Todavía sin conocer los alcances de la eventual reforma educativa que presente al Congreso de la Unión el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, en el Senado y en la Cámara de Diputados ya hay ocho propuestas sobre la mesa en la materia.

Las propuestas legislativas van desde la derogación completa de la reforma constitucional en materia educativa y sus leyes secundarias, la cancelación de la evaluación docente, la eliminación de los “elementos punitivos” de esta legislación, hasta la reinstalación de maestros que fueron suspendidos por faltar a clase.

En la Cámara alta, las iniciativas o puntos de acuerdo sobre ese tema han sido tres desde el inicio de la 64 Legislatura y del periodo ordinario de sesiones, el 1 de septiembre, y han corrido a cargo del grupo parlamentario de Morena.

Sin cumplirse un mes del trabajo parlamentario en el Congreso, las propuestas legislativas en la Cámara de Diputados para derogar o modificar este ordenamiento insigne del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto suman cinco: tres de la bancada de Morena, uno de la fracción parlamentaria del PRD y uno de los diputados federales del PT.

Llama la atención la propuesta del exlíder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y diputado federal de Morena, Iran Santiago Manuel, quien en la sesión del 6 de septiembre en San Lázaro presentó un punto de acuerdo para emplazar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) a suspender de forma inmediata e indefinida la evaluación magisterial, contemplada en la Ley del Servicio Profesional Docente.

Los instrumentos legislativos para dar marcha atrás a la reforma educativa arrancaron desde el 4 de septiembre, luego de que el grupo parlamentario del PRD en San Lázaro presentó una iniciativa para reformar el Artículo 3 de la Constitución, en donde se propone eliminar del texto constitucional “cualquier relación que tenga la evaluación con la permanencia en el empleo del trabajador de la educación”.

Para la sesión del 11 de septiembre, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, que comanda Mario Delgado, presentó un punto de acuerdo –aprobado en el pleno de San Lázaro por la mayoría morenista y sus aliados– que emplaza a la SEP, el INEE y en particular a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, así como a las autoridades educativas de todas las entidades federativas, a “suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio contra los maestros”.

Dos días después, el 13 de septiembre, la bancada de Morena en el Senado hizo lo propio, luego de que el presidente de ese órgano legislativo, Martí Batres, presentó una iniciativa que propone derogar la vinculación de la evaluación a los docentes con su permanencia y promoción en el empleo.

Ese mismo día, la senadora de Morena Blanca Estela Piña Gudiño presentó un punto de acuerdo para suspender la evaluación docente programada del 3 al 25 de noviembre del presente año, así como todo proceso de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de las y los maestros.

Mientras, en la Cámara de Diputados, la legisladora Idalia Reyes Miguel, de Morena, también presentó un punto de acuerdo para exhortar a la SEP y a la Secretaría del Trabajo a “proceder a la reinstalación inmediata de los profesores que fueron cesados de manera unilateral en el contexto de la evaluación educativa”.