Le dan de plazo hasta el 8 de enero del año entrante para hacer las aclaraciones pertinentes, en caso contrario, serán fincadas responsabilidades y habrá acción penal contra Andrés Zorrilla
Por los delitos de peculado, uso indebido de funciones y enriquecimiento ilícito al desviar cerca de 500 millones de pesos del erario municipal, el ex alcalde José Andrés Zorrilla Moreno, podría ir a la cárcel; además utilizó más de 30 proveedores fantasmas y ubicación de al menos nueve domicilios fiscales con edificaciones en ruinas y abandonadas.
Ante ello, la Auditoría Superior de Tamaulipas, quien es el órgano fiscalizador de los municipios, ha notificado sobre estas observaciones a Zorrilla Moreno, quien tiene como plazo el 8 de enero del año entrante para hacer las aclaraciones pertinentes, en caso contrario, serán fincadas responsabilidades.
En conferencia de prensa, el director jurídico del Ayuntamiento maderense, Lic. Alfredo Campos Martínez, quien estuvo acompañado por el Contralor municipal, C.P. Fernando Rodríguez Ruiz, informó que de acuerdo al órgano regulador del Estado, las observaciones del 2017 son por 492 millones de pesos, ello significa un 80% más del presupuesto aprobado que fue de 612 millones de pesos.
Cabe mencionar que estas acciones que también han sido señaladas por la Auditoría Superior de Tamaulipas, habla de la imparcialidad de las autoridades del Estado, que encabezan un gobierno sin distingo de colores y preocupados por las familias tamaulipecas.
En ese sentido, Campos Martínez, detalló que la autoridad fiscalizadora ha hecho con fundamento las pertinentes observaciones que involucra al entonces presidente municipal, tesorero y síndicos.
Y es que entre alguna de las muchas irregularidades detectadas, se observa que el municipio registró en la partida correspondiente a servicios de arrendamiento la cantidad de 33 millones de pesos, derivado de operaciones celebradas con la empresa AB&C Leacing de México SAPI de CV., sin existir una propuesta económica ni licitación o proceso de adjudicación.
Lo mismo sucede con pólizas de pago por arrendamiento de patrullas y compra de equipo de cómputo por un total de 4 millones de pesos, sin que existan evidencias del proceso de adjudicación y mucho menos una empresa inscrita en el padrón de proveedores del municipio.
Precisó que durante el 2017 y 2018 se efectuaron operaciones con proveedores en el orden de 25 millones de pesos que no se encuentran inscritos. Además, se detectó el registro de combustible, lubricantes y aditivos por 15 millones, sin que exista una relación de vehículos, ni serie ni entrega.
También registraron pago de proveedores por 800 mil pesos, detectándose que las facturas fueron canceladas; es decir, no existe legalidad con el destino de ese recurso.
Entre otras irregularidades, destaca la construcción de 35 cuartos valuados en 72 mil pesos pero registrados en 122 mil, es decir, 1,750,000 más de su costo real.
Con estas acciones se evidencía el mal manejo de los recursos municipales del anterior gobierno local, además de cometer una gravedad por comprometer las finanzas de la actual administración.
