Ciudad de México. La repercusión gradual del movimiento estudiantil de 1968 y las voces que han resonado en la sociedad “alcanzaron, también, el 1º de julio pasado, cuando la sociedad decidió buscar nuevo rumbo, dejar atrás viejas y decrépitas prácticas y aspirar a un mejor y más justo futuro”, definió hoy el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers.
Orador en la sesión solemne en la Cámara de Diputados, que hoy develó la placa Al movimiento estudiantil de 1968 en sus muros de honor, el rector cuestionó que, a 50 años de la represión, el país “no está exento de crímenes abominables que no han tenido explicación satisfactoria y sabemos que vivimos inmersos en una mayor violencia e inseguridad”.
En la tribuna del Palacio Legislativo afirmó que las manifestaciones recientes de universitarios tienen la misma esencia: “la juventud quiere seguridad y esperanza; requiere expresarse y ser escuchada”.
Graue resaltó que a 50 años de la ocupación de las escuelas por parte del Ejército y de la “masacre cruel e inexplicable” en Tlatelolco, todavía no quedan claras las razones de la represión ni el número de muertos.
“Muy probablemente nunca lo sabremos con certeza y precisión. Pero lo que sí supimos a partir de ese 2 de octubre, es que México se había roto, que algo terrible había sucedido y que no debería jamás volver a suceder”.
Al inicio de su discurso, desde las galerías –que se abrieron para recibir a invitados especiales- los asistentes gritaron: “¡Fuera porros de la UNAM!” Graue respondió: “Sí, claro. Claro que sí. ¡Goya, Universidad!”
También desde la tribuna, el director del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, refirió que el movimiento de 1968 inició con una manifestación contra la represión y trascendió hasta convertirse en un hecho político de alcances nacionales.
“Desencadenó el nacimiento de una sociedad más madura y consciente del valor de sus derechos; sobre todo, el derecho ineludible a la libertad de expresión”, dijo.
A cinco décadas, abundó, la lección de los estudiantes todavía hace eco en la memoria y la conciencia de la sociedad.
“Mucho ha cambiado el país, y también mucho hemos cambiado desde entonces. Cincuenta años después somos testigos de la evolución de la vida política de la nación. Tenemos diversidad política, alternancia, instituciones ciudadanas, libertades que no soñábamos, tolerancia y respeto por los que piensan diferente”, sostuvo.
Evaluó que la mejor forma de honrar la memoria, valorar el sacrificio y la lucha de los jóvenes de 1968 es formar el nuevo talento, con una educación acorde a los requerimientos, planificada, administrada y reproducible.
“En la educación está la oportunidad de gestar el capital intelectual y social que requiere una sociedad mexicana más desarrollada, equitativa e incluyente”, expresó.
A nombre del Comité 68, Félix Hernández Gamundi, cuestionó que, a pesar de las investigaciones, el ex presidente Luis Echeverría Álvarez –en aquel entonces titular de Gobernación- “quedó libre y goza de libertad condicionada, más no de exoneración ni de libertad plena, pero un pueblo herido de muerte no se rinde, no se cansa, no olvida. Y reclama el fin de la impunidad, que como látigo golpea nuestra patria, que está de pie clamando porque la justicia nos alcance para construir un país de iguales”.
En la tribuna de la cámara exigió “la reeapertura de los procesos en contra de los genocidas de 1968, 1971 y la guerra sucia; presentación con vida de los 43 de Ayotzinapa y castigo a los culpables; el establecimiento de la fiscalía especial para investigar los delitos del pasado, con el avance ya logrado.
También, la apertura de los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional “que contienen todos los datos de la actuación militar en diversos actos genocidas, empezando con Tlatelolco en 1968; justicia para todos los grupos sociales, hoy agraviados y no más víctimas de violencia del Estado.
Asimismo, una reforma al Poder Judicial para romper la impunidad y por fin ponerle un alto a la corrupción y a los signos que degradan la vida política nacional; y por el derecho a la justicia, la memoria, la reparación del daño y la garantía de no repetición de hechos de agresión contra el pueblo.
