Los Hechos
José Ines Figueroa
Se ha dicho siempre, que la mejor inversión es los bienes raíces, porque, ordinariamente, no se deprecian, sino por el contrario, la plusvalía aumenta por encima de cualquier tasa, al ritmo del desarrollo del entorno.
El despliegue de la inseguridad dio al traste con tales máximas, pero aun al margen de la delincuencia “común”, hay otros casos emblemáticos por estos tiempos ensalzados.
La última sesión ordinaria del Congreso Local, celebrada el domingo, dejó constancia de uno de ellos, aunque los diputados locales no se dieron por enterados y aprobaron la moción, sin emitir opinión en sentido alguno.
“Los diputados saben que todo lo que les llega es para el beneficio de Tamaulipas y por eso otorgan su voto favorable”, me dijo uno de los asesores, cuando me pregunté en voz alta si habrían leído la iniciativa, el dictamen y abrevarían en su contexto.
“En criterio de esta comisión, queda plenamente acreditada la existencia física y jurídica del inmueble objeto de la presente acción legislativa, la propiedad que el Gobierno del Estado tiene sobre el predio, así como la legal existencia y normal desempeño de la administración estatal, y la importancia de la realización de la operación jurídica solicitada, todo ello con las documentales referidas con antelación”, rezó el dictamen aprobado por unanimidad.
Era la “servidumbre voluntaria” -enajenación- de una fracción del “Polígono Gob3” en el municipio de Altamira, por donde cruza y algunas instalaciones complementarias se harán, del Gasoducto Sur de Texas-Tuxpan, Veracruz la empresa Infraestructura Marina del Golfo.
Es un predio de larga historia y no pocas ramificaciones.
Groso modo, en 1981 fue expropiado por el gobierno federal, en el ´94 se donó al Gobierno del Estado para el Canal Intracostero cavazista, en 2001 YARRINGTON lo sacó a remate para recuperar parte de los gastos del frustrado proyecto, en 2 mil 2 lo compró FERNANDO CANO y en 2 mil 7 se lo vendió a ALBERTO BERLANGA.
En 2017, ya la actual administración estatal, entabló un juicio contra el ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, acusándolo de peculado y uso de recursos de procedencia ilícita, por las operaciones en relación al terreno de marras.
Los montos de esas operaciones en cada etapa fueron el principal argumento para pretender las irregularidades declaradas.
CANO con su empresa Materiales y Construcción Villa de Aguayo S.A. de C.V., compró a un precio de 87 centavos el metro cuadrado, pagando 14 millones de pesos, cuando el valor estimado ese año, era de 866 millones de pesos, según la autoridad enjuiciadora.
Cinco años después, BERLANGA, con GMC S.A. de C.V., de Altamira compró en 16 millones, cuando estimó la Fiscalía el valor real era de mil 054 millones de pesos.
El juez XII de Distrito, el 14 de octubre del año pasado concedió el amparo de la justicia federal a EUGENIO, indicando que el juez penal no había acreditado su relación con esas operaciones, pero BERLANGA, concedió en regreso al Estado la propiedad, para sacudir la acusación en su contra y la de su esposa, “únicamente”.
El “traspaso” lo firmó con el entonces secretario de Administración del Estado, hoy alcalde de Tampico, JESÚS NADER NASRALLAH y entonces ya el valor fijado rondaba la mitad de las cifras pagadas en su origen 15 años atrás: 6.4 millones de pesos.
El avalúo volvió a dar otro brinco ahora que se fijaron los cobros para la “servidumbre voluntaria” del gasoducto aprobada por los diputados.
