Salva juez a mujer de Tamaulipas de pagar deuda de un muerto que la SHCP creía vivo

Por David Zárate Cruz

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó el embargo y puesta a la venta de la vivienda de una mujer de Matamoros, cuyo esposo había muerto, pero la dependencia federal dio por hecho que se estaba escondiendo para no pagar un crédito fiscal al que le dio vista la aduana, por lo que el Poder Judicial Federal tuvo que intervenir para protegerla del despojo.

Ante la presunción de que el deudor quería evadir el pago de un crédito fiscal porque nunca lo encontraban en su domicilio, la SHCP notificó en estrados que se decretaba la orden de embargo de un inmueble (la vivienda), afectando a la esposa del presunto omiso a pagar.

Ajena a todo, la mujer de Matamoros se enteró del procedimiento ya cuando iban a poner en venta su casa, de la que era copropietaria pues se había casado por bienes mancomunados con su esposo, que había muerto un año antes de que la SHCP presionara para pagar dicho crédito.

Ya casi perdida la casa, la mujer buscó ayuda y fue cuando se enteró que el actuario que buscaba en casa al deudor para hacer las notificaciones nunca reportó lo que ella le había informado: que su esposo tenía mucho tiempo desaparecido y que de acuerdo con la ley ya hasta había sido declarado oficialmente muerto.

Sin esa información clave, un año después de la declaración oficial de muerte, la SHCP le notificó por estrados al presunto “vivo” que le embargaría y remataría sus bienes para cobrarse el crédito fiscal.

Ya en defensa de la tamaulipeca, mediante la sentencia  194/2019 el Poder Judicial Federal otorgó el amparo, anulando la parte que le afecta a ella.

El Juez Francisco Javier Cavazos Argüelles, del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas (en Matamoros), determinó que el actuario responsable, al no haberse cerciorado correctamente de que en el domicilio donde pretendía practicar la notificación personal del contribuyente no sería localizado porque ya había fallecido, es claro que violentó las garantías de legalidad y seguridad jurídica y, por ende, la de audiencia, previstas en el artículo 14 constitucional.

El 5 de mayo del 2019, la mujer acudió ante el Poder Judicial Federal en Matamoros para presentar demanda en contra de la Aduana, de la Administrador Local de Recaudación  de la SHCP y del Instituto Registral y Catastral, por la falta de notificación al procedimiento administrativo vinculado a créditos fiscales; así como la inscripción de embargo del inmueble.

El Juez señaló que mediante resolución de 6 de abril de 2016, dictada por el Juez Primero Familiar de Matamoros, en el expediente 982/2013, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria, el notificado fue declarado presuntamente muerto desde el 2 de mayo de 2013, esto es, más de un año con anterioridad a la fecha plasmada en la diligencia de notificación por estrados de 7 de abril de 2014, en la que se notificó la resolución relativa a los créditos fiscales.

El Juzgado otorgó el amparo para que las responsables levanten el embargo decretado sobre el inmueble, dentro de los autos que integran el procedimiento de origen y, como consecuencia de ello, no se lleve a cabo el remate del mismo, única y exclusivamente respecto del porcentaje que por ley le corresponde a la peticionaria del amparo, por haber quedado debidamente demostrado que es copropietaria.

Fuente: Gaceta