La revocación de mandato aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados ha abierto un intenso debate sobre la forma en que se desarrollarán las elecciones intermedias del 2021. En mi opinión, esta ley, en lugar de fortalecer nuestro proceso democrático, lo va a sobrecargar.
POR: ARMANDO RÍOS PITER
Sinceramente, no me parece una ley que ayude a perfeccionar lo que hoy tenemos. Sin embargo, más allá de esta consideración personal, la discusión de los últimos días ha sido: ¿qué tanto peso —o incluso sesgo— puede llegar a tener el titular del Ejecutivo en el proceso intermedio?
Un breve recuento de los últimos procesos intermedios deja claro que la actuación del Presidente no siempre ha abonado a favor de su partido.
Ernesto Zedillo y su partido fueron derrotados en la elección de 1997. Después del famoso “error de diciembre” y la “roqueseñal” durante el incremento del IVA, el PRI perdió, por primera vez en la historia, la mayoría relativa en la Cámara de Diputados. En aquél caso, las acciones de gobierno tuvieron un fuerte costo político en la elección intermedia. El Presidente influyó contra su propio partido, el cual pagó con la derrota.
Posteriormente, durante el sexenio de Vicente Fox, la campaña panista “Quítale el freno al cambio” no logró imponer una mayoría en beneficio del Presidente de la alternancia. Los votantes mantuvieron un Congreso dividido. El capital político de Vicente Fox no logró sostenerse durante los siguientes tres años. La luna de miel se terminó debido al escaso crecimiento económico, provocado en gran medida por la desaceleración estadunidense. La popularidad del presidente Fox no fue suficiente y los partidos de oposición, sumados, obtuvieron más votos juntos que el PAN.
En el sexenio de Felipe Calderón la elección intermedia representó un duro revés para el Presidente y su partido. La violencia desatada por “la guerra contra el narco” le fue cobrada por los electores, en beneficio de la “ola roja priista” y, en particular, por el equipo del Estado de México. La Cámara de Diputados quedó en manos del PRI y sus aliados del PVEM. El PRI, que casi había sido borrado tres años antes, en 2006, capitalizó los errores del gobierno en turno y pavimentó su regreso a la Presidencia de la República. El peso del Presidente tuvo un efecto claro en contra de su propio partido.
Por último, Enrique Peña Nieto, hoy denostado por propios y extraños, ganó la elección intermedia de 2015. A muchos se les olvida que después de los escándalos de Ayotzinapa y la Casa Blanca, ocurridos entre los meses de septiembre y octubre del año 2014, en la elección intermedia de 2015 el PRI ganó un total de 203 curules y la mayoría junto con sus aliados. La votación ratificó las llamadas “reformas estructurales”. Es paradójico que, tres años después, el peso de la presidencia de EPN influyó para que el PRI fuera derrotado estrepitosamente.
El ejercicio del poder, sin duda alguna, influye en los procesos intermedios, a veces para bien, pero, en la mayoría de las elecciones, ha sido para mal. La economía y la seguridad han determinado los resultados en las elecciones intermedias y el votante mexicano se ha vuelto más exigente, cambiante y, por ende, impredecible.
Ante este recuento, aun cuando AMLO salga nuevamente en la boleta electoral, la pregunta que debemos hacernos es: ¿tiene el Presidente asegurado el triunfo en la elección del 2021? Dependerá de cómo evolucionen la seguridad y la economía del país.
La discusión sobre la revocación de mandato debe hacerse más sobre lo que nutre y fortalece nuestra democracia electoral, que sobre la figura o el futuro del presidente en turno. Está demostrado que los procesos electorales distraen muchos recursos, no sólo financieros y económicos, sino también sociales. No es buena idea seguir esa ruta.
La presidencia de AMLO tiene aún muchos retos que enfrentar y mucho escrutinio ciudadano por hacer. El 2021 aún está muy lejos. Enfoquémonos en cómo fortalecer nuestra estructura electoral.
