Ana Gabriela Guevara está cerca de encabezar el deporte nacional y de ser denunciada por practicar el juego sucio en un pleito legal contra un particular. En 2008, cuando anunció su retiro deportivo, la medallista olímpica formalizó la compra de una residencia por 1.8 millones de dólares. Sin embargo, nunca liquidó la transacción y entabló demandas contra la vendedora para cancelar el compromiso. Perdió todos los juicios… hasta que llegó Carlos Miguel Jiménez Mora, juez conocido por emitir fallos sin desahogar todas las pruebas y favorecer a personajes de la política.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Cuando en 2008 anunció su retiro de las pistas Ana Gabriela Guevara formalizó el contrato para comprar por 1 millón 800 mil dólares una residencia amueblada en el fraccionamiento Los Encinos, municipio de Lerma, en el Estado de México

Sin embargo, la exatleta de alto rendimiento y futura directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) sólo dio un abono de 4.5 millones de pesos equivalentes a casi 438 mil dólares tomando en cuenta que el tipo de cambio de hace 10 años, cuando se formalizó la adquisición, era de 10.23 pesos por divisa.

Desde que la vendedora del inmueble, Leticia Eugenia Melo Goytortúa, y Ana Gabriela Guevara firmaron el contrato de compraventa el 4 de abril de 2008, la política sonorense no ha finiquitado la casa y también adeuda una serie de pagos a manera de penalización por incumplir lo convenido.

Tras los adeudos generados por su informalidad, la exvelocista promovió ante tribunales la nulidad del convenio con la señora Melo Goytortúa. Además, exigió la devolución del único pagó que depositó… En tres ocasiones no le favorecieron los juicios que entabló.

Sin embargo, el caso dio un vuelco ­inesperado a una década de iniciado el pleito legal: el juez vigésimo séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, Carlos Miguel Jiménez Mora, resolvió en favor de la futura titular de la Conade, el 23 de octubre último.

En el cuarto juicio que Guevara promovió el pasado 2 de abril para cancelar la compra de la casa, Jiménez Mora señaló que fue la vendedora quien no respetó el trato porque “no otorgó ni firmó las escrituras del bien inmueble”.

En su resolución también expuso que le dio la razón a la exatleta porque en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, en su artículo 32, se estipula que nadie puede ser obligado a intentar o proseguir una acción contra su voluntad, “siendo que por los intereses de Ana Gabriela Guevara Espinoza no es su voluntad proseguir con la compraventa del inmueble”.

De esa manera el más reciente fallo indica que Guevara “fue la única de las dos partes que cumplió parcialmente su obligación de pagar la primera exhibición del precio pactado. Hasta la fecha, la demandada se ha negado a reintegrar la cantidad recibida con motivo del contrato basal, pese a los múltiples y reiterados requerimientos que se le han realizado de manera extrajudicial”.

Con la resolución del juez Jiménez, Ana Gabriela pretende recuperar su único pago y evitar las sanciones que ambas partes convinieron, como la que estipula que “si la compradora incumpliera con la liquidación del inmueble, tendrá que cubrir una suma adicional de 100 mil dólares a la vendedora”.

En la séptima cláusula se estipula que “la escritura definitiva de compraventa se otorgará el 16 de octubre de 2008 y la entrega del inmueble será en la misma fecha”.

En otro de los apartados se indica que quien no respete lo pactado deberá pagar al afectado el equivalente a 20% del precio total de la operación del inmueble, es decir, 360 mil dólares o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio que corresponda.

La falta de pago puntual de la sanción convencional también le generará a la parte incumplida la obligación de compensar “en favor de la otra los intereses a razón de 1% mensual hasta la fecha del pago de la pena”, agrega el documento.

Para Leticia Eugenia Melo y su abogado, José Pedro Tapia, la resolución de Carlos Miguel Jiménez Mora es inconstitucional.

De dudoso historial 

El juez valoró las pruebas de manera ­inadecuada: no tomó en cuenta las cláusulas de penalización del contrato acordadas por ambas partes, expone el abogado de la vendedora.

José Pedro insiste en que la medallista olímpica nunca liquidó el precio total del inmueble y que en el juicio tampoco demostró que su defendida se haya negado a recibir dicho pago. Ambos aspectos fueron ignorados, “eso evidencia la indebida motivación y fundamentación a la que él estaba obligado a observar al momento de resolver en definitiva el conflicto contractual sujeto a su potestad”.

De acuerdo con una nota fechada el 21 de mayo de 2006, la agencia de noticias Apro reportó que Carlos Miguel Jiménez Mora es un juez proclive a cerrar procesos judiciales sin que estén agotados.

