Las cosas que hacen en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes son inexplicables. Y si se relacionan con Puebla mucho más. Por una extraña razón, por cuestiones de seguridad nacional, la SCT, decidió que las grabaciones entre la torre de control y pilotos en el accidente en el que fallecieron la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle, líder del PAN en el Senado, el 24 de diciembre pasado, no se podrían divulgar hasta dentro de cinco años.
La decisión provocó fuertes reacciones del PAN y del presidente López Obrador, que dijo que desconocía el porqué de la decisión de la SCT, y ordenó que debía darse toda la información con la mayor transparencia posible. Horas después la SCT aceptó un “error de interpretación” y aseguró que hoy dará a conocer esas conversaciones.
Decíamos, aquí, luego de ese accidente, que “la caída en pleno día y sin explicación de uno de los helicópteros más seguros y modernos del mundo debe ser investigada y aclarada, son tan deplorables las expresiones que inmediatamente hablaron de un atentado, como las que calificaron de neofascistas y canallas a los críticos. Las versiones en las redes sociales, lanzadas desde ámbitos cercanos a Morena, de que todo había sido fraguado para que el matrimonio se fugara a Dubai es tan infame como asegurar, sin prueba alguna, que la gobernadora y el senador fueron asesinados. Mucho se hubiera ahorrado con una actitud más madura y menos mezquina en esas horas”.
Lo mismo volvió a repetirse en estas horas luego de la negativa original de la SCT. Marko Cortés se apresuró a decir que la muerte de la gobernadora y el líder de su bancada en el Senado se había dado por causas extrañas, que no era un simple accidente y el presidente López Obrador, se apresuró a descalificar al líder panista, aunque hay que reconocer que su exigencia de que se diera a conocer la información, destrabó en buena medida el conflcito. Habrá que ver qué divulga mañana la SCT.
El caso de Martha Érika y Moreno Valle seguirá inevitablemente presente mientras no haya una investigación expedita y de fondo. Hay que recordar que la muerte de Moreno Valle fue un golpe brutal para la oposición y sobre todo para el panismo y abrió un espacio de incertidumbre sobre el propio futuro de las fuerzas internas del blanquiazul.
Lo que vino después abonó las sospechas. Ya desde áreas de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación se había llegado a un acuerdo para que, fallecida Martha Érika, un panista tendría que ser el interino hasta la nueva elección, en julio próximo. Pero en la noche del domingo previa a la designación del interino, desde la dirigencia de Morena se operó para dejar al PAN fuera de esa opción, que además de un acuerdo político tenía un trasfondo ético. Y se decidió ir con el ¿priista? Guillermo Pacheco Pulido.
Como también dijimos aquí en su momento la elección de Pacheco Pulido no era la más idónea, al contrario. Pacheco Pulido fue propuesto por el exgobernador Manuel Bartlett, actualmente director general de la Comisión Federal de Electricidad, con el respaldo del excandidato Miguel Barbosa.
Fue un político cercano a Manuel cuando éste fue gobernador y ocupó entonces la alcaldía de Puebla. Más tarde fue presidente de Tribunal de Justicia del estado, y cercano colaborador del cuestionado exgobernador Mario Marín.
Ha sido protagonista de varios eventos por lo menos discutibles. Entre otras denuncias, se vio directamente involucrado en el caso de la periodista Lydia Cacho, cuando fue detenida ilegalmente en Cancún, en diciembre del 2005, para ser trasladada por tierra, mil 500 kilómetros, hasta Puebla, trayecto en el cual fue sometida a todo tipo de apremios ilegales. Lydia Cacho denunció que el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia fue el que le ordenó vía telefónica a la juez que llevaba el caso que se le dictara el auto de formal prisión y además se le impusiera una fianza excesiva por el delito de calumnia y difamación del honor contra Nacif y el gobernador.
Apenas el 10 de enero pasado, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad en las violaciones a los derechos de Lydia Cacho, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una disculpa pública a la periodista. Y unos días después se premió a uno de los responsables de ese agravio con la gubernatura interina de Puebla.
A ver qué se da a conocer hoy. Pero debemos insistir en un punto, la SCT y la FGR deben concluir una investigación profunda, exhaustiva y convicente sobre lo sucedido con Moreno Valle y Martha Érika. De otra forma la sombra de esas muertes seguirá flotando sobre la administración federal y el todo el sistema político.
Fuente: Debate
