Joaquín Olea
Este pasado domingo 28 de febrero, el Partido Acción Nacional en Tamaulipas, desafiando todas las disposiciones de salud exigidas por el gobierno de su mismo color, promovió y organizo una concentración de “simpatizantes” del gobernador para manifestar “su incondicional apoyo” ante lo que ellos consideran una “furiosa embestida del gobierno de Andrés Manuel López Obrador” hacia el panista que –según ellos- más posibilidades tiene de disputar la Presidencia de la Republica a quien sea el candidato de Morena el 2024.
La UIF y la Fiscalía General de la Republica presentaron y ratificaron una solicitud de Juicio de Procedencia (desafuero) en contra del gobernador de Tamaulipas por los presuntos delitos de delincuencia organizada, uso de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Aun cuando en el Congreso de la Republica existe un rezago de casi 20 años en el desahogo de solicitudes de juicio político, (casi 350 en la congeladora) y desde 1909 solo se han efectuado 8 procesos de desafuero, a la solicitud de desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca se le dio estatus prioritario, por lo tanto el expediente ya fue turnado a la sección instructora que encabeza el morenista Pablo Gómez y quedan abiertos los plazos para desahogar alegatos, comparecencias y análisis de pruebas.
Las evidencias presentadas por la UIF y la FGR seguramente están bien fundamentadas, las presuntas fechorías y actos delictuosos atribuidos al gobernador y su familia han sido del dominio público tamaulipeco desde hace muchos años. Ellos mismos, con un cinismo y una soberbia escandalosa se encargaban de presumirlos.
Hasta ahora todo parece indicar que los tiempos de los Cabeza de Vaca se están agotando. Solo que los tiempos, los instrumentos de defensa jurídica y la naturaleza del principal imputado tampoco son los mismos de, por ejemplo 1983, cuando se desaforo al Ingeniero Jorge Díaz Serrano, quien, como dirían los clásicos: “aguanto callado”; cumplió su condena, y se retiró a la vida privada en absoluto silencio. Jamás delato a nadie para obtener beneficios jurídicos personales.
Los tiempos han cambiado. El antiguo juramento de la omerta mexicana ya nadie lo respeta. Para hacerse beneficiarios del famoso “Criterio de oportunidad” se echan de cabeza unos a otros, se canibalizan escandalosamente para lograr reducción de condenas o beneficios jurídicos personales. (Caso Lozoya es el mejor ejemplo)
Los instrumentos jurídicos disponibles y el expertise de los operadores legales así como la naturaleza personal del imputado son, también, de importancia extrema. Por lo pronto Cabeza de Vaca ya se ha cobijado bajo la sombra legal del despacho jurídico de Alonso Aguilar Zinzer; un tiburón del derecho, experto en triquiñuelas legales. Se las sabe de todas, todas. En cuanto a la naturaleza personal de Cabeza de Vaca todos los tamaulipecos la conocemos, es capaz de convertirse en kamikaze piloteando un avión incendiado hacia palacio nacional sabiendo que de todos modos va a morir, pero llevándose a otros en el encuentro. Sobre todo si en el objetivo hay morenistas.
Los próximos 60 días van a ser complicados para el gobernador pero interesantes para el resto de los tamaulipecos. Dos teorías jurídicas van a estar a discusión: la esgrimida por German Martínez que asegura que, por tratarse de delitos federales, un minuto después de que se dicte el desafuero la FGR puede ejecutar la orden de aprensión. Y la sustentada por el ex ministro de la Suprema Corte José Ramón Cossío que afirma que una vez que el Congreso de la Republica resuelva proceder con el desafuero esta resolución debe ser trasladada al Congreso Tamaulipeco para que este, a su vez, proceda a su discusión y análisis para que “en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda” (Art. 111 de la Const. Política de México)
Por lo demás, indudablemente, Cabeza de Vaca es un becerro herido de muerte. Muy peligroso, porque se desconocen las embestidas que aun pueda dar.
¡Por lo pronto ya organizo su primera marcha de apoyo ciudadano!
