Nota del editor: Aunque el total de las irregularidades aquí mostradas suman poco más de 790 millones de pesos, el faltante hasta el 16 de julio es de 776 millones, pues la dependencia alcanzó a solventar observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y algunos montos fueron recuperados.

El gobierno del municipio de Matamoros, Tamaulipas, administró mal y de manera poco transparente 776 millones 530 mil pesos destinados a infraestructura y seguridad durante 2016, de acuerdo con cinco revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Esta cantidad permanece, hasta el 16 de julio, sin recuperar o comprobar.

De acuerdo con el ranking ¿Fuiste Tú?, se trató del octavo desvío más grande de recursos federales cometidos por un gobierno o dependencia, de acuerdo con la revisión de la cuenta pública 2016 de la ASF.

Leticia Salazar Vázquez ocupó la presidencia municipal de Matamoros, Tamaulipas, de octubre de 2013 a septiembre de 2016.

De poco más de 942 millones de pesos auditados en esta administración, hay más de 776 que faltan por comprobar a julio de 2016. Pero Salazar Velázquez presumió, tras dejar el cargo, que dejaba finanzas “100 % sanas”.

Las irregularidades fueron detectadas en fondos y partidas federales que debían atender temas como la pavimentación de calles, electrificación, rehabilitación de espacios educativos y alcantarillado; el cumplimiento de las obligaciones financieras; la modernización de los sistemas de recaudación locales; proporcionar agua potable o la capacitación de policías.

Aunque su sucesor y actual alcalde de Matamoros, Jesús de la Garza Díaz del Guante, no tiene responsabilidad en los desvíos mencionados, tiene un par de señalamientos por el subejercicio de dos de estos fondos que aún no han sido aclarados. Sin embargo no atendió a la solicitud de entrevista para conocer el desahogo de estas investigaciones.

Las irregularidades

De acuerdo con la ASF, se detectaron 5 irregularidades en el manejo de los recursos

que debían destinarse al cumplimiento de obligaciones financieras, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura y hasta en la seguridad de sus habitantes.

• El mayor desvío detectado en las cinco auditorías fue por 504 millones de pesos provenientes de Participaciones Federales a Entidades Federativas, según el informe publicado en octubre de 2017. El gobierno de Matamoros no pudo comprobar el ejercicio y destino del dinero correspondiente al periodo del 5 de enero al 30 de septiembre de 2016. Los sistemas de control interno fueron calificados por la ASF como de bajo estatus.
• Además, identificó pagos superiores a los establecidos en el tabulador autorizado tras revisar una muestra de 50 expedientes del personal, donde siete trabajadores obtuvieron pagos por más de 70.4 mil pesos, con recursos de las participaciones federales al municipio.

• La misma administración, en ese entonces encabezada por Leticia Salazar Vázquez, no comprobó el ejercicio y destino de poco más de 251.9 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) correspondientes al periodo del 2 de febrero al 30 de septiembre de 2016, según el informe de la auditoría publicado en octubre de 2017.

• El Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), del que se utilizaron de forma irregular 17.7 millones de pesos, según el informe publicado en junio de 2017, pues tampoco se presentó la documentación que compruebe el ejercicio y destino de los recursos, que en este caso tienen la finalidad de generar infraestructura, como la pavimentación de calles, alumbrado, drenaje y alcantarillado, así como la construcción, rehabilitación y remodelación de espacios públicos.

• En el programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), subsidio que se otorga a los municipios en temas de seguridad y está enfocado en la capacitación y mejora de las policías en las localidades, se detectó un daño por 16.6 millones de pesos.  De acuerdo con la revisión al contrato SESEP/152/2016, por más de 14 millones de pesos, se verificó que las autoridades locales no contaban con el estándar establecido para los sistemas de video vigilancia, y que incluso se comprobó que dicho sistema no se encuentra en operación. Incluso, detalló la revisión, diversos bienes con un costo de 368 mil pesos no se localizaron físicamente. Ni siquiera el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo (C4) proporcionó evidencia del número de inventario ni los resguardos correspondientes, según la auditoría. Tampoco presentó la documentación que compruebe el ejercicio y destino de más dedos millones de pesos del FORTASEG, correspondiente al periodo del 27 de abril al 30 de septiembre de 2016.

Como parte de sus conclusiones, la ASF destacó que además de no presentar la documentación necesaria, la alcaldía de Matamoros no mostró evidencia “de haber hecho del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos del fondo, ni dio conocimiento de los resultados alcanzados al término del ejercicio”.

Determinó que el municipio dio prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y “otros requerimientos”, pero que solo el 13.9 % de los recursos del FORTAMUNDF se destinaron a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública, pese a que la norma indica que se debe destinar al menos el 20 %.

¿En qué pudo gastarse el dinero desviado?

¿Cómo afectó este posible fraude a los ciudadanos de Matamoros? Solo en seguridad, más de tres mil policías habrían sido contratados en el municipio con el dinero que falta por comprobar. Esto equivale a duplicar el número de elementos por cada mil familias en Tamaulipas, de 4 a 8 elementos por cada mil familias, de acuerdo con datos. Este es el estado con menos policías por habitante.

Con ese dinero faltante también se pudo alimentar durante tres años y medio a cada trabajador que gana hasta un salario mínimo en Matamoros, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el precio de la canasta alimentaria.