Presentan en Pleno 24 iniciativas contra corrupción, sobre financiamiento a partidos políticos y extinción de Conasami

Diputados de distintos grupos parlamentarias presentaron 24 iniciativas en materia de anticorrupción, financiamiento de partidos políticos, protección civil, salario mínimo, cultura, así como para la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la extinción y supleción de la Conasami, y la expedición de la Ley General de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental, entre otras.

Considerar subejercicio de recursos como falta administrativa

El diputado Carol Antonio Altamirano (Morena) planteó adicionar el artículo 64 bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de considerar el subejercicio de recursos públicos como falta administrativa.

Indicó que es una “ofensa acompañada de discrecionalidad”, que los servidores públicos no ejerzan los montos que se les asignan, ya que significa tener el dinero y no cumplir los objetivos.

En su propuesta, turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para su dictamen, el legislador estimó indispensable imponer sanciones para quienes realicen acciones u omisiones con el fin de incumplir las metas anuales de sus presupuestos.

Beneficios fiscales en servicios educativos

José Martín López Cisneros, diputado del PAN, propuso la adición del artículo 151 a la Ley de Impuesto Sobre la Renta, con el objetivo de incorporar estímulos fiscales sobre los gastos de servicios educativos.

Apuntó que la reforma, enviada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, plantea actualizar en función de la inflación y cada 3 años los montos de deducibilidad, para que no se afecten esos apoyos tributarios.

“Se busca respaldar aún más a las familias que destinan gran parte de sus ingresos para la educación de alguno de sus integrantes. “Esta iniciativa representa una oportunidad para ayudar a los alumnos de escuelas privadas a que tengan reconocimiento de validez oficial en sus estudios”.

Propone PRI crear Buró Nacional del Funcionario Público

La diputada María Alemán Muñoz Castillo (PRI) presentó una iniciativa que reforma los artículos 49 y 50 bis de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), a fin de crear el Buró Nacional del Funcionario Público.

La legisladora subrayó que ese sistema pondría al alcance de la población el historial de desempeño de los servidores públicos. El objetivo es que a través de su actualización permanente e integración a la plataforma digital del SNA, se mejoren conductas e incentiven buenas prácticas entre los trabajadores gubernamentales.

Con el buró de funcionarios, dijo, “el PRI hace una autocrítica y se declara listo para atender el descontento social que ha generado la corrupción. Ese mal le cuesta a México, 2 puntos porcentuales del PIB, y es un grave obstáculo para lograr legitimidad de las instituciones”. La iniciativa se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Eliminar financiamiento público a partidos políticos

El diputado Héctor Villegas González (PES) planteó modificar el artículo 41 de la Constitución Política, con el objetivo de eliminar el financiamiento público de partidos políticos y éste se sujete exclusivamente a recursos privados.

Con esta propuesta, enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen, se generarían ahorros por más de 4 mil millones de pesos, además de “legitimar la actividad de los partidos y de la clase política”.

Se busca regular puntualmente la obtención de recursos a través del Instituto Nacional Electoral, así como fomentar el autofinanciamiento de los partidos, para disminuir significativamente el “desproporcionado costo de operación de nuestro sistema electoral”, apuntó.

Semáforo nutrimental en alimentos y bebidas no alcohólicas

El diputado José Luis Montalvo Luna (PT) presentó iniciativa que reformas a los artículos 212 de la Ley General de Salud y 251 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de establecer un semáforo nutrimental en las etiquetas de alimentos y bebidas no alcohólicas.

También plantea utilizar parte de los tiempos oficiales del Estado en los medios de comunicación, para campañas informativas permanentes sobre el etiquetado. “Estamos ante una problemática que no permite la indiferencia; el sobrepeso y la obesidad cobran la vida de 2.8 millones de personas en el mundo cada año”, comentó el legislador.

La intención es sustituir la etiqueta de información nutrimental por un semáforo más fácil de comprender por toda la población. “Las guías diarias de alimentación son poco comprensibles, por eso es necesario que envases y empaques contengan un sistema gráfico con colores”. La iniciativa se envió a las Comisiones de Salud, y de Radio y Televisión para su dictamen.

Proponen crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya (PT) propuso reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de la Policía Federal, a fin de crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Administración Pública Federal.

Plantea que las atribuciones y la labor de la nueva Secretaría encargada del ramo, respondan a un nuevo enfoque para la atención del rubro de seguridad, bajo la perspectiva de la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos.

