HOMERO HINOJOSA
Medir la corrupción en todo el mundo se ha convertido en una buena práctica cada vez más recurrente.
Ya no solo se publican índices relacionados con el sector público. Aparecen cada vez más compañías y estudios que monitorean la corrupción a nivel empresarial y civil.
Nuestro país ha sido especialmente seguido y clasificado durante muchos años bajo el llamado Índice de Percepción de Corrupción (CPI), desarrollado por Transparencia Internacional.
El CPI publica cada año un reporte que presenta resultados con base en regiones y países de prácticamente todo el mundo. Sus mediciones iniciaron al alrededor de la mitad de los años 90´s y han sido referencia favorita de muchas instancias oficiales y particulares, así como de medios de comunicación.
Su metodología se basa en la realización de entrevistas a expertos en el tema de corrupción en cada país y la estandarización de sus resultados. El valor final del CPI es el resultado de un número entre 0 y 100, donde los números más bajos indican una peor percepción de corrupción en cada país y los más altos indican un mejor nivel.
México, por ejemplo, ha ido en notable retroceso en cuanto a corrupción a pesar de las declaraciones recientes de nuestro Presidente respecto a que ha mejorado.
Nuestro país registró en 2018 un valor de 28, con lo que se coloca en la posición 16 de los 20 países de América Latina. Es decir, seguimos muy reprobados con respecto al resto del mundo
La corrupción no solo se da en el sector público por estos días. Este tipo de males sociales alcanza y afecta cada vez más al sector empresarial. Según un estudio de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento (AMPEC) cada cuatro de cinco negocios que operan en México han sido participes o víctimas de algún acto de corrupción.
El giro de empresas es fácil de identificar: construcción, servicios inmobiliarios, siderurgia, vidrio, papel, hotelería y telecomunicaciones.
La corrupción en el sector privado ocurre en manejos de «plomería» fina en donde se sigue operando a nivel de prestanombres y empresas fundadas con expectativa de corta vida. El sector de la construcción sigue un “modus operandi” ya muy reconocido en este aspecto.
Lo más preocupante es que la corrupción también ya se da a nivel de sociedad, es decir, entre los mismos ciudadanos. Por ejemplo, hoy es común la venta de «plazas» y «cuotas» para trabajar de doctor, abogado o constructor en muchas de nuestras ciudades de la frontera norte.
Tal parece que la corrupción es un mal con el que nos hemos ya acostumbrado a vivir, un elemento esencial para que funcionen mejor las cosas y un fenómeno al que cada vez se le da menos importancia combatir en serio.
El problema no solo es grave, sino terminal. Erradicarla se antoja una tarea monumental que merece políticas y reglamentaciones que aun no figuran entre las estrategias que se están siguiendo en el presente. Urge ya la intervención de terceros independientes y neutrales para detectarla, actuar y fiscalizar.
Fuente: Expreso.press
