de la transparencia para auditar a cada órgano del Estado.
El ciudadano, en una red ciudadana regulada, entra a los municipios, entra al Estado, audita las contrataciones públicas para ver los criterios de otorgación, a dónde va el dinero, de dónde viene el dinero. Audita, produce reportes de auditoría a través de las asambleas ciudadanas y ese reporte de auditoría en Brasil es vinculante para que el fiscal esté obligado a investigar cualquier irregularidad que la red ciudadana reporte en auditoría.
Sin esa auditoría ciudadana no se tiene ningún plan anticorrupción que pueda funcionar, en el planeta, no sólo en México, no existe. Hay 67 democracias que lo tienen legislado.
Es así como surgen los casos de corrupción política contra el Presidente de Francia, contra el primer ministro de Portugal, no porque sean buenos los portugueses o los franceses, es porque tienen mecanismos. Eso es lo que la clase política mexicana en este pacto político de impunidad mafioso se niega a hacer.
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De Sonora, los gobiernos federal y estatal argumentan que las cifras de homicidios dolosos no son en el nivel de otros estados, pero a los ciudadanos les preocupa el aumento de la violencia, balaceras, privaciones ilegales de la libertad, asesinatos, extorsiones. ¿Qué tienen que hacer las autoridades frente a esto?
En nuestra propia evaluación de Sonora indica que los crímenes de lesa humanidad siguen aumentando, no es que no están peor que antes. Siguen aumentando. Cuando yo me refiero a desaparición forzada, a tráfico de migrantes, trata de personas, siguen aumentando. Son crímenes de lesa humanidad, que quiere decir que cualquier juez o fiscal del planeta puede tomar la causa si quisiese impulsar una causa contra algún acusado. Eso no ha disminuido.
No se tiene noción en el Gobierno federal de que estos indicadores son los que deberían estar rigiendo las políticas de seguridad.
Se toma al homicidio o al delito más visible, es el que les cuesta políticamente a ellos y a ellas que están allá, como el indicador clave, entonces te dicen ‘bajaron los homicidios, no están tan mal’. Es un insulto a ustedes como ciudadanos y ciudadanas y además es una violación masiva a las convenciones de las Naciones Unidas que México ratificó. Se tienen que monitorear estos otros indicadores de desaparición forzada, que están muy mal monitoreados porque la mayor parte de esos indicadores viene de las comisiones de Derechos Humanos, que son las que reciben las denuncias.
Sobre Sonora, ustedes estudian la situación de los diferentes estados del País, ¿qué es lo que están viendo de esta región?
En la medida en que nos permitan entrar lo hacemos, yo lo hago como académico, porque mi trabajo académico no consiste ya más en dar clases, como hacía hace 25 años. Ahora mi trabajo académico significa ir con fondos, que a veces nos lo dan en universidades, o gobiernos, a veces la ONU nos permiten ir a lugares como Argentina donde estuve el año pasado invitado por el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) donde se nos permite entrar y evaluar a las instituciones de los estados.
Y cuando lo hago intento ir a los ojos de los huracanes y Sonora es uno de los ojos de los huracanes de este País. Chihuahua obviamente lo es desde hace mucho, por ejemplo el caso LeBarón lo estamos examinando, donde a mí me resulta increíble que el señor Durazo no sepa quiénes son los autores del homicidio.
Es un caso de terrorismo con delincuencia organizada claramente establecido en las convenciones que México ratificó, le hacen un muy flaco favor a la población mexicana cuando comienzan a justificar que no puede ser terrorismo porque el terrorista tiene motivaciones políticas.
La delincuencia organizada mexicana tiene mucha motivación política, reformatea al sistema político mexicano colocando a sus candidatos en listas, y muchas veces, cuando no pueden dominar a una región a través de sus órganos políticos porque no colocaron a sus candidatos, lo que hacen es amedrentar a la población y forzar al Estado a aceptarlos.
¿Por qué considera que Sonora es uno de los ojos de huracán en el País?
La penetración de la delincuencia organizada en la política de Sonora es un problema gravísimo que viene desde hace muchos años. No es un problema de una Gobernadora, es un problema que ella ha heredado.
Cuando hablo de delincuencia organizada, no piensen en el ‘Chapo’ Guzmán, se los vengo diciendo, piensen en redes de políticos, empresarios que están acostumbrados a actuar con los gobernadores.
¿Qué me haría pensar que no es así, que la Gobernadora realmente está cambiando las reglas del juego para que no sea una barra libre Sonora, como lo ha sido hasta ahora?, bueno podría promover muchas de estas reformas, como por ejemplo generar un órgano de control patrimonial autónomo, que trabaje con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de manera autónoma sin que ella intervenga en el nombramiento de quien va a estar a cargo, para asegurarse de que se realicen las auditorías aleatorias de todas las campañas políticas de los funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo de este gran Estado.
Si ella hiciese una cosa así, yo sería el primero en hablar de ella como hablo de Santiago Nieto (titular de la UIF). No se anima ella a hacer una cosa así, no la dejan hacer una cosa así, o sea, formar una unidad de investigación patrimonial, que trabaje mano a mano con la UIF, que ya están avanzando.
Eso es algo que Sonora podría hacer inmediatamente para salir del ojo del huracán y para que Sonora sea un Estado costoso para que la delincuencia organizada lo domine.
Fuente: Imparcial