“La próxima administración federal recibirá un país bañado en la sangre de las más de 105 mil personas ejecutadas en los últimos seis años, un país señalado por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, con más de seis mil secuestros, 32 extorsiones y 23 personas extraviadas o desaparecidas”, subrayó el legislador. Fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública para su dictamen.

Plantean Ley General de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental

La diputada de MC, Martha Angélica Zamudio Macias, propuso una iniciativa que abroga la Ley General de Comunicación Social y expide la Ley General de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental, con el propósito de prohibir el uso discrecional de recursos públicos destinados para propaganda o promoción de cualquier servicio público y sean utilizados.

La reforma crea un nuevo Instituto Nacional de Comunicación de Publicidad Gubernamental integradao por un comisionado representante del Comité de Participación Ciudadana, fija máximos de gastos de publicidad de un 0.15 por ciento del presupuesto asignado, prohíbe las reasignaciones y ampliaciones a las partidas de comunicación social y publicidad gubernamental, y establece criterios de máxima transparencia en la aplicación del gasto y contratos en la materia, entre otras acciones.

“La actual administración federal ha sobrepasado por mucho lo aprobado en la Cámara de Diputados en el rubro de publicidad, pues de 2013 a 2015 hubo un sobrejercicio, pasando de 15 mil millones de pesos 36 mil 261 millones, lo que equivale a un incremento del 71.86 por ciento más de lo presupuestado; mientras, Salud y Educación sufrieron recortes en el mismo periodo”, lamentó la diputada. Se mandó a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Proponen sustituir a la Conasami por un órgano autónomo

Del PRD, la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora presentó una iniciativa que reforma el artículo 123 constitucional para sustituir a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) por el Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, organismo dotado de autonomía técnica, dedicado de una forma profesional a analizar los diversos factores que intervienen en la determinación de un salario constitucional.

La legisladora explicó que nuestra Constitución señala que la Conasami será la encargada de determinar la suficiencia de los salarios mínimos junto con representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno; sin embargo, dicho organismo “no ha dado los resultados que se esperaban, pues ha funcionado más como un instrumento de política económica, que como una institución laboral”.

“Desde hace tiempo hemos insistido en que se requiere una nueva política salarial, donde realmente se establezcan estructuras de igualdad y equidad en el país. Hemos dicho en esta tribuna que debemos alcanzar un gran acuerdo nacional político, económico y social, para la recuperación de los salarios, en especial de los trabajadores menos favorecidos”. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Proponen eliminar requisito de seis meses de matrimonio para acceder a pensión por viudez

Beatriz Manrique Guevara (PVEM) propuso una iniciativa que deroga la fracción I del artículo 132 de la Ley del Seguro Social, y deroga la fracción I del artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de eliminar el requisito que establece estar al menos seis meses casado para tener derecho a la pensión por viudez.

“Consideramos que esta limitante no tiene razón de ser, ya que establece un trato distinto a los beneficiarios de la pensión al brindar seguridad social condicionada a requisitos desiguales arbitrarios y subjetivos, pues el plazo de seis meses que instaura no es ni siquiera legalmente justificado, porque se soslaya que la muerte constituye un hecho fortuito”, expuso Manrique Guevara.

Asimismo, continuó, se contraviene lo establecido en el artículo 1º constitucional, debido a que dichas condiciones violan los derechos humanos de igualdad, equidad y seguridad social al restringir de manera indebida los derechos de las personas miembros de las familias y beneficiarios. Se envió a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

Fortalecer programas de nutrición materno-infantil

La diputada Carmen Medel Palma (Morena) propuso que sean materia de salubridad general los programas nutricionales para las madres y sus hijos desde el embarazo, en el periodo de lactancia y hasta los primeros dos años de vida del menor, para impulsar una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad desde temprana edad y combatir el sobrepeso y obesidad infantil, particularmente, mediante el desarrollo del programa de nutrición materno-infantil en pueblos y comunidades indígenas.

Mediante una iniciativa de reformas a la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Juan Martínez Flores, propone modificar la fracción IV Bis del artículo 3, la fracción segunda del artículo 64, el párrafo primero del artículo 64 bis y adiciona una fracción VII al artículo 61.

En el documento, turnado a la Comisión de Salud, pide incluir la entrega gratuita de alimentos y/o suplementos, tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno-infantil. Propone que las Redes de Apoyo a la Salud Materno-Infantil operen en pueblos y comunidades indígenas, “que es donde se requiere más apoyo”, para facilitar el acceso a las mujeres embarazadas a información sobre la prestación de servicios de atención médica en esta materia.

