Tomando en cuenta que para el gobierno de Estados Unidos las organizaciones mexicanas de narcotráfico representan una de las mayores amenazas para su país, el contar con una lista de más de 10 ex funcionarios mexicanos relacionados al tráfico de drogas y al crimen organizado, no es tema menor
Javier Duarte, de Veracruz; Roberto Borge, de Quintana Roo; Tomás Yarrington, de Tamaulipas; César Duarte, de Chihuahua y Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad, son algunos de los ex funcionarios señalados por el servicio de investigación del Congreso estadounidense.
Tomando en cuenta que para el gobierno de Estados Unidos las organizaciones mexicanas de narcotráfico representan una de las mayores amenazas para su país, el contar con una lista de más de 20 ex funcionarios mexicanos relacionados al tráfico de drogas y al crimen organizado, no es tema menor.
Segùn el reporte del Congreso estadounidense, los 20 ex funcionarios que se encuentran bajo investigación han sido acusados de corrupción y otro tipo de crímenes cometidos que han llevado a algunos de ellos a la cárcel o a ser enjuiciados.
Estos son los más importantes funcionarios señalados por por el servicio de investigación del Congreso estadounidense:
TOMÁS YARRINGTON
Su ex pareja sentimental, un prestanombres, un supuesto enlace con el narco y la esposa de un coacusado testificarán en Estados Unidos contra el ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington.
El Gobierno de ese país recopiló sus testimonios y los usará en el juicio agendado para enero de 2020, en el que buscará fincarle cinco delitos.
«Sindy Chapa, quien tuvo tres hijos con Yarrington, testificará que colaboró con el acusado para defraudar a varios bancos estadounidenses en la obtención de préstamos», advirtió la Fiscalía.
Además, Eduardo Rodríguez Berlanga, alias «La Conga», confirmará ante el jurado que fue prestanombres para la compra de varios ranchos de Yarrington en Tamaulipas, en operaciones realizadas por su coacusado Fernando Cano Martínez.
Antonio Peña Argüelles, acusado en 2012 por fungir como enlace de Yarrington con el narcotráfico, también será testigo y «dará un panorama general de la corrupción y los presuntos pagos hechos al Gobernador por diversos grupos criminales», durante su mandato de 1999 a 2005.
Peña confirmará que un avión Pilatus para ocho pasajeros, comprado en 2005 por Premier International Holdings con un préstamo bancario de 2.5 millones de dólares, en realidad era para Yarrington.
La ex esposa de Cano, Sonia de Pau, dirá al jurado que tenían una empresa que usaba un sistema de contabilidad oculto, por el que pasaron cientos de miles de dólares para compras del ex Gobernador.
La Fiscalía reveló en la Corte para el Distrito Sur de Texas estos testimonios luego de Yarrington pretendió nombrar como su abogado a Chris Flood, quien previamente representó a otro involucrado en el mismo caso.
De 62 años, Yarrington fue extraditado a Estados Unidos el 20 de abril de 2018, luego de pasar un año preso en Italia donde fue detenido, y casi cinco años prófugo desde que la Corte ordenó detenerlo en 2012.
GENARO GARCÍA LUNA
El gobierno de los Estados Unidos afirma tener pruebas que documentan la presunta colaboración y complicidad del exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna con actividades del crimen organizado, desde que ocupó cargos públicos en 2001 hasta el año pasado, cuando ya vivía en Florida donde intentó ocultar sus presuntas acciones delictivas.
Se trata de una investigación iniciada mucho antes de que se hicieran públicos los supuestos sobornos que habría recibido el exfuncionario en el publicitado juicio contra el Chapo en Nueva York.
Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública de México (2006-2012) durante el gobierno de Felipe Calderón, cuya administración tuvo como eje la guerra contra el narcotráfico. Ahora, la justicia de EE.UU. lo acusa de tres cargos de conspiración para traficar cocaína y un cargo por realizar declaraciones falsas.
De comprobarse en un juicio, las acusaciones significarían que la colaboración de García Luna con el narcotráfico como funcionario público ocurrió en los gobiernos de los expresidentes Vicente Fox y de Felipe Calderón, donde se desempeñó como Director de la desaparecida Policía Judicial Federal, Jefe de la Agencia Federal de Investigaciones, y finalmente Secretario de Seguridad Pública Federal.
