En el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, la dependencia detalla que México se ubicó como el país mejor evaluado en América Latina y el segundo incluyendo El Caribe en el desempeño del gobierno en la lucha contra la corrupción
CIUDAD DE MÉXICO
Através de la implementación de cinco ejes, la Secretaría de la Función Pública (SFP) busca erradicar la corrupción y la impunidad, además de logra una reestructuración.
De esta forma, la dependencia pondrá especial interés en impulsar la austeridad republicana, la fiscalización y evaluación; además de ciudadanizar el combate a la corrupción y la impunidad, relanzar el Servicio Profesional de Carrera, democratizar las tecnologías y proteger la denuncia y a los alertadores internos.
En el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, la SFP destaca que se redujeron los sueldos y salarios de los mandos entre 12 y 47 por ciento, además, subraya que hubo limitaciones en los gastos superfluos y una disminución del 30 por ciento el costo de las estructuras de apoyo de altos funcionarios.
Resalta, además, la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley Federal de Austeridad Republicana.
En el documento precisa que elaborará normas para proteger a los alertadores internos y fomentar la denuncia, así como el desmantelamiento de redes de corrupción.
Respecto al combate a la impunidad, la SFP detalla que del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de este año se resolvieron 812 expedientes de inconformidades.
Además, impuso multas por mil 432 millones de pesos en materia de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas, y estableció la inhabilitación de más de 100 empresas.
En la Glosa remarca que se incrementó la productividad y se redujo el tamaño de la SFP, al pasar de mil 560 plazas a mil 217.
Detalla que México se ubicó como el país mejor evaluado en América Latina y el segundo incluyendo El Caribe en el desempeño del gobierno en la lucha contra la corrupción.
Ha establecido convenios con diversas instituciones y dependencias nacionales y extranjeras, como la Secretaría de Bienestar, el Instituto Nacional Electoral y ONU-Mujeres, entre otras.
Además, mantiene una agenda legislativa con las leyes General de Responsabilidades Administrativas, del Servicio Profesional de Carrera, de Alertadores de la Corrupción y de Conflicto de Interés.
Fuente: Excelsior