Derecho a guarderías para hijos de trabajadores

La diputada Dulce Alejandra García Morlan (PAN) planteó reformas a la Ley del Seguro Social en sus artículos 201 y 205 para garantizar los servicios de guardería tanto a la mujer como al hombre trabajador inscrito al IMSS. “Con ello estaríamos abonando a la inclusión de mujeres y hombres al ámbito laboral en igualdad de condiciones”.

Al presentar su propuesta, remitida a la Comisión de Seguridad Social, señaló que la asignación de roles sociales a mujeres y hombres constituyen un obstáculo en el desarrollo profesional de las mujeres y “limitan enormemente las opciones laborales de las mexicanas, pues se sigue pensando que el cuidado es tarea exclusiva de un solo género”.

A pesar de los avances en materia de género, la brecha de desigualdad aún no se acota y en el plano laboral, menos de la mitad de las mexicanas en edad productiva participan. “Casi dos terceras partes de las mexicanas que trabajan lo hacen en la informalidad, con salarios muy bajos y sin protección social”.

Deducir al 100 por ciento prestaciones sociales

El diputado Isaías González Cuevas (PRI) presentó una iniciativa para eliminar la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y lograr la deducibilidad al 100 por ciento de los gastos de previsión social que las empresas realizan para beneficio de las y los trabajadores.

Explicó que la deducibilidad de este tipo de gastos, llamada previsión social, que ganan los trabajadores como parte de su remuneración total y que estaba considerada antes de la reforma fiscal, era una forma eficaz con que las empresas apoyaban los salarios de los trabajadores.

“Me refiero a los vales de despensa, apoyo al transporte, becas escolares, guarderías, fomento al deporte, gastos funerarios, certificación laboral, entre otros, beneficiando directamente a miles de trabajadoras y trabajadores del país que contaban con estos beneficios antes de la modificación de 2014” y desde entonces los trabajadores han visto disminuidas sus prestaciones contractuales. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Combatir violencia y delincuencia desde la familia

El diputado Ernesto Vargas Contreras (PES) presentó iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, para que se incluya a la familia como un ámbito de la prevención social, de la violencia y la delincuencia.

Destacó la importancia de fortalecer el enfoque preventivo, pues en México la atención se ha centrado en el combate a la violencia y la delincuencia “lo que ha generado elevadísimos costos sociales… y el problema sigue creciendo, no solamente en tamaño, también en nuevas formas de maldad”.

En tal virtud, es indispensable fomentar la cohesión y el bienestar de la familia, también como motor de desarrollo y productora de futuros integrantes de la sociedad mexicana. La iniciativa turnada a la comisión de Gobernación, contempla reformas a los artículos 1, 6, 15, 17, 19, 20, 27, 28 y adicionar un artículo 10 Bis a dicho ordenamiento.

Consejero del INE con perfil migrante

A la Comisión de Gobernación se canalizó iniciativa de la diputada Pilar Lozano Mac Donald (MC), que adiciona los artículos 36 y 38 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el propósito de que uno de los diez consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), tenga perfil migrante.

Para ello, deberá acreditar residencia en alguna ciudad con importante presencia de migrantes mexicanos, en los últimos 5 años como mínimo; gozar de buena reputación, contar con el reconocimiento de la comunidad mexicana migrante y, haber presidido o pertenecido a un club o federación de migrantes que le respalde, así como tener trabajo probado a favor de la población migrante.

Con la designación del consejero electoral migrante, “saldaremos parte de la deuda histórica que como sociedad tenemos con el otro México que vive en la distancia, trabaja permanentemente y contribuye con millones de dólares al sostenimiento de la economía del país”.

Crear Instituto Nacional de Protección Civil

Del PRD, la diputada Mónica Bautista Rodríguez planteó reformar diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a efecto de sustituir la denominación de Coordinación Nacional por el de Instituto Nacional de Protección Civil.

El modelo de Coordinación Nacional como unidad administrativa reactiva de la Secretaría de Gobernación, debe dar paso a un nuevo, a partir de la creación del Instituto como un órgano administrativo desconcentrado de la misma dependencia, encargado de la gestión, operación y ejecución de las políticas públicas en esta materia.

Tal organismo será el ente rector de la política nacional en Protección Civil y reducción del riesgo de desastres, teniendo como objetivo central el fortalecimiento y consolidación del Sistema Nacional, a partir de los objetivos mundiales y los principios rectores acordados por la comunidad internacional para garantizar la responsabilidad primordial de los Estados en la prevención y reducción del riesgo de desastres. Se mandó a la Comisión de Protección Civil.

