Por Oscar Díaz Salazar
El Instituto Tamaulipeco de la Vivienda Urbana, ITAVU por sus siglas, es un organismo público descentralizado del gobierno de Tamaulipas, del que no podemos afirmar que nos hayan dado más de lo mismo, con la llegada del gobierno panista, si acaso es válido decir que nos ofrecieron menos de lo mismo, en los tres años que lleva el PAN en el gobierno estatal.
Hay una parálisis en la dependencia creada como evolución y fusión de organismos similares, como el SIPOBLADURT (Sistema para la Integración de la Población al Desarrollo Urbano de Tamaulipas) y el ITAVU original, y que se encarga entre otras tareas de dotar de suelo urbanizado (con los servicios básicos) a los tamaulipecos de bajos recursos, de crear, adquirir y administrar reservas territoriales para diferentes propósitos, de implementar programas de mejoramiento de vivienda y de vivienda progresiva y de regularizar la tenencia de la tierra.
La inoperancia del ITAVU se refleja en indicadores como la demora de más de un año para tramitar una escritura, reconocido por un Delegado del norte de estado; el récord de solo cinco escrituras en los tres años, de una Delegación de la zona conurbada y parece que en esa misma lógica se entiende la renuncia (extraoficial) de la Delegada en Reynosa, Migdalia López Hinojosa.
Lo más relevante que se le podría acreditar al ITAVU, aunque otros se colgaron la medalla (Unidos por Tamaulipas), es el programa para pintar de azul a centenares de viviendas de los sectores populares de varias ciudades de Tamaulipas.
Tampoco son para presumir las gestiones que para escriturar, regularizar y fraccionar se hacen «como si fueran del ITAVU», cuando en realidad son negocios de terratenientes urbanos, que evaden las obligaciones que estipula la ley para los fraccionadores.
Me parece que el gobierno estatal ha elegido el peor de los caminos en el tema de los asentamientos humanos irregulares, pues ni se aplican en remediar la anarquía, aceptando la realidad de las colonias que existen de hecho, aunque no de derecho; ni se deciden a corregir las invasiones a derechos de vías de canales, lineas eléctricas, caminos rurales, rios, aeropuertos, lagunas, líneas del ferrocarril, etc,
Para liberar derechos de vías y clausurar las colonias ubicadas en lugares no aptos, por ejemplo las zonas de amortiguamiento y protección de avenidas extraordinarias del río Bravo, se tendría que ofrecer una alternativa a quienes ya residen en esos lugares, por lo que habría que contar con un terreno o reserva territorial apropiado. Pero resulta que el ITAVU tiene años sin vender terrenos.
En el caso del ITAVU aplica perfectamente aquella crítica que se hacía al Senado de la República, en los tiempos de control absoluto del PRI, y que consistía en una simple pregunta, y una pregunta adicional que implica una respuesta sugerida.
¿Qué hacemos con el ITAVU?
¿Lo rifamos?
¿Y qué hacemos con su Director Salvador González?