JAVIER DUARTE
Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz Javier Duarte reveló a Ciro Gómez Leyva, que su detención fue pactada con el centro de inteligencia, Cisen, Gobernación y PGR. Dice incluso que pagó soborno al narco para que su familia no fuera detenida. Por medio de una carta a la Fiscalía se ofrece como delator de funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Ha dicho también a Gómez Leyva que su caso ya se cayó y que ya no existen pruebas para sustentarlo.
“Me acusan de no haber hecho una entrega recepción del gobierno, cuando en 2016 no había una ley que lo exigiera», expresa Duarte.
Afirma además, que pagó una extorsión a Elías Beltrán de PGR para reducir condena y asegura que Enrique Peña Nieto le dio el dinero con el que pagó a funcionarios de la Procuraduría General de la República para reducir sus cargos.
Y remarca que el supuesto pago también fue para que no involucraran a su familia. «Fue una negociación (la captura), en donde me dijeron «te tienes que entregar antes de la elección del Estado de México, porque de lo contrario no va a funcionar. Y a cambio dejamos a tu familia en paz y tú te entregas’», dijo Javier Duarte.
EUGENIO HERNÁNDEZ
El exgobernador del PRI en Tamaulipas (2005-2010), Eugenio Hernández, apenas el año pasado vino a México para votar por el priista Baltazar Hinojosa.
Sin embargo, Hernández Flores es buscado por la DEA en los Estados Unidos por la presunta operación de un sistema de lavado de dinero de 30 millones de dólares en el país vecino, donde se le involucra con la delincuencia organizada.
La Administración para el Control de Drogas señala que si es declarado culpable de la conspiración de lavado de dinero, Hernández enfrentaría hasta 20 años de prisión federal y una multa de al menos 500,000 dólares.
JORGE TORRES LÓPEZ
Un gobernador que también duró poco tiempo en su cargo. Se hizo de la gubernatura interina de Coahuila de enero a diciembre de 2011, al sustituir al también indiciado Humberto Moreira.
A principios de octubre, Vanguardia publicó que Torres López desistió de tramitar un amparo para impedir su traslado, con lo cual daba vía libre para que se cumpliera el proceso solicitado por EU.
Carlos A. Solís, uno de sus abogados en San Antonio, comentó a la agencia AP que su cliente decidió viajar a EU con el fin de “limpiar su nombre”.
Torres López es acusado de tres delitos financieros por la justicia estadounidense: lavado de dinero, asociación delictuosa para cometer fraude bancario y asociación delictuosa para cometer fraude mediante transferencias electrónicas, por un monto cercano a los 8.8 millones de dólares.
La Federación Interamericana de Derechos Humanos con sede en París, solicitaron que previo a la extradición del exgobernador interino Jorge Torres López, sea juzgado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de desaparición, tortura y homicidio.
A través de su posicionamiento, la FIDH consideró que antes de su extradición, el exgobernador interino debe ser juzgado en México, toda vez que pudo estar involucrado en dichos crímenes considerados como de lesa humanidad.
“Permitir que Torres López sea extraditado a Estados Unidos constituye una afrenta a los numerosos familiares de los centenares de desaparición forzada que ocurrieron en el 2011 en Coahuila. Ellos esperan que se haga justicia y poder acceder a la verdad sobre estos crímenes que constituyen crímenes de lesa humanidad”, posicionó la FIDH.
FAUSTO VALLEJO
El exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, es investigado por las procuradurías General de la República (PGR) y General de Justicia de Michoacán (PGJ), por el desvío de más de tres mil 759 millones de pesos.
Silvia Estrada, secretaria de la Contraloría del Estado de Michoacán, reveló que este martes 17 de enero fueron presentadas 10 denuncias penales en la PGR y PGJ por delitos de peculado, fraude y abuso de atribuciones de el priista, de acuerdo con Noticias MVS.
Fausto Vallejo, abanderado por el PRI, ganó la elección estatal del 2011 y rindió protesta como gobernador el 15 de febrero del 2012. Tras acusar problemas de salud renunció en junio del 2014 por lo que el Congreso del Estado nombró como gobernador sustituto a Salvador Jara, entonces rector de la Universidad Michocana.