Establecer el 2 de noviembre como día de descanso obligatorio

Roberto Antonio Rubio Montejo, diputado del PVEM, presentó iniciativa para reformar el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, con la intención de establecer como día de descanso obligatorio el 2 de noviembre y así resguardar la celebración del Día de Muertos.

Se busca fortalecer los valores y la identidad, así como fomentar lazos afectivos en las familias y garantizar la protección del patrimonio cultural inmaterial que representa la celebración del Día de Muertos. Además, habría una derrama económica adicional por la activación del turismo interno en los diferentes destinos.

Conservar las tradiciones, dijo, es un reto que enfrentan las naciones como consecuencia de los procesos de globalización a que han sido sometidas en las últimas décadas y que ponen en riesgo su identidad cultural y la cohesión social que hay entre la población. Fue enviada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Cambiar criterios para determinar salario mínimo

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro (Morena) propuso reformar los artículos 85, 90 y 94 de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de modificar criterios para determinar el monto del salario mínimo.

Para fijar su importe se deberá considerar el costo de una canasta básica alimentaria y de servicios básicos, los hábitos, composición y costumbres de las familias, los cambios en la productividad, así como la capacidad de las empresas y de las unidades económicas y, establecer que la fijación del importe deberá realizarse cuando menos cada 6 meses.

Con esta medida se precisa que el ingreso mínimo de un trabajador será suficiente para adquirir, al menos, estos satisfactores. El costo de la canasta alimentaria y no alimentaria, que calculó Coneval, para junio de 2018, es de 2 mil 958.36 pesos mensuales por persona, es decir, 97.31 pesos al día. Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Establecer Padrón Único de Beneficiarios de Programas Sociales

Ana Paola López Birlain, diputada del PAN, planteó reformas a las leyes General de Desarrollo Social, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya intención es establecer el Padrón Único de Beneficiarios de Programas Sociales.

El padrón deberá contener el perfil económico de los beneficiarios; la adscripción será requisito indispensable para los subsidios y prestaciones de los programas de desarrollo social. Las dependencias y entidades que tengan a su cargo programas de desarrollo social deberán remitir a la Secretaría de la Función Pública una relación de los programas a su cargo, misma que deberá incluir el tipo de beneficiario, zona geográfica y normatividad aplicable.

Además, la Secretaría de Desarrollo Social deberá generar convenios con los estados y municipios para que los programas sociales se otorguen con base en la información del Padrón, a fin de evitar duplicidades, ampliar las coberturas y, estipular que toda la información concerniente se procesará en plataformas tecnológicas compatibles que permitan la consulta pública de la información. Se envió a las comisiones unidas de Desarrollo Social y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Reformas a Ley de ISR en relación con horas extras

El diputado Fernando de las Fuentes Hernández (PRI) presentó iniciativa que adiciona el artículo 96 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, para establecer que todos los trabajadores cuyos salarios sean menores a 10 mil pesos, no les sea incrementada la retención cuando obtengan más ingresos a partir de laborar horas extras.

Se busca beneficiar a los empleados asalariados, con la finalidad de que tengan condiciones legales necesarias para elevar su línea de bienestar mínimo, ya que actualmente son más trabajadores que necesitan laborar tiempo extraordinario, incluso más allá del tope de las 9 horas impuesto en el artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo, permitiéndoles alcanzar mayores percepciones económicas a las que regularmente tendrían únicamente con la jornada laboral de 8 horas.

Relató que los trabajadores que se encuentran en esos rangos de salario o dentro de los cinco superiores establecidos en la tabla del segundo párrafo del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, llegan a laborar jornadas hasta de 16 horas diarias, con una carga fiscal que resulta desproporcionada. Se canalizó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Proponen que asociaciones religiosas puedan brindar certeza jurídica a sus potenciales donantes

La diputada Claudia Báez Ruiz (PES) presentó una iniciativa para reformar el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para incluir a las asociaciones religiosas entre las personas morales, con fines no lucrativos, autorizadas para recibir donativos deducibles.

La iniciativa, suscrita por los integrantes del PES, resalta la importancia de que las personas, organizaciones, agrupaciones o asociaciones, que tengan como objeto o fin principal el fomento de la asistencia social en cualquiera de sus vertientes, puedan ser retribuidas, auxiliadas o compensadas de igual forma por el gobierno de México, sin ningún tipo de sesgo discriminatorio, particularmente por pertenecer o adscribirse a una religión o confesión determinada.

