López Obrador solicitó a un juez federal revocar la suspensión definitiva contra la construcción del Aeropuerto Internacional en Santa Lucía, con el argumento de que las Instalaciones Estratégicas de la Sedena son de interés nacional.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), solicitó a un juez federal revocar la suspensión definitiva contra la construcción del Aeropuerto Internacional en Santa Lucía (AISL), con el argumento de que las Instalaciones Estratégicas (espacios, inmuebles, construcciones, equipo y demás) de la Sedena son de interés nacional.
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que forma parte del colectivo #NoMásDerroches que ha promovido 147 juicios de amparo contra la construcción del AISL, informó que la Secretaría de la Defensa Nacional —dentro del juicio de esos amparos— pidió al Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, revocar la suspensión definitiva contra la construcción de dicha obra aeroportuaria, bajo tres argumentos:
- Que el proyecto del AISL se encuentra integrado como Instalación Estratégica, declarado así por el presidente López Obrador.
- Que la suspensión definitiva pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional.
- Que pone en riesgo la “protección y seguridad para todos los ciudadanos de la República” al impedir la aplicación del Plan DN-III-E.
Por ello, con el propósito de que se revoquen las órdenes judiciales, el Ejecutivo decidió invocar “el interés nacional” y decretar como Instalaciones Estratégicas todos los espacios, inmuebles, construcciones, equipo y demás bienes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“¿Debemos entender que hasta el momento de solicitar la revocación peligraban la integridad, estabilidad y soberanía del Estado Mexicano? ¿Que de haber sucedido una emergencia el Plan DN- III-E no habría podido llevarse a cabo? ¿Que los amparos impiden los entrenamientos y operaciones militares en la Base Militar de Santa Lucía? ¿Que nadie se había dado cuenta de que para garantizar la seguridad nacional hacía falta catalogar los bienes de la Sedena como instalaciones estratégicas?”, se preguntó la organización Mexicanos Contra la Corrupción.
Argumentó que el aeropuerto militar en Santa Lucía existe desde hace casi 70 años, y los amparos promovidos no impiden su operación, únicamente la construcción del AISL hasta que se resuelva en definitiva el juicio.
“Esta suspensión no afecta ni la seguridad nacional, ni el interés social, ni el orden público. En todo caso, el proyecto de construcción no es todavía un bien y no puede ser declarado Instalación Estratégica. Más aún, si algún efecto tiene la suspensión de la construcción del AISL es precisamente proteger el orden público, el interés social, las finanzas públicas y el medio ambiente”, consideró MCCI.
La organización social expresó su preocupación en caso de que el Juez decida revocar la suspensión, porque “se lesionaría gravemente el derecho a un medio ambiente sano, la integridad y estabilidad de las personas que viven en las zonas aledañas a Santa Lucía, la vida y seguridad de los usuarios de las instalaciones aeroportuarias y cientos de miles de millones de pesos del erario.
“Peor todavía, generaría un precedente preocupante y sumamente negativo para la protección de los derechos fundamentales en México abriendo la puerta para que en futuras ocasiones se apele a la ‘seguridad nacional’ y el orden público con el fin de anular el derecho al amparo que tenemos los ciudadanos. El propio artículo 4° de la Ley de Seguridad Nacional indica que esta se rige por el respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales.
“El Poder Judicial de la Federación tiene la indelegable función de proteger a los mexicanos en contra de cualquier abuso por parte de las autoridades. Confiamos que el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México resolverá con imparcialidad, conforme a derecho y teniendo en cuenta, en todo momento, el bien común y los derechos de todos los mexicanos”, mencionó la organización.
Fuente: El Economista
