Por: Alberto Guerra Salazar
Cuando el PAN era oposición en Tamaulipas, exigía a los gobiernos del PRI no usar las cuentas públicas como arma de chantaje político, pero ahora que es gobierno, utiliza esa misma estrategia, para tratar de doblegar y vencer a quienes estigmatiza como sus enemigos, aún aquellos de su misma filiación partidista.
Eso no es novedad, porque así lo hizo Francisco García Cabeza de Vaca aún antes de tomar posesión como Gobernador del Estado, en octubre de 2016. Siendo apenas Gobernador electo, el panista le ordenó al Gobernador saliente, Egidio Torre Cantú, revivir las cuentas públicas de Nuevo Laredo y Matamoros, ya aprobadas, para dejarlas “en suspenso”.
Los respectivos presidentes municipales eran Carlos Enrique Cantúrosas Villarreal y Leticia Salazar Vázquez, también del PAN, como Cabeza de Vaca.
La novedad es que el presidente de la comisión de vigilancia de la auditoría superior del Estado, del Congreso local, Joaquín Hernández Correa, planteó ante los medios la posibilidad de que desaparezca este organismo revisor.
Reconoció el médico veterinario zootecnista, que la auditoria tamaulipeca no puede cumplir con su encomienda en tiempo y forma, debido a que carece del número suficiente de empleados.
Propone el hijo de La Quina, que desaparezca la auditoría superior del Estado y que sus funciones las haga la Auditoría Superior de la Federación, ASF, lo que es un verdadero disparate.
La ASF es el órgano auditor de la cámara federal de diputados, y de ninguna manera podría cumplir funciones que impliquen intromisión en una cámara local de diputados, por la simple razón de jurisdicciones, autonomía, independencia, soberanía.
Existen desde hace muchos años, convenios de colaboración entre la ASF y la auditoría superior del Estado, pero sólo para coordinación y colaboración en la fiscalización del gasto federal en Tamaulipas.
De hecho, nunca se puso en operación este convenio pues era sólo para evitar duplicidad de funciones.
Pero además, Joaquín Hernández Correa le hace al tío Lolo porque él sabe que no es la falta de suficiente presupuesto lo que impide que la auditoría superior del Estado cumpla sus funciones de dictaminar oportunamente las cuentas públicas, especialmente de Ayuntamientos, COMAPAS y del propio gobierno estatal.
Lo que falta es voluntad política para que esa dependencia haga su función revisora, pues si fuera realmente autónoma, estaría en manos de un contador público y no de un ingeniero mecánico electricista, como lo es su titular Jorge Espino Ascanio.
A propósito del Congreso local, el pastor panista saliente Glafiro Salinas Mendiola, rechazó de plano una propuesta de la bancada del PRI que buscaba revivir un programa de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, que almacenaba información al día de la incidencia delictiva por municipios, colonias, seccionales y barrios.
A través de este mapeo, los funcionarios conocían las rutas y zonas peligrosas donde debían concentrar sus estrategias de combate a la delincuencia. La propuesta tricolor incluía un mecanismo computacional para que cualquier ciudadano tuviera acceso a ese banco de datos, para conocer los mejores espacios de desplazamiento sin exponerse a situaciones de riesgo.
Salinas Mendiola alegó que costaría mucho dinero comprar ese equipamiento tecnológico y que además, la dependencia ya contaba con suficiente respaldo en la materia.
Este Glafiro es el mismo que hizo autorizar el decreto que privatiza el servicio gubernamental de video-vigilancia, a través del cual le pagarán 58 millones de pesos cada mes y durante seis años, a un particular, por el suministro de video-cámaras y la construcción de un C-5.
También siguen muy mal las cosas en la Secretaría de Salud pues los trabajadores recibieron sus sueldos mediante cheques bancarios pero sin fondos y transcurrieron hasta diez días antes de poder cobrarlos.
