No todos los días es noticia que un comandante de zona militar resulte herido en un enfrentamiento con traficantes de droga durante un operativo.
La madrugada del pasado lunes 27 de enero, una alerta del aeropuerto de Cozumel movilizó a personal militar de la 34 zona en Chetumal para salir a inspeccionar una aeronave tipo Grumman II que había aterrizado en la carretera que pasa por el poblado de Nuevo Israel, cerca de Bacalar, en el estado de Quintana Roo.
Cuando los militares llegaron fueron recibidos a tiros, en el lugar falleció un cabo que conducía el vehículo en el que viajaba el general de brigada José Luis Vázquez Araiza, comandante de la zona militar con sede en Chetumal, quien resultó herido junto con dos de sus soldados.
El resto del pelotón logró asegurar a los tripulantes de la aeronave donde transportaban poco mas de medio tonelada de cocaína. Horas después en la tarde del martes 28, un jet Gulfstream de origen boliviano fue interceptada por aeronaves de la Fuerza Aérea en el espacio aéreo nacional procedente de Sudamérica. El aparato fue obligado a aterrizar en el aeródromo de Mahahual, en la costa quintanarroense. Ahí los militares incautaron más de una tonelada de la misma droga.
Ambos vuelos tenían en común haber salido de la provincia de Salta, al norte de Argentina, con lo que quedó en evidencia una ruta aérea poco común a las utilizadas en el pasado cuando partían de Ecuador, Perú, Colombia o Venezuela.
También destaca que la Fuerza Aérea regresó a labores de intercepción. Durante el sexenio pasado lo hizo en apoyo a aviones de la extinta PGR hoy Fiscalía General de la República. Esto podría no ser casual, formaría parte de la petición de las autoridades estadounidenses al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que las otras ramas de las fuerzas armadas, como la Marina, regresen a tareas de combate al narco como lo hicieron en el pasado reciente.
Lo que más llamó la atención de lo sucedido a principios de semana, fuera de que un general de brigada resultara herido en el pie en el primer aseguramiento, fue que los vuelos estaban en el espacio aéreo de los aeropuertos de Chetumal y Cozumel que están controlados por agentes de la extinta Policía Federal que forman parte de la llamada “hermandad segunda generación”, una cofradía de uniformados algunos de ellos acusados de vínculos con el narco, cuya red se analizó en este espacio el año pasado.
Ambos golpes al tráfico de drogas tienen una lectura geopolítica, muy distinta al discurso oficial de que se afecta a tal o cual organización. Se trata de cómo la ruta aérea del Caribe ya no solo inicia en las zonas tradicionales de cultivo y procesamiento de cocaína, sino que involucra territorio argentino, más distante y menos monitoreado.
El involucramiento de ciudadanos de nacionalidad boliviana, como sucedió en el segundo vuelo incautado, involucra un país con el que México de momento no tiene buenas relaciones diplomáticas.
¿Cuántos vuelos más como estos habrán logrado concretarse? No se sabe con precisión, lo que sí se puede anotar es que Bolivia y Argentina irrumpen como territorios alternos a los países donde la DEA ha priorizado su intervención.
Ambos vuelos tenían en común haber salido de la provincia de Salta, al norte de Argentina
