O al menos eso dicen los números: por cada 100 casos de asesinato, solo en cinco se condena a un responsable.

Si solo nos concentráramos en encontrar a quienes cometieron homicidios entre 2010 y 2016, nos tardaríamos 124 años en hacerlo, porque a ese ritmo trabaja el sistema de justicia mexicano.

Peor aún, entre más autoridades participen en encontrar al homicida, menos posibilidades hay de resolver el crimen.

El policía preventivo, el primero en llegar a la escena del crimen, no sabe ni siquiera resguardar el cuerpo o el lugar. Poco se le puede pedir cuando miles de ellos ganan menos de dos mil 500 pesos al mes.

El policía de investigación, que en otros países es un detective capacitado, solo conoce la tortura como herramienta de investigación.

El forense apila cuerpos en la calle y acumula muestras de ADN que ni siquiera tiene en dónde procesar.

El ministerio público se encarga de pedir dinero para acelerar un caso.

Y los funcionarios que están en la parte más alta de la pirámide gastan millones en aparatos de última tecnología, que terminan arrumbados, o usan a los policías de investigación como choferes.

Al final, la familia de la víctima debe aceptar que la justicia no llegará nunca, que el crimen de su hija, su padre, su esposa, su hermano quedará impune… salvo que haga su propia investigación o pague.

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Animal Político revisó cómo funciona cada eslabón en la investigación de un homicidio.

¿Cuánto gana cada policía? ¿Qué herramientas tienen para investigar? ¿Cómo trabaja con los fiscales? ¿Qué hacen los peritos? ¿Cómo llegan los casos al juez?

Publicamos cada día dos textos: la versión de la autoridad y el calvario de las víctimas.

La conclusión es clara. Lejos del glamour de las series policiacas, en México se mata porque se puede. Y a la cárcel llegan los inocentes que tuvieron la “mala suerte” de toparse con un judicial urgido de detener a alguien, o los culpables que fueron tan descuidados que un fiscal se topó con ellos.