En Tamaulipas, el Partido Acción Nacional es predominante en el Gobierno del estado, las alcaldías y en las diputaciones locales, mientras que Morena detenta la mayoría de las diputaciones federales y las dos senadurías, lo cual refleja responsabilidades compartidas entre dos corrientes políticas no solo distintas, sino hasta encontradas. Pero ¿acaso esa circunstancia debe ser impedimento para que haya una armonía de acción que tenga como objetivo común el bienestar de la ciudadanía?
Lamentablemente parece que así es. Hasta donde se percibe, no hay una sinergia entre los diferentes ámbitos de competencia para atender los reclamos populares y resulta evidente que se sobreponen los criterios políticos y partidistas a la función pública.
Gobierno del estado, alcaldes, legisladores locales y federales, así como los senadores, tienen facultades y obligaciones perfectamente definidas. Y el espíritu de la ley los contempla como círculos entrelazados entre sí con una misión coincidente que es atender las necesidades sociales.
En teoría, las posiciones de partido deben olvidarse cuando cada instancia se legitima con los resultados electorales. Cada quien recibe un mandato específico que se complementa con los de los demás.
Pero en los hechos cada quien jala por su lado.
No hay signos de que los senadores, por ejemplo, que son los representantes del estado ante el congreso de la unión, mantengan una comunicación constructiva con el gobierno estatal. No. Y hasta parece que uno de esos representantes populares está más interesado en conseguir la candidatura de Morena al gobierno estatal, que en desempeñar el papel que legalmente le corresponde.
Los diputados federales de Morena, que representan a poblaciones distritales, tampoco dan muestras de buscar la coordinación con los alcaldes panistas para la consecución de objetivos que nada tienen que ver con las posiciones políticas y sí, mucho, con programas de trabajo que mejoren las condiciones de cada municipio en términos urbanos y de asistencia social.
Pero tampoco las instancias estatales parecen dispuestas a tomar en cuenta a quienes no forman parte de la fuerza predominante en la entidad. No puede haber logro que pueda atribuirse a quien no pertenezca al grupo en el poder, pues eso iría en detrimento de proyectos a futuro.
Que se sepa, no hay encuentros frecuentes, acuerdos e intercambios de información entre la actual diputada federal por Tampico y el alcalde en funciones. En el distrito que comprende Ciudad Madero y Altamira, no se ve que el representante en la cámara baja trabaje codo con codo con los presidentes municipales, pese a que, en el caso de Madero, fueron electos bajo la misma bandera del Movimiento de Regeneración Nacional. Al parecer, el legislador tiene planes para cuya concreción es mejor no compartir medallas.
Así, se da una dispersión de acciones que le resta eficacia a la función pública. Pero esto no solo ocurre en nuestro estado, sino que se da a nivel nacional.
El presidente de la república descalifica un día sí y otro también a sus opositores políticos, mientras que estos, a su vez, le tunden por todos los medios desaprobando hasta que traiga los zapatos sucios, en una guerra de acusaciones no siempre fundadas pero que tienen el único cometido de ensuciar al contrario.
Pretender coincidencias absolutas es algo inalcanzable y más en política. Pero quienes se dedican a esta actividad debieran tener conciencia de que por encima de aspiraciones personales y discrepancias partidistas está el interés general, al que no le importan los colores sino que simple y sencillamente desea ser atendido, cosa que desgraciadamente no ha sucedido ni cuando el PRI estuvo en el poder, ni cuando el PAN tuvo su oportunidad ni ahora a más de un año de un nuevo gobierno.
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