CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tres policías del Estado de México colaboraron para desviar 246 millones de pesos durante el gobierno de César Duarte, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Dicho recurso que fue presuntamente canalizado a campañas electorales del PRI en cinco estados del país.
En octubre de 2016, esos mismos policías fueron detenidos acusados de intentar robar tres millones de pesos de una empresa a la cual prestaban servicios de vigilancia.
Por el desvío de los 246 millones de pesos, en diciembre de 2017 fue detenido el exsecretario de Finanzas del PRI, Alejandro Gutiérrez, quien el pasado 31 de agosto fue puesto en libertad luego que un juez no pudo acreditar el delito de peculado por el que la PGR lo señalaba.
Los depósitos se concretaron en 2016 y fueron dispersados en decenas de operaciones a favor de otras siete empresas y personas físicas ligadas al policía José Juan Saliano González.
Los nombres de las principales empresas son: Despacho de Profesionistas Futura, Servicios y Asesorías SISAS, SAMEX y SINNAX SA de CV.
SINNAX, a quien el Gobierno de César Duarte le transfirió 55 millones de pesos, tiene como socio mayoritario y administrador único a Saliano González, de 50 años de edad, originario de Tierra Blanca, Veracruz, y con domicilio en la colonia Ampliación San Pedro Xalpa, en Azcapotzalco.
La empresa cuenta con 39 objetos sociales, el primero son servicios de consultoría, asesoría y capacitación en todo el país y en el extranjero. El domicilio fiscal declarado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está ubicado en Nezahualcóyotl.
En actas y documentos consultados por MCCI consta que el operador y presunto prestanombres de esa red es el policía José Juan Saliano González, junto con vecinos y parientes que residen en la delegación Azcapotzalco y en los municipios de Tultepec y Nezahualcóyotl, en el Estado de México.
Una pariente del policía, de nombre Giovanna Itzel Saliano Gallardo, es la representante legal de Servicios y Asesorías SISAS, que firmó con el gobierno de Duarte un contrato por 46 millones de pesos para dar un curso en materia ecológica. El administrador único es Aarón Talavera Mejía, vecino del agente, en la colonia San Pedro Xalpa, quien inscribió en su propia casa el domicilio fiscal de la empresa.
Otra pariente del mismo policía, de nombre Sandibel Gallardo Gallardo, es quien firmó con el gobierno chihuahuense un contrato por 55 millones de pesos a nombre de SAMEX SA de CV, por concepto de un curso para cinco mil 600 padres de familia de alumnos de preescolar y primaria, el cual jamás se impartió. La apoderada de esta empresa reside en una humilde vivienda del barrio San Antonio Xahuento, en el municipio de Tultepec, Estado de México. Mientras que el domicilio fiscal de la empresa, registrado ante el SAT, está en la casa del policía, en Azcapotzalco.
Por último, Despacho de Profesionistas Futura, que recibió 90 millones de pesos del gobierno de César Duarte para diseñar e implementar un software para agilizar trámites, tiene como administradora a María de Lourdes Gallardo Carrillo, también emparentada con el agente.
Las cuatro empresas fueron reportadas desde enero de 2017 por el SAT como presuntamente fantasma, por haber incurrido en supuesta simulación de operaciones.
Otros parientes del policía también aparecen como accionistas de más empresas fantasma a través de las cuales supuestamente transitó el dinero desviado en Chihuahua.
Su hermana Santa Saliano González aparece como administradora de Comercializadora Sinex y de Publicidad Recrea SA de CV, ésta última también boletinada por el SAT.
Mientras que en Constructora Franfeca y en Comercializadora Vezcu SA de CV aparece como administrador Jonathan Jesús Saliano Gallardo, ambas reportadas por el SAT como presuntamente fantasma.
Sandibel Gallardo, quien firmó un contrato con el gobierno de Chihuahua a favor de SAMEX, es también administradora de Novanight SA de CV.
El propio José Juan Saliano González también aparece como accionista de otras dos empresas: Despacho de Profesionistas Faga y Comercializadora Fing SA de CV.
Esta red fue creada el mismo día, el 18 de agosto de 2015 en la Ciudad de México, ante la una notaría de Coyoacán.
De acuerdo con la indagatoria de MCCI, entre las personas a las que supuestamente les fueron transferidos los recursos se encuentran Ernesto Fernández de Mora y Maximiliano Benítez Montoya, quienes eran compañeros de Saliano González en el Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM).
Esta corporación fue creada durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México y desde entonces brinda como una empresa privada de seguridad. Hasta la fecha, los contratos de dicha corporación se han multiplicado.
En 2015, el Senado formalizó una petición para indagar al CUSAEM ante sospechas de actos de corrupción pues en los primeros del sexenio del presidente Peña, los contratos gubernamentales sumaban dos mil millones de pesos por adjudicación directa.
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