JAVIER APARICIO
¿Evo Morales debió buscar una tercera reelección? Considero que no debió hacerlo a costa de quebrar la Constitución que él mismo promulgó años antes.
Hace tres semanas dediqué esta columna a las elecciones presidenciales de Bolivia del 20 de octubre pasado. De entonces a la fecha la situación ha evolucionado de la peor manera posible. En aquella semana analicé cómo fue posible que Evo Morales llegara a las boletas electorales presidenciales con miras a un cuarto mandato –cuando la Constitución se lo prohibía– y por qué el resultado electoral era tan controversial a pesar de que tenía una ventaja de 10.57 por ciento. De ratificarse el resultado, ese medio punto porcentual lo libraría de una segunda vuelta.
El domingo 10 de noviembre, la OEA presentó los resultados preliminares de su auditoría sobre la elección. Por acuerdo con el gobierno, las conclusiones de este informe eran vinculantes. Dado el cúmulo de irregularidades detectadas, la auditoría recomendó que se repitieran las elecciones y que, para darle credibilidad, el proceso debería ser organizado y vigilado por nuevas autoridades electorales. Esa misma mañana, el presidente Morales anunció que se convocaría a nuevas elecciones en los términos de la auditoría. No era una salida ideal, pero dadas las circunstancias, era una salida que se antojaba aceptable. Por desgracia, a las pocas horas, el presidente fue forzado a renunciar de su cargo por las fuerzas armadas, es decir, ocurrió un golpe de Estado, el peor escenario posible.
Visto en retrospectiva, el menú de opciones que se dejó atrás era bastante amplio y sensato. En algún momento de su tercer mandato, Evo Morales pudo haber decidido no buscar la reelección, o bien, aceptar los resultados del referéndum que perdió—cualquiera de esos anuncios le hubiera garantizado un lugar en la historia como un gran presidente demócrata.
Obviado este punto, se pudieron haber organizado elecciones más limpias, no interrumpir el flujo preliminar de datos, etcétera.
Ante la controversia de la primera ronda, se pudo haber realizado un recuento de casillas para, en su caso, ir a una segunda vuelta o bien ratificar el resultado inicial. Ante las crecientes protestas y manifestaciones, se pudo haber anulado la elección antes del 10 de noviembre. Ante la presión de la oposición, Morales pudo haber anunciado que se repetirían las elecciones sin que él apareciera en la boleta. Pero como el hubiera no existe, todas esas opciones se quedaron en el camino.
Ante la gravedad de las circunstancias, es de suma importancia distinguir dos discusiones relacionadas, pero distintas. Una, sobre el resultado electoral propiamente dicho y otra, sobre el golpe de estado en Bolivia. La cuestión electoral implica dilucidar, entre otras cosas: ¿Evo Morales debió buscar una tercera reelección? Considero que no debió hacerlo a costa de quebrar la Constitución que él mismo promulgó años antes. Al insistir en ello, pasó de ser un presidente democrático a un presidente que jugaba con el llamado autoritarismo electoral. No está en disputa si Morales ganó la primera ronda. Lo debatible es si consiguió una ventaja de más de 10 puntos en la primera ronda de la elección, dado que la OEA y otros actores han cuestionado el resultado.
Sin embargo, considero que esa discusión ha sido superada por el golpe de Estado. ¿Las posibles irregularidades electorales justifican un golpe? Desde luego que no: las fuerzas armadas no pueden considerarse un tribunal electoral confiable. ¿Las fuerzas armadas tienen la legalidad o legitimidad para deponer a un presidente que acababa de convocar a nuevas elecciones extraordinarias? No. Una vez depuesto, ¿puede una minoría legislativa asumir el poder, apoyada por las fuerzas armadas golpistas? De facto, puede hacerlo, pero es un atropello. ¿Este golpe rompió el orden constitucional boliviano, de suyo lastimado? Absolutamente.
Evo Morales causó en gran medida esta crisis. Pero el desenlace reciente es más grave e inaceptable. En una situación límite, los votos importan porque confieren legitimidad: el golpe removió a un presidente que tuvo 47 por ciento de votos –con asegunes, si gustan–, para entregarle el poder a un grupo que sólo obtuvo 36 por ciento de votos y tiene una minoría legislativa.
La tragedia del autócrata electoral no es tanto la humillación de ser removido por quienes le juraron lealtad, sino en exponer al mismo pueblo que por años lo premió en las urnas a una crisis sin precedentes: una traición al pueblo.
Fuente: Expreso.press
