Por: Víctor Piz
El gobierno federal está decidido a combatir la corrupción en México mediante un nuevo sistema de contrataciones públicas, donde una pieza clave es la compra consolidada de medicamentos y material de curación.
El propósito es transitar hacia un sistema más abierto y transparente para obtener mejores condiciones de precio y calidad, a partir de una mayor participación de proveedores.
La Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Raquel Buenrostro y a quien se le encomendó la tarea, ha encontrado mucha resistencia a la compra consolidada de medicamentos, que en este año ha generado ahorros por 5 mil 466 millones de pesos, equivalentes a 20 por ciento del precio.
El cambio que se busca es fuerte, porque no sólo es comprar los medicamentos de manera consolidada, sino capacitar a los médicos para que revisen sus tratamientos terapéuticos y receten nuevos fármacos a sus pacientes.
El diagnóstico del gobierno es que en prácticamente todas las especialidades médicas hay monopolios o los proveedores de los medicamentos operan como “cártel”.
En la 4T se cree que hubo una “privatización subrepticia” del sistema de salud del país, que dejó al gobierno sin capacidad de respuesta y que permitió la formación de monopolios y oligopolios.PUBLICIDAD
Tan es así que mil 400 laboratorios estaban “sometidos” por siete distribuidores de medicamentos, de los cuales tres son los preponderantes del mercado.
El gobierno quiere romper ese sometimiento de la industria y por eso planteó una licitación de fármacos y una de distribuidores.
Las prioridades son garantizar el abasto de medicamentos en el país, así como emitir alertas sobre cualquier reacción adversa o mal comportamiento de un fármaco.
No se puede ni debe permitir que circule un medicamento de mala calidad que ponga en riesgo la salud de las personas.
Un caso reciente es el del medicamento metotrexato para combatir el cáncer, donde el único laboratorio que lo producía en México es PiSA, al que en mayo la Cofepris le suspendió la línea de producción por no contar con el certificado vigente de buenas prácticas de fabricación.
PiSA decía tener en inventario 17 mil unidades de producto supuestamente estériles, lo cual significa que no están contaminadas.
No sacó las dosis al mercado, porque presuntamente quería que la Cofepris liberara los permisos para que pudiera volver a comercializar el producto, pero el laboratorio no mostró intención ni voluntad de resolver el problema sanitario.
En el gobierno se cree que hubo un desabasto deliberado o “inducido” del metotrexato, por lo que para subsanar la demanda del fármaco se buscaron proveedores nacionales con registro sanitario.
Hay seis en México, pero ninguno lo estaba produciendo, por lo que se adquirió en Francia. Se compraron 38 mil 200 unidades al laboratorio Mylan, que ofreció al gobierno mexicano un buen precio y entrega rápida.
El medicamento llegó el sábado y estaba programado que ayer mismo quedara distribuido en todo el país.
El caso metotrexato es un botón de muestra de la importancia de poner piso parejo y transparente a los proveedores de medicinas.
El gobierno afirma que no está para perjudicar a nadie, sino para quitar burocracias y vicios que había en administraciones anteriores frente a una industria que se acostumbró a caminar fuera de la ley.
No más chantaje, pues.
