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Nazar Haro, el supuesto espía de AMLO

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Andrés Manuel López Obrador aseguró que el titular de la Sirección Federal de Seguridad fue el encargado de dar seguimiento a sus actividades desde 1977.

Andrés Manuel López Obrador aseguró que el titular de la Sirección Federal de Seguridad fue el encargado de dar seguimiento a sus actividades desde 1977.

“Y hace poco se dio a conocer, porque ahora ya se pueden ver todos los expedientes, de los que eran espiados, ya se abrieron los expedientes. Y fue hasta un timbre de orgullo que me encontré en el expediente que me espiaba Nazar Haro, el finado Nazar Haro, desde 1977”, dijo López Obrador durante su conferencia de prensa en Veracruz.

Miguel Nazar Haro ingresó a la Dirección Federal de Seguridad (DFS), una institución de inteligencia creada en 1947 para servir a los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional.

Nazar Haro se incorporó a la vida administrativa del organismo y más tarde al área operativa en la DFS, en donde ejerció como comandante, director y subdirector.

Fue acusado varias veces de utilizar la tortura y fuerza para obtener confesiones, pero esto nunca pudo comprobarse.

A Nazar Haro le atribuyen la creación y dirección de la Brigada Blanca, un organismo parapoliciaco integrado por diversas corporaciones.

Los archivos de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección General de Investigación y Seguridad Naciona, que la sustituyó en 1986, quedaron bajo la custodia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional que se creó en 1989 como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.

Los documentos fueron desclasificados y entregados en resguardo al Archivo General de la Nación el 19 de febrero de 2002, durante el gobierno del panista Vicente Fox.

A principios de febrero, López Obrador publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la federación el para instruir al CISEN y a los órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal, a transferir al Archivo General de los documentos históricos que posean y que “estén relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción».

Los documentos podrán consultarse, en el mejor de los casos, dentro de seis meses.

Fuente: Milenio

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