Por: Mauricio Fernández Díaz
Ciudad Victoria.- “Si les gustan los desafueros, aquí les va uno que los sorprenderá”, parece decirles Francisco García Cabeza de Vaca a los de Morena. Y sus palabras llevan veneno, porque la persona aludida no es otra que Úrsula Salazar Mojica, diputada local de la 4T y, principalmente, sobrina del presidente López Obrador.
Si el circo romano estuvo el año pasado en el Congreso de la Unión, donde reclamaban la sangre del gobernador, ahora se ha trasladado al Congreso Local de Tamaulipas y los verdugos exigen el sacrificio de la legisladora morenista y familiar de Andrés Manuel porque, se supone, nadie está por encima de la ley.
El expediente de desafuero ha llegado este lunes 9 de mayo a la 65 Legislatura para darle cumplimiento. Se requiere el voto a favor de dos terceras partes de los diputados locales, es decir 24, para aprobar la destitución; difícil, pero algunos morenistas suelen ir con el PAN.
El acusador, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, hace responsable a la diputada de una conducta criminal: “Realizó dos llamadas telefónicas los días 13 y 16 de noviembre de 2018 a un proveedor relacionado con un evento que se realizaría en el CONALEP Tampico, Tamaulipas, con la finalidad de que se pagara una factura y la petición de la imputada es que la factura le fuera incrementado un valor extra”. Se afirma en el expediente que la sobrina de AMLO exigía la devolución de ese diferencial, pagadero en su mano.
Pedir pagos o recompensas, como servidor público, constituye un delito: cohecho. Así tipifica el zar anticorrupción el comportamiento de la legisladora morenista. Por tal motivo, la Fiscalía General de Justicia del Estado quiere juzgarla como a cualquier ciudadano sin fuero. “Solicito la declaración de procedencia de Enjuiciamiento Penal en contra de la servidora pública Úrsula Patricia Salazar Mojica, quien actualmente se desempeña como diputada del H. Congreso del Estado de Tamaulipas”.
Es necesario subrayar un hecho: las pruebas del supuesto delito son una grabaciones telefónicas, publicadas anónimamente en internet, en las que se escucha la voz de una mujer, identificada por los acusadores como Úrsula, mientras negocia con una persona acerca de pagos y aumentos a facturas.
Si las grabaciones provienen de una fuente desconocida, es aceptable pensar que no fueron presentadas por la persona que aparece en la conversación con la diputada local.
Los hechos, supuestamente, se remiten al 2018, época en la que Úrsula Salazar Mojica trabajaba como jefa de Recursos Humanos y Finanzas de CONALEP Tampico. En efecto, la sobrina del presidente se desempeñó en ese cargo en el año indicado. Pero el asunto tiene aristas complejas , que pueden salírsele de control al gobierno de Tamaulipas.
La acusación contra la diputada local se sostiene únicamente de esas grabaciones. Pero, ¿de dónde salieron si nadie las llevó a la Fiscalía para denunciar los hechos? ¿Son legales aunque provengan de fuentes desconocidas? Sobre todo, ¿sirven de prueba en un proceso judicial si no se obtuvieron por orden de un juez?
De hecho, las grabaciones circularon primero en redes sociales, como si tuvieran el propósito de exhibir a Úrsula Salazar, un uso frecuente en esas plataformas, y sólo después de varios días las atrajo la fiscalía estatal.
Cabe preguntar si existe una violación al artículo 16 constitucional, que declara inviolables las comunicaciones privadas, salvo en el caso de que uno de los participantes las presente voluntariamente o medie una orden judicial.
La voz del audio es muy parecida a la de la sobrina de López Obrador pero ninguna opinión periodística puede validar la autenticidad de un archivo de sonido. Existen medios tecnológicos para ello, técnicas periciales y, bueno, la Fiscalía Anticorrupción, designada en el gobierno de Cabeza de Vaca, ha determinado que es auténtico.
Úrsula niega rotundamente que lo sea. “No es un audio que me corresponda, es falso completamente”. Ella, también, sin demostrar sus señalamientos, asegura que puede ser una grabación alterada. “Tú sabes bien que la tecnología puede hacer maravillas, para bien y para mal. Sabemos bien que se desgatan por fabricar este tipo de situaciones”.
Con la sospecha de utilizar un audio obtenido indebidamente, incluso violando la ley, Francisco García Cabeza de Vaca responde a la persecución en su contra con una persecución a una pariente presidencial. El reynosense ha llevado al extremo la Ley del Talión y le aplica al hombre más fuerte de México el “ojo por ojo y diente por diente”. Le manda también un mensaje retador, casi una invitación al choque. A su vez, ha desvanecido los rumores de una supuesta negociación para ceder el estado a cambio del perdón.
García Cabeza de Vaca, más que valiente, es temerario, y no duda en utilizar los recursos públicos estatales para defender sus propios intereses.
Quien sabe qué cálculos, qué ecuaciones o qué tramas ha urdido en su cabeza con el expediente judicial contra Úrsula Salazar Mojica. Venganza es poco saldo si de cualquier manera lo meten en prisión o a miembros de los Cabeza de Vaca. Por la rapidez del caso y la aceptación de los diputados panistas del juicio de desafuero, se nota una estrategia con un interés mayor al de combatir la corrupción.
Sin embargo, ¿qué pasaría si López Obrador decidiera no intervenir por su sobrina, si fuera un elemento sacrificable del movimiento (ella, sí; no es Pío ni su hijo José Ramón), ¿cómo reaccionaría el gobernador tamaulipeco si lo dejara actuar?
Quizás los cálculos de Cabeza de Vaca no contienen todas las cifras para predecir el resultado. ¿El Presidente meterá las manos siempre por sus familiares? Quién sabe.
En su toma de posesión, en 2018, ante la multitud, juró acabar con la corrupción gubernamental. “Sea quien sea, será castigado. Incluyo a compañeros de lucha, a funcionarios, a los amigos y a los familiares”.
