«Los procedimientos permitirán deslindar las presuntas responsabilidades de servidores públicos y determinar los perjuicios causados a Pemex», indicó la SFP.
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La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este domingo sobre el inicio de procedimientos de responsabilidades a servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex), por presuntas irregularidades en la compra de dos plantas de fertilizantes, operaciones que resultaron ser uno de sus peores negocios, ya que solo dejaron pérdidas.
El anuncio de la SFP sobre estos procedimientos se da año después de la compra de las plantas.
“En un primer caso, la SFP inició el procedimiento de responsabilidades a un ex servidor público de la empresa productiva del Estado, que participó en la adquisición presuntamente irregular de una planta de Grupo Fertinal, S.A. de C.V., en el año 2015″, indicó Función Pública.
“La Unidad de Responsabilidades en Pemex abrió una investigación a raíz de una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como de información de otras fuentes”, agregó.
El presunto responsable, detalló, “fue citado a procedimiento, mediante emplazamiento a la audiencia de ley, en el que le harán saber las conductas que se le imputan y, en defensa de sus derechos constitucionales, le darán el debido acceso a su legítima defensa”.
En el segundo caso, continuó el comunicado, “la SFP, a través de la Unidad de Responsabilidades en Pemex, inició procedimiento administrativo disciplinario a servidores públicos que presuntamente generaron un daño a Pemex, en relación con la compra de activos de la planta Agro Nitrogenados.
El procedimiento deriva de la investigación que la Unidad inició, en noviembre de 2016, derivada de denuncias ciudadanas, de los medios de comunicación, así como de determinaciones de la ASF y del Congreso de la Unión.
En diciembre de 2013, los servidores públicos avalaron un contrato de compraventa por un precio de 273 millones de dólares, con diversas empresas que fueron parte de Altos Hornos de México. Adicionalmente, la empresa productiva del Estado ha invertido más de 480 millones de dólares en la rehabilitación de la planta”.
Los procedimientos iniciados continuarán, aseguró Función Pública, a fin de deslindar responsabilidades y determinar los perjuicios que las operaciones causaron a Pemex Fertilizantes, empresa productiva subsidiaria del Estado, y a Petróleos Mexicanos.
En el comunicado no se detallaron de los nombres de los funcionarios que son presuntos responsables.
