Grupos de Derechos Humanos se dicen «preocupados» por la Nueva Ley de Seguridad Interior
En una carta dirigida a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expertos de diferentes grupos de trabajo del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresaron su preocupación ante el potencial impacto en materia de derechos humanos que podría significar la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en México.
Las preocupaciones fueron entregadas a la SCJN el pasado 12 de noviembre, fecha en la que comenzó la discusión sobre el proyecto de sentencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo sobre las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la Ley de Seguridad Interior.
Ya el 14 de diciembre de 2017, miembros del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, del de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, sobre la situación de los defensores de derechos humanos; y sobre el derecho a la privacidad, hicieron un llamado a rechazar el proyecto en México.
Ahora, los mismos equipos de trabajo reiteran su posicionamiento respecto a la ley al hacer énfasis en que México debe cumplir con las obligaciones establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al cual accedió el 23 de marzo de 1981.
Por otro lado, los expertos señalaron las numerosas recomendaciones realizadas por órganos de tratados y expertos independientes de las Naciones Unidas respecto a la necesidad de restringir al máximo la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, de separar debidamente funciones policiales y militares, así como de garantizar la rendición de cuentas para las violaciones de derechos humanos cometidas por sus miembros.
También hicieron mención de la constante recomendación del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias sobre “considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública y de la aplicación de la ley penal como una medida para prevenir las desapariciones forzadas”, misma que se hizo por primera vez en 2011, luego en 2015 y se habló de la misma en el pasado encuentro de la delegación mexicana con el Consejo en Ginebra Suiza.
“Por lo anterior, exhortamos a las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a considerar debidamente nuestras preocupaciones en sus discusiones y deliberaciones sobre la Ley de Seguridad Interior”, señalaron los expertos y reiteraron su disposición por asistir al Estado mexicano en sus esfuerzos para fortalecer el marco legislativo e institucional del país, y así garantizar la realización de los derechos humanos para todas las personas en México.