En el texto titulado Un Juez con prisa… se expone el patrón que obedeció –por ejemplo– para resolver contra la revista Proceso y la periodista Olga Wornat en la demanda que Marta Sahagún, esposa del expresidente Vicente Fox, interpuso por daño moral.

En la edición en línea también se recuerda que la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), hoy Ciudad de México, ordenó a Jiménez Mora reponer el procedimiento porque emitió su fallo sin desahogar todas las pruebas.

En otros asuntos, Jiménez se apresura a ordenar lanzamientos que derivan en robos y despojos.  Según el expediente 295/04, referente al pleito legal por la posesión de un inmueble, el “juez con prisa” –sin tomar en cuenta los argumentos del demandado– instruyó al actuario Juan González Casas exigir la desocupación y entrega de la casa en pugna.

Para cumplir su orden, quien también es autor del libro Fraude procesal civil facultó al actuario a usar “la fuerza pública y la fractura de cerraduras”.

Carril político

El juez Jiménez no es la única coincidencia entre Martha Sahagún y Ana Gabriela Guevara. De acuerdo con la edición 1563 de Proceso la medallista olímpica presumió su cercanía con la pareja presidencial durante una ­reunión que organizó en su casa en octubre de 2006.

También dio a conocer su simpatía y trato con el entonces mandatario Felipe Calderón, a quien le recomendó al exfutbolista Carlos Hermosillo para que dirigiera la Conade.

Así, apalancada por la popularidad que alcanzó a mediados de 2008, en el ocaso de su carrera deportiva, Guevara estableció alianzas con un sector de la clase política nacional.

Con el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF) Marcelo Ebrard, la medallista fue designada directora del Instituto del Deporte de la Ciudad de México (Indeporte). Se trató de un cargo que asumió sólo por ocho meses porque renunció para lanzarse como candidata a la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo. Perdió, pero su amiga Ana Laura Bernal asumió la oficina que dejó en el Indeporte.

La relación entre ambas continúa tan estrecha que Bernal ahora ocupará la diputación federal por el PT que Ana Gabriela abandonará cuando asuma la Conade.

“Vamos a buscar a López Obrador”

Con la resolución del juez Carlos Miguel Jiménez Mora en favor de la legisladora del PT, la vendedora del inmueble está en riesgo de tener que devolver el único abono que recibió, así como los casi 10 años de intereses que se suponen por dicho depósito. De no hacerlo, se procedería al embargo.

Leticia Eugenia Melo advierte en entrevista: “Voy a quejarme ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ante el Consejo de la Judicatura Federal. Vamos a buscar al señor López Obrador porque Ana Gabriela Guevara es conocidísima por hacer este tipo de cosas… ¿De dónde le está pagando al juez para hacer este tipo de cosas? ¿De los impuestos? ¡Esto es una burla!”.

La señora Melo insiste en que tiene la razón en todos estos años en los que ha reclamado el cumplimiento del contrato. “El juez dice que debí haberle escriturado y darle la vivienda sólo con el anticipo. En ese sentido determinó incorrectamente porque está vendido.

“No hice nada. Simplemente la señora llegó, me quiso comprar mi casa, me dio el cheque, después no cumplió y me quedé con esto. Todavía le propuse regresarle una parte. ‘No quiero, yo te compro la casa. Nos vemos tal fecha para pagar’, me dijo pero no llegó.

“Ahora me está demande y demande. El juez dice que incumplí porque no le entregué ni la escrituración ni la posesión. ¡Esto es una mentada de madre!”

Agrega que no comprende cómo el juez resolvió que tuvo que escriturarle la casa a alguien que no le pagó. “Han pasado 10 años, a Ana Gabriela se le sentenció en las primeras tres demandas que interpuso en mi contra. La única persona que puede demandar el convenio soy yo porque ella fue la que incumplió. ¿Tú le vas a entregar a alguien tu casa nada más con un anticipo? Esto es cosa seria. Que (el juez) no me friegue. Lo que vale es el contrato”.

Leticia Eugenia además denuncia que es víctima de acoso y persecución de parte de Ciro Reyes Ambriz, representante legal de la diputada del PT. Dice que buscan amedrentarla para que regrese los 4.5 millones de pesos que la medallista dio de anticipo por la residencia.

“Son amenazas para ver si me fastidio. Por esa línea va… Como si pretendieran decir: ‘Mira quién soy y de lo que soy capaz de hacerte. Ahora tú dices si me tienes miedo o no’. Eso es lo que están haciendo Guevara y su abogado.”

Este semanario buscó por diferentes medios la versión de Ana Gabriela Guevara. Sin embargo, no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Este reportaje se publicó el 4 de noviembre de 2018 en la edición 2192 de la revista Proceso.