Vallejo ha sido señalado de tener nexos con Los Caballeros Templarios, al igual que los otros dos exmandatarios morelenses Jesús Reyna y Salvador Jara.
ROBERTO SANDOVAL
Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, a quien el gobierno mexicano le congeló sus cuentas bancarias por supuestos vínculos con el narcotráfico, este lunes negó haber recibido dinero del crimen y afirmó que él y su familia solo tienen 300 mil pesos (15 mil 658 dólares) en el banco.
«Nunca recibí dinero del narcotráfico. Lamentablemente meten a mi familia, a mi hijo, a mi hija, muchachos que están saliendo adelante, que no tienen nada que ver. Mi esposa es maestra», dijo Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en una entrevista con la emisora Radio Fórmula.
Añadió que cuando las autoridades revisen sus cuentas bancarias «van a ver que no tenemos más de 300 mil pesos entre todos», y que las cuentas y propiedades que se dice tiene en Estados Unidos «no existen».
Declaró que en sus años como alcalde de Tepic (2008-2010) y gobernador de Nayarit (2011-2018) nunca tuvo señalamientos en su contra hasta la caída del fiscal Édgar Vieytia, arrestado en Estados Unidos en 2017 y quien en enero pasado se declaró culpable de distribución internacional de drogas en la corte federal de Brooklyn, Nueva York.
CÉSAR DUARTE
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, denunció que César Duarte pactó con el crimen organizado la seguridad en algunas zonas del estado para tener “paz temporal”.
Según explicó Javier Corral, Duarte logró detener la inseguridad pactando con los cárteles de las drogas, los cuales pretendían repetir en esta administración la práctica.
En conferencia de prensa en Ciudad Juárez, mencionó que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), tenían conocimiento de que existían zonas donde ellos no entraban para trabajar porque estaba acordado con los cárteles.
A su vez, manifestó que grupos criminales intentaron un acercamiento con él para continuar con la misma manera de trabajo, sin embargo, dio a conocer que su actual gobierno no negociará con ningún grupo delictivo.
ROBERTO BORGE y FÉLIX ARTURO GONZÁLEZ
Tras las declaraciones de Jesús Reynaldo “El Rey” Zambada Garcia, hermano de Ismael “Mayo” Zambada, como testigo colaborador en el proceso contra Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera, ex líder del Cártel de Sinaloa, salieron a relucir diversos nombres de gobernadores mexicanos involucrados en el narcotráfico, dos de ellos fueron los de Félix Arturo González Canto y Roberto Borge Angulo, ex mandatarios de Quintana Roo, por lo que van a ser llevados al banquillo de los acusados, para declarar en el llamado “Juicio del Siglo”.
De acuerdo con Sol Quintana Roo, Zambada reveló ante el juez Brian Cogan, de la Corte de Brooklyn, Nueva York, los millonarios sobornos que hacia el narcotraficante a gobernadores de 10 estados; Entre ellos a los de Quintana Roo, donde operaba libre e impunemente el Cartel de Sinaloa, a través de Leticia Rodríguez Lara, “Doña Lety”; una ex agente de la desaparecida Policia Federal que se convirtió en la jefa del Cártel de Cancún, incluso eran vecinos en Cancún en un complejo departamental.
“El Rey” Zambada habló sobre las operaciones del Cártel de Sinaloa, bajo el mando de Guzmán Loera y de su hermano, Ismael “El Mayo” Zambada García, señalando que la estrategia era el pago de millonarios sobornos a funcionarios, militares, policías y a gobernantes.
En el juicio se mencionó que había políticos en Quintana Roo, a los que sobornaban para que los dejaran trabajar y quien era la jefa de la célula del Cártel de Sinaloa que operaba en Cancún, era Leticia Rodríguez Lara “Doña Lety”, quien está vinculada a proceso por delitos contra la salud, y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
La mujer fue la líder de lo que denominó “El Cártel de Cancún” y comenzó a operar desde 2005, cuando Félix Arturo González Canto asumió el poder y se prolongó hasta 2016, luego de que Roberto Borge Angulo sucedió al anterior.
Su bastión fue la localidad de Alfredo V. Bonfil, pero se extendió a los municipios de Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Tulúm y no hubo quien la molestara mientras duraron las gestiones de González Canto y Borge Angulo.
Fuente: Vanguardia
