CARLOS RAMÍREZ
Enfriados los ánimos sobre lo ocurrido en Culiacán el 17 y 18 de octubre, cuando menos hay tres puntos a analizar:
1.- No falló el Estado, sino que se trató de un operativo fallido que debe responder a cuando menos tres preguntas: quién lo ordenó y con ello rompió con la estrategia de paz y de no persecución de capos del presidente López Obrador; qué beneficios esperaban con el arresto del hijo de El Chapo; y si la estrategia regresó al modelo de Calderón y Peña Nieto.
2.- El gabinete de seguridad demostró ser un organismo inoperativo en tanto que funciona sin reglas administrativas ni de responsabilidad y con tres funcionarios a nivel de pares con áreas muy delimitadas de actividad y funcionamiento. A ese gabinete le falta un consejo de seguridad interior que procese las decisiones colegiadas y que sirva de control de operativos. Se trataría de una junta de estados mayores que en la actualidad funciona, pero sin reglas de funcionalidad.
3.- Al Estado le corresponderá cambiar el enfoque de la narrativa de que “los narcos mandan”. La respuesta violenta del Cártel de El Chapo mostró movilidad, pero no pudo cambiar la percepción de que el Estado sigue con una capacidad superior de fuerza y de combate. Las fuerzas armadas han diezmado a los cárteles y la autoridad del Estado logró entregar a El Chapo a los EE. UU. donde fue condenado a cadena perpetua. Al día siguiente de la crisis, la ciudad regresó a la estabilidad: el gobernador sinaloense Quirino Ordaz Coppel aumentó sus actividades, se reunió con sectores productivos y el domingo participó en una rodada de bicicleta, mientras los narcos regresaron a sus cuevas clandestinas a vivir a salto de mata.
Lo que debe venir de inmediato es una reorganización del funcionamiento del gabinete de seguridad y la necesidad de que el presidente de la república cuente con un estado mayor militar para emergencias. En la presidencia no existe una logística de seguridad nacional-interior-pública para casos de emergencia. Si López Obrador no quiere revivir la flota aérea presidencial, tiene a la mano aviones de la Fuerza Aérea que lo pueden no sólo desplazar, sino que están equipados con infraestructura para un jefe de Estado en un sistema presidencialista aún más centralizado.
Hasta ahora, la estrategia de seguridad descansa en las definiciones de políticas realizadas por el presidente de la república y el gabinete de seguridad cómo instancia de evaluación de ambientes de inseguridad y proposición de decisiones. Pero todo aparato de seguridad debe contar con un mecanismo institucional de seguimiento de operativos conjuntos.
La centralización de la seguridad en la figura presidencial ayudó cuando menos a tranquilizar a la sociedad: una persona se hacía responsable de pensar todos los días en el principal problema social del país. Pero no es lo mismo una responsabilidad política centralizada, que una estructura de seguimiento y evaluación de operativos.
Los secretarios de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana son los responsables operativos de las decisiones tomadas por el presidente de la republica; en el caso del hijo de El Chapo, el presidente apoyó la decisión de liberarlo para disminuir la violencia creciente contra familias de soldados.
Pero punto central de la crisis del 17 y 18 de octubre radicó en la decisión de ejercer una orden de aprehensión con fines de extradición en una fase importante de la estrategia de pacificación y de la orden presidencial de no perseguir capos porque esa persecución era la responsable del numero de muertos. No se conocen las razones para regresar a la estrategia de Calderón y Peña Nieto, cuando menos en el caso del hijo de El Chapo. Y se ignora si seguirán Ismael El Mayo Zambada y Nemesio Oseguera El Mencho, entre otros de la lista negra de jefes del crimen organizado.
El replanteamiento de la estrategia de seguridad –aún si sigue siendo la misma– es urgente para dejar en claro si el gobierno va a reactivar la persecución de capos con todos los efectos negativos de esa decisión ya conocidos. Los ciudadanos y los analistas desconocen las razones que existieron para dar un golpe de timón a la estrategia de paz y para un operativo fallido que envió un mensaje a los cárteles y a los capos en el sentido de que se estaría terminando esa especie de pacto de no agresión.
La fuerza hegemónica del Estado no se demuestra con el ejercicio de la represión a criminales, sino en la articulación de estrategias para combatir organizaciones criminales sin poner en peligro a la ciudadanía.
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Operativos fallidos. El saldo negativo del operativo contra el hijo de El Chapo forma parte de decisiones de gobierno tomadas con apresuramiento y con afanes de lucimiento. Casi todos los expedientes contra la corrupción de funcionarios del gobierno de Peña Nieto son mediáticos y no procesales. Los arrestados son charalitos y existe la posibilidad de que Rosario Robles salga de la cárcel porque su acusación fue inflada. Lo grave de todo es que si hubo una corrupción sin precedentes en el sexenio anterior, pero sin poder probarse en tribunales.
Política para dummies: La política es el arte de las equivocaciones… y de las justificaciones.
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