Gloria Molina Gamboa pasó otro trago amargo el viernes anterior, cuando le iban a hacer una manifestación en sus propias oficinas, por el incumplimiento en la entrega de becas de hijos de trabajadores.
Desactivó el movimiento de protesta cuando autorizó que se repartiera ese beneficio entre el personal sindicalizado. Pero además, le recordaron que ya venció la fecha del reparto de nuevos uniformes y no ha cumplido.
Gloria es la funcionaria estatal con el más alto número de quejas, exclamaciones, denuncias, inconformidades, reproches. Le sigue el titular de Educación aunque no se nota, porque ahora está de vacaciones.
A nivel nacional, Miguel Angel Osorio Chong vuelve a acaparar reflectores, ahora por el extraño episodio de la detención de una pareja que transportaba en la Ciudad de México, más de tres millones de pesos que juraron son propiedad del ex Secretario de Gobernación.
El ahora senador y coordinador de la bancada del PRI desmintió la versión, pero lo hunde el hecho de que el vehículo donde se desplazaba la pareja tiene placas del Estado de Hidalgo, donde Osorio gobernó, y que un empleado suyo, funcionario de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, trató infructuosamente de recuperar de la cárcel a la pareja.
Osorio Chong es el villano favorito de la temporada pues lo puso en el banquillo de los acusados el ex Gobernador jarocho Javier Duarte, además está raspado por la Estafa Maestra, los 96 mil homicidios de su plan anti-crimen y la sospecha de que sus hermanos se enriquecieron durante su mandato sexenal.
Eso, sin contar con que entregó por órdenes presidenciales, siete entidades federativas al PAN, en elecciones arregladas, incluida Tamaulipas.
El nuevo escándalo de Osorio nos hizo recordar el de Miguel González Salum, cuando detuvieron a un tipo en la ciudad de México por hacer disparos de arma y traer consigo mariguana y una credencial que lo acreditaba como auxiliar del diputado federal tamaulipeco. Además, el vehículo tenía placas de Tamaulipas.
“No lo conozco”, dijo Miguel, igual que lo hace ahora el chino Osorio respecto de la pareja con más de tres millones de pesos…
Otro episodio policiaco de rasgos extraños e increíbles ocurrió el fin de semana en Matamoros. Policías estatales persiguieron y balacearon a delincuentes que se transportaban en una camioneta Suburban, hasta hacerla chocar contra una casa.
Rescataron a una persona que llevaban a bordo secuestrada, atada de pies y manos y amordazada. Lo raro del asunto, es que los delincuentes bajaron del vehículo y escaparon corriendo. Seguramente los uniformados son tripones, porque supuestamente no les dieron alcance.
Y en Reynosa, el gobierno estatal, panista, asestó una brutal agresión contra el Ayuntamiento que encabeza la doctora Maki Ortiz Domínguez, al impedir la inauguración la Expo Feria 2019 mediante clausuras definitivas de las instalaciones.
El operativo corrió a cargo de funcionarios de COEPRIS y Protección Civil de Ciudad Victoria, que llevaban y cumplieron la consigna de instalar los sellos de clausura aún sin conocer los restaurantes, juegos mecánicos y otras instalaciones inmovilizadas.
Violaron la autonomía municipal porque los funcionarios usurparon la labor de agentes locales de ambas dependencias, sólo para cumplir venganzas políticas personales, causando cuantiosos daños económicos porque se trata de una Feria de particulares, no del gobierno municipal.
También en Reynosa, colectivos familiares que obligaron al gobierno estatal a secundarlos en la búsqueda de restos humanos, encontraron huesos en diferentes lugares, especialmente áreas suburbanas, que hacen suponer pertenecieron a personas secuestradas.
El periodista Salvador Aquino Rodríguez dejó de existir en Reynosa y su viuda Blanca Zumaya llora la pérdida y sus amigos y colegas le dan consuelo.
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