Como otros rubros estratégicos de la economía mexicana, el petrolero está dominado por un denso entramado de intereses empresariales y políticos que dan origen a emporios y fortunas ligadas a los sucesivos gobiernos, sobre todo del PRI. Las graves consecuencias de esta complicidad van desde el financiamiento ilegal de campañas electorales hasta la impunidad de los malos manejos financieros y del tráfico de influencias.
POR MATHIEU TOURLIERE
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Hay en México un club exclusivo de familias que acumularon fortunas con el negocio de la gasolina: estos “zares”, de la mano de gobiernos generalmente priistas, construyeron emporios con decenas de gasolinerías esparcidas en varios estados.
En la revisión de una muestra de 4 mil 793 permisos para operar gasolinerías que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó entre 2015 y 2018, Proceso encontró que varios de estos potentados, que obtuvieron decenas o cientos de permisos durante el sexenio de Peña Nieto, incluso participaron en maniobras fraudulentas que favorecieron a los gobernantes.
Grupo Hidrosina es –después del gigante regiomontano Fomento Económico Mexicano y la familia Chiapa, que opera las tiendas 7-Eleven– el principal despachador privado de gasolina en el país. La empresa, que pertenece a los hermanos William y Paul Karam Kassab, obtuvo de la CRE 193 permisos para operar gasolinerías, 55 de ellos en la Ciudad de México, 34 en el Estado de México y otros 26 repartidos entre Veracruz y Tamaulipas.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Santiago Nieto Castillo, ese emporio es sospechoso, por lo que, en el marco de la estrategia federal de combate al robo de hidrocarburos, bloqueó las cuentas bancarias de William Karam y lo incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas junto con otros presuntos lavadores de dinero, según reportó el diario Reforma el 31 de enero.
William Karam. Dueño de Hidrosina. Foto: El Mañana de Reynosa
Karam solicitó un amparo el pasado 28 de enero y un juez le otorgó la suspensión provisional dos días después.
En las últimas tres décadas, los Karam Kassab se vincularon con personajes involucrados en maniobras fraudulentas a favor del PRI: uno fue el exbanquero yucateco Carlos Cabal Peniche, quien se enriqueció durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari –por lo que huyó del país– y confesó haber financiado ilegalmente las campañas presidenciales de Luis Donaldo Colosio y Ernesto Zedillo, así como la de Roberto Madrazo para el gobierno de Tabasco.
Los Karam incorporaron por lo menos dos empresas con Cabal Peniche: Operadora de Servicios de Oaxaca, en 1993, y Operadora de Servicios Olmeca, en abril de 1999. También se asociaron con Moisés Mansur Cysneiros, uno de los operadores de la red de lavado de dinero del exgobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa: juntos crearon en agosto de 2011 la sociedad Servicios Profesionales Jura, que presidía Mansur y Paul Karam era vicepresidente, según descubrió la UIF cuando averiguó sobre las operaciones fraudulentas del exgobernador priista de Veracruz.
Mansur y Karam nombraron comisario de la sociedad a Javier Nava Soria, otrora contador de Duarte. Tras la detención de éste, Nava escapó a España, donde fue detenido en abril de 2017 y extraditado a México en febrero de 2018. Ahora enfrenta cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; además se le acusa de haber desviado 223 millones de pesos a través de empresas fantasma.
La PGR descubrió que el gobierno de Duarte lavó cientos de millones de pesos a través de empresas fantasma para comprar gasolinerías a Hidrosina; los Karam aseguraron que no sabían de la proveniencia ilícita de los recursos y en noviembre de 2016 devolvieron 421 millones de pesos a la federación.
Por si fuera poco, en enero de 2013 los Karam vendieron un departamento de lujo a Emilio Lozoya Thalmann, exsecretario de Energía y padre de Emilio Lozoya Austin, entonces recién nombrado director general de Pemex. La ahora Fiscalía General de la República investiga a Lozoya para determinar si recibió sobornos de Odebrecht y si utilizó ese dinero para financiar ilegalmente la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Los hermanos Issa Tafich también tejieron relaciones en Pemex desde hace décadas. Su tío, Antonio Juan Marcos Issa, fue asesor del priista Rogelio Montemayor Seguy durante los 10 meses en los que éste dirigió la petrolera y juntos operaron los desvíos millonarios de fondos a la campaña del priista Francisco Labastida, en la trama conocida como Pemexgate.
Los Issa Tafich incursionaron en el negocio del gas y el transporte de combustible. Actualmente, mediante la empresa Energía y Servicios Coordinados, que registraron en diciembre de 2014, Salomón Issa Tafich y sus hermanas controlan 75 gasolinerías en cinco estados, principalmente en Coahuila y Durango, pero también en el Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Veracruz. En Puebla se asociaron en 2016 con la empresa Enlaces Energéticos y juntos crearon Sinergia de Energías, SA de CV, la cual obtuvo 41 permisos para vender gasolina en la entidad.
Maniobras en el sureste
En 2016 los poderosos consorcios gasolineros LodemoRed, E.S.G.E.S., CorpoGas, Enerkom e Hidrosina se aliaron para formar la franquicia externa a Pemex llamada La Gas.
E.S.G.E.S. opera 49 gasolinerías en los siete estados del sureste; fue fundada por el empresario Carlos Mouriño Terrazo, hermano del exsecretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo, quien falleció en noviembre de 2008 en un accidente aéreo.
Cuando se fundó, en enero de 2001, la empresa se llamaba Servicio Puente Grijalva y Juan Camilo era su tesorero. Dos años más tarde, Felipe Calderón lo nombró su asesor en la Secretaría de Energía (Sener) y en 2005 lo ascendió a subsecretario de Electricidad.
En 2008, el líder opositor Andrés Manuel López Obrador lo acusó de obtener contratos de Pemex mediante el tráfico de influencias en la Sener, pues el propio Camilo Mouriño firmó los documentos como representante legal de la empresa familiar cuando ya era funcionario federal.
La familia Loret de Mola Gómory, dueña del consorcio LodemoRed, posee decenas de gasolinerías en la región y se asoció con los Mouriño en junio de 2007 para crear la empresa Administración de Estaciones del Sureste, que controla cuatro gasolinerías en Campeche y Yucatán.
En total, los Loret de Mola Gómory controlan 41 concesiones en Yucatán y Quintana Roo, y son socios de Mario Gamboa Patrón –hermano del exsenador priista Emilio Gamboa– por lo menos en el Yucatán Country Club, donde Peña Nieto solía jugar golf.
La franquicia de los Mouriño. Foto: https://www.altonivel.com.m
En la región opera, asimismo, Ricardo Antonio Vega Serrador, vinculado a las redes de desvío del exgobernador quintanarroense Roberto Borge Angulo, ahora preso. Entre otros negocios, aquél vende autos Ferrari en la Ciudad de México, Cancún, Monterrey y Guadalajara, posee decenas de inmobiliarias y su cadena de gasolinerías creció al amparo del poder político.
Junto con su socio Anuar Fayad Hassan, Vega encabeza un imperio de al menos 176 gasolinerías en siete estados, principalmente en Quintana Roo (donde tiene 80), el Estado de México (51) y la Ciudad de México (32). Cada una de éstas fue registrada con su propia razón social, pero todas aparecen como parte de CorpoGas, que en su página de internet se jacta de haber sido el mayor vendedor de gasolina de Pemex entre 2003 y 2008.
Bajo investigación de la PGR por presunto lavado de dinero desde 2014, Vega compró al Instituto Inmobiliario de la Administración Pública Estatal, del gobierno de Borge, diversos terrenos en zonas lujosas de Cancún a precios de ganga y mediante algunas de sus más de 150 empresas.
En algunas de éstas se asoció con operadores de Borge, como Santiago Samuel Jiménez Moreno, quien también recibió 11 permisos para operar gasolinerías en el estado en sociedad con Fayad Hassan.
A su vez, Vega y Jiménez Moreno se asociaron con la Inmobiliaria GES, de Carlos Mouriño, al menos en una empresa: Inmobiliaria Mantaro, SA de CV. Y el pasado 20 de noviembre crearon con Emilio Loret de Mola Gómory la empresa gasolinera Playagas.
En Veracruz también, los zares de la gasolina tienen sólidos vínculos políticos. La familia Chedraui, dueña de la cadena de supermercados del mismo nombre y de Grupo Ferche –de la que forma parte el exalcalde priista de Xalapa David Chedraui–, controla 53 gasolinerías; Gilberto de Jesús Bravo Porra –cercano al exgobernador Fidel Herrera Beltrán– obtuvo 24 permisos, mientras que Rogelio Lemarroy González, exalcalde priista de Coatzacoalcos y amigo del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, posee 58 en cinco estados.
Por su parte, el empresario regiomontano Antonio Espinosa de los Monteros Leal y su familia controlan al menos 48 concesionarias de gasolina, 45 de ellas en Tabasco y las demás en Campeche y Veracruz. En los últimos dos años registró otras cinco sociedades dedicadas a la venta de combustible en su estado natal.
Espinosa de los Monteros participó en los saqueos al erario tabasqueño operados durante el sexenio del priista Andrés Granier Melo –ahora en prisión domiciliaria–, al que también rentaba aviones y vehículos blindados. Según la todavía Procuraduría General, el empresario puede haber participado en un fraude de 144 millones de pesos a través de la venta de un predio al gobierno estatal para construir casas destinadas a los damnificados por las inundaciones de 2007. En este sonado fraude participó Amílcar Sala Villanueva, compadre y asesor de Granier.
En el sector gasolinero también operan los financieros Salvador Oñate Ascencio y su hijo Santiago Oñate Barrón, cuyos negocios crecieron durante el sexenio presidencial de su amigo Vicente Fox. Oñate Ascencio, también presidente de Banco del Bajío y decenas de empresas registradas a su nombre en esa región, opera 51 gasolinerías con la empresa Mega Gasolineras y otras nueve con Servicio El Once, la mayor parte de ellas en Guanajuato, uno de los estados más afectados por el huachicoleo.
En noviembre pasado el senador morenista Cruz Pérez Cuéllar, de Chihuahua, acusó al Grupo Soni –de Oñate Barrón y Oñate Ascencio– de operar tomas clandestinas conectadas a los ductos de Pemex, entre ellas una en Puebla que supuestamente se conectaba a una gasolinería del grupo. La PGR abrió una carpeta de investigación.
En San Luis Potosí, la familia de Juan Carlos Valladares Eichelmann –enlace del PRI con los empresarios del estado e integrante del jet set– controla 19 gasolinerías; en el norte del país opera Luis Carlos Valencia Rosas, un amigo de López Obrador que tiene 37 gasolinerías. En Tamaulipas, Humberto René Salinas González –padre del secretario de Desarrollo Urbano en la pasada administración– se asoció con el exalcalde de Ciudad Victoria, Álvaro Villanueva Perales, para operar ocho gasolinerías en esa ciudad.
(Con información de Francisco Castellanos, Juan Alberto Cedillo, Rodrigo Corona, Yesme Cortés, Armando Guzmán, Celia Guerrero, Isaín Mandujano, Pedro Matías, Alfredo Maza, Gloria Reza, Rosa Santana, Pedro Zamora y Noé Zavaleta.)
FUENTE: Proceso
