POR: JOSÉ LUIS MARTÍNEZ S.
l cartujo escucha a Andrés Manuel López Obrador: “No aceptamos que haya corrupción en el Poder Judicial. Somos respetuosos del Poder Judicial, pero cada vez que un juez libere (a un acusado) con elementos legaloides, de forma, no de fondo, que porque está mal integrado el expediente, lo vamos a denunciar, como se va a denunciar cualquier presunto acto de corrupción”.
Es imposible estar en desacuerdo en la lucha contra la corrupción en cualquier ámbito, sobre todo cuando afecta la impartición de justicia. Pero la declaración de AMLO va más allá de su contrariedad por la liberación de presuntos delincuentes, es otro golpe a la credibilidad del Poder Judicial, blanco frecuente de sus críticas y descalificaciones.
Como Presidente, López Obrador se ha pronunciado en reiteradas ocasiones contra el Poder Judicial y específicamente contra la SCJN, es parte de su estrategia para cooptarla; en ella cuenta ahora con dos incondicionales: Juan Luis González Alcántara y Yazmín Esquivel; en 2021 tendrá uno más cuando el ministro José Fernando Franco pase a retiro y él nombre a su sustituto. Poco a poco, actúa para imponer en el Poder Judicial sus ideas (para “purificarlo”), como lo hace en el Legislativo, mientras la oposición esconde la cabeza y solo de vez en cuando la asoma para lanzar un fútil graznido.
Las numerosas y documentadas objeciones a la iniciativa de Ricardo Monreal de crear en la SCJN una tercera sala especializada en asuntos relacionados con la corrupción llevaron a López Obrador a rechazarla. Pero si se llegara a crear, con cinco nuevos ministros nombrados por él, le daría el control del Poder Judicial, como en el esplendor de la presidencia imperial.
En Cómo mueren las democracias (libro comentado en la pasada homilía), Daniel Ziblatt y Steven Levitsky escriben: “Capturando a los árbitros, comprando o debilitando a los opositores y reescribiendo las reglas del juego, los dirigentes electos pueden establecer una ventaja decisiva (y permanente) frente a sus adversarios. Y dado que estas medidas se llevan a cabo de manera paulatina y bajo una aparente legalidad, la deriva hacia el autoritarismo no siempre hace saltar las alarmas. La ciudadanía suele tardar en darse cuenta de que la democracia está siendo desmantelada, aunque ello suceda a ojos vistas”.
El debilitamiento del Poder Judicial no conviene a nadie, en ninguna parte; sus decisiones deben ser analizadas por los expertos y discutidas por la opinión pública, pero es importante fortalecerlo y garantizar su independencia, aunque no le guste al titular del Ejecutivo ni a sus seguidores ni a sus acólitos en el Legislativo.
Una idea alocada
En días recientes, el escritor argentino Mempo Giardinelli, exiliado en México entre 1976 y 1984, autor de la conmovedora y divertida novela La revolución en bicicleta (1980), causó revuelo en su país al proponer la desaparición del Poder Judicial.
En la antesala de las elecciones presidenciales, con Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner como probables finalistas, la noche del 1 de mayo Giardinelli participó en un programa de televisión durante el cual llamó a impulsar una reforma constitucional para eliminar el Poder Judicial y sustituirlo por “un servicio o sistema de justicia”. Las críticas no se hicieron esperar y, de acuerdo con CNN Radio Argentina, para el abogado constitucionalista Daniel Sabsay este proyecto, catapultado por intelectuales afines al kirchnerismo, “retrotrae a sistemas totalitarios y no es más que una idea alocada que fortalecería a un gobierno totalmente personalista”. De tener éxito, el Judicial “se transformaría en un servicio más de los que brinda el Poder Ejecutivo a través de distintas figuras descentralizadas, como el agua, la luz y las cloacas”.
En su columna del diario Página 12, el 3 de mayo Giardinelli respondió a sus detractores, quienes —dijo— tergiversaron “maliciosamente” sus ideas, las cuales sintetizan el segundo punto del Ideario de El Manifiesto Argentino: promover “una Reforma Judicial absoluta, tendiente a sustituir el corrompido e incorregible Poder Judicial vigente por un Sistema de Justicia transparente y ágil al Servicio de la Nación”.
De acuerdo con El Manifiesto Argentino, “la organización, control y eficacia del nuevo Sistema Judicial será supervisada por la nueva Corte Suprema, y el Congreso de la Nación apoyará y controlará (…) con leyes y medidas excepcionales para superar la emergencia durante ese lapso y dejar encarrilada la nueva Administración de Justicia. La reorganización total del Sistema Judicial y de la carrera judicial deberá ser aprobada finalmente en plebiscito nacional, previa intensa y pedagógica campaña cívica popular”.
En su texto, el escritor califica de anacrónico y antidemocrático al Poder Judicial argentino, producto del liberalismo de los siglos XVIII y XIX, cuando se estableció “que el equilibrio de poderes era una necesaria y poderosa garantía constitucional”. Pero el Judicial se ha vuelto un poder lento, ineficaz, oneroso, arbitrario, injusto, inmoral, inaceptable para la ciudadanía, y por eso —dice Giardinelli— es necesario eliminarlo.
Ante los embates de AMLO contra el Poder Judicial en México, ¿alguno de sus adeptos seguirá el ejemplo de Giardinelli y sus amigos en Argentina? En la 4T, no cabe duda, a las instituciones se las está llevando el diablo.
Queridos cinco lectores, El Santo Oficio los colma de bendiciones. El Señor esté con ustedes. Amén.