Por ello, indica, se busca que las asociaciones religiosas tengan la posibilidad de brindar certeza jurídica a sus potenciales donantes, lo que propiciaría una mayor percepción para sus obras de asistencia social, con la posibilidad de aplicar los donativos deducibles que reciba a otras actividades adicionales contenidas en su acta constitutiva o estatutos. Se mandó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Establecer que el Presidente de la República asista al Congreso a presentar Informe de Gobierno

La diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) expuso una iniciativa para modificar los artículos 69 de la Constitución Política y 12 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, a fin de establecer que en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, asista el presidente de la República y presente un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.

La propuesta, también suscrita por el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT), precisa que el presidente de la República presentará ante el Congreso de la Unión el informe del estado general que guarda la administración pública, haciendo uso de la voz hasta por 60 minutos, y el presidente de la Cámara de Diputados lo recibirá en términos generales, haciendo uso de la voz hasta por 15 minutos.

El documento resalta que la incomparecencia del Presidente ante el Congreso de la Unión ha distanciado a estos dos poderes, obstaculizando la colaboración entre ellos. El Informe, aclara, no es sólo protocolo, sino reviste un acto de la vida democrática, en la cual el Poder Legislativo puede tener el conocimiento e interpelar sobre el estado que guarda la administración pública, con lo cual se busca evitar los posibles excesos del presidente de la República. Se canalizó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Adecuar Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal con desindexación del salario mínimo

Por MC, el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar planteó cambios a los artículos 66, 74 y 74 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el propósito de adecuar el mandato de desindexar el salario mínimo como unidad, base, referencia, para determinar las sanciones.

La iniciativa, remitida a la Comisión de Transportes, refiere que actualmente se tienen multas por infracciones cometidas a leyes y reglamentos, en donde todavía se indica que el salario mínimo es la referencia para establecer los montos pecuniarios de las sanciones.

Por ello, consideró oportuno realizar las modificaciones a fin de evitar cualquier tipo de confusión que se pudiera dar en torno a la interpretación de dicha Ley y que el ciudadano cuente con mayor certeza al momento de conocer la norma, ya que el pasado 26 de diciembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial, “sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal”.

Abrogar Ley de Seguridad Interior

La diputada Claudia Reyes Montiel (PRD) presentó una iniciativa que abroga la Ley de Seguridad Interior, al considerar que es una norma “absolutamente inconstitucional” y que viola diversos artículos de la Carta Magna.

La propuesta, suscrita también por diputados del PRD, subraya que esta ley normaliza la actividad militar en tareas de seguridad pública. “Su utilización en tales tareas en el combate a grupos criminales ha traído como consecuencia graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo casos acreditados de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en contra de la población civil”.

El documento, turnado a la Comisión de Gobernación, señala que debe valorarse expedir una legislación diferente que permita regular el uso de la fuerza, coordinar las tareas de inteligencia e investigación, obligar a la transparencia y dotar de seguridad a las y los ciudadanos frente a la actuación de las fuerzas armadas.

Contratación consolidada de insumos y servicios del IMSS e ISSSTE debe ser obligatoria

En tanto, el diputado Jesús Carlos Vidal Peniche (PVEM) propuso modificar el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a fin de que sea obligatoria la contratación consolidada de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE).

La iniciativa, remitida a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, considera necesario incluir en la ley la obligación de adquirir insumos y servicios por contratación consolidada, a fin de combatir la corrupción y el desabasto de medicamentos en el IMSS y el ISSSTE.

Resalta que este grupo parlamentario ha trabajado constantemente por la mejora de las condiciones de atención de la salud de los mexicanos, sobre todo en cuanto a la solución del problema de desabasto de medicamentos en las instituciones de salud pública, como consecuencia de diversos factores que impiden a los pacientes adquirir sus medicinas, siendo uno de ellos la opacidad de quienes las adquieren y los tratos con los distribuidores.

Comunicaciones

En la sesión, se recibió iniciativa del senador Ismael García Cabeza de Vaca (PAN) que reforma y adiciona la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el propósito de reducir este gravamen de 16 a 8 por ciento en las zonas fronterizas.

Para ello, se va a considerar región fronteriza, además de la franja de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los municipios cuya superficie parcial se encuentre dentro de esos kilómetros. El documento fue enviado